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- Venezuela es uno de los países con mayor incidencia de esclavitud moderna, de acuerdo con un informe de la organización Walk free
Kelly Zambrano tenía 19 años de edad cuando le ofrecieron una tentadora oferta: ganar dos mil dólares como camarera en un hotel en Trinidad y Tobago. Para ensalzar la propuesta, le dijeron que no tenía que pagar pasaje hacia la isla caribeña. Solo le pidieron que se maquillara y arreglara “para unas fotos”.
Partió en un bote con 36 personas, en su mayoría mujeres, el pasado 23 de abril. No sabía que se convertiría en una de las miles de víctimas venezolanas de tráfico de personas.
Historias como la de Kelly se han vuelto parte de la cotidianidad del venezolano, y este 23 de septiembre, Día Mundial en Contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, desde El Diario hemos hecho una recopilación de datos sobre la situación de este flagelo en el mundo y el país.
Un día necesario
Establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en el año 1999, el Día Mundial en Contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas se trata de uno de tantos esfuerzos internacionales por lograr erradicar la compra venta y explotación de niños, niñas, adolescentes y adultos.
Junto al referido día, se estableció, en el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por Kofi Annan, que en ese entonces fungía como secretario general del organismo multilateral, con el siguiente argumento: “Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos a que hacen frente las Naciones Unidas en la actualidad”.
Se trata de una actividad ilegal que va en incremento cada año, debido en parte a que se ha convertido en una industria muy lucrativa. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2011, el tráfico ilegal de personas generaba, aproximadamente 32 mil millones de dólares. Para el año 2018, la cifra aumentó a 150.2 mil millones de dólares.
Estimaciones provenientes del tráfico de personas
La referida organización ha informado que aproximadamente 40.2 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna. De dicha cifra, alrededor de 4.8 millones de personas han sido víctimas de explotación sexual.
Se trata de una realidad compleja que se ha desarrollado en Venezuela paralelamente al recrudecimiento de la crisis humanitaria que azota a la nación.
Problemática local
En medio de una emergencia humanitaria compleja, situación denunciada desde el Parlamento de Venezuela y que fue ratificada por la Organización de las Naciones Unidas en el más reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la trata y explotación de personas en el país va en alza.
De acuerdo con un informe publicado por la fundación Walk Free en el año 2018, aproximadamente 174.000 sufren de esclavitud moderna en territorio venezolano, convirtiendo al país en uno de los territorios con mayor incidencia del fenómeno de América Latina.
Carlos Trapani, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), señaló recientemente que incluso algunos padres y representantes ofrecen a sus hijos a trabajos esclavizantes a cambio de comida.
“El hambre hace que cada vez sea más frecuentes que padres ofrezcan a sus hijas a la explotación y el trabajo, a cambio de manutención y comida”, advirtió Trapani.
Agregó además que los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del país no cuentan, a su juicio, con los programas y mecanismos de prevención necesarios para reducir este tipo de delitos. “En materia de aplicación de la justicia son muy débiles”, explicó.
La problemática del tráfico de personas alcanza también a los pueblos indígenas de Venezuela.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), indicó que las mujeres indígenas en estados como Bolívar y Amazonas son sometidas a distintas formas de violencia como la prostitución, trata de mujeres para las minas, trabajos de semi-esclavas, migración forzada, feminicidios y embarazos adolescentes.
Pero son los venezolanos migrantes los que están más expuestos a la amenaza de tráfico y explotación sexual. Se trata de más de 4.3 millones de personas, según cifras de las Naciones Unidas, las que han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. Y la mayoría de ellos sale del territorio nacional con nada más que esperanza como equipaje.
En medio del mayor éxodo de América Latina, la comisión de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado casos de tráfico ilegal de venezolanos.
“Mi oficina”, indica el reporte de Michelle Bachelet, “ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados”.
El organismo multilateral ha informado que, entre 2013 y 2018, ocurrieron 422 casos de víctimas de trata de venezolanos en Colombia, un país que ya alberga más de un millón de migrantes criollos.
Mujeres y niños, que cruzan inhóspitos y peligrosos caminos ilegales -conocidos como trochas- hacia Colombia, son los más propensos a ser captados por redes criminales colombianas. Muchos son obligados a realizar actos sexuales para poder transitar al país neogranadino.
Con todo, cruzar la frontera no es garantía de un futuro mejor. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó el pasado 24 de julio que 28 niños venezolanos fueron rescatados por las autoridades policiales luego de que se les obligara a mendigar en Bucaramanga.
Más allá de Colombia, hacia Ecuador, asociaciones civiles ecuatorianas e internacionales han advertido un incremento del número de víctimas venezolanas de tráfico y explotación sexual.
Las organizaciones no gubernamentales han acotado que el tráfico de venezolano tiene relación con las condiciones económicas y sociales de las distintas olas migratorias.
“Agencias y organizaciones de ayuda que trabajan en la frontera de Colombia y Ecuador notaron que la primera ola migratoria de Venezuela estaba compuesta en su mayoría por hombres relativamente bien educados, con ingresos altos. Los sucesivos movimientos migratorios están compuestos por personas con menos recursos, que tienen menor nivel educativo y muestran tener mayores necesidades protección; incluyendo madres solteras, mujeres embarazadas y adolescentes”, indica un reporte de las Naciones Unidas.
La migración hacia el Caribe tampoco está exenta de riesgos.
El caso de Kelly Zambrano, una joven de 19 años de edad proveniente del estado Táchira que fue presuntamente secuestrada por piratas de Trinidad y Tobago, es una muestra de ello. Se han registrado, de hecho, casos de venezolanas en la isla que han acudido a las autoridades para denunciar su situación y han recibido, como respuesta, golpizas por parte de los organismos policiales.
Informes de la ONU indicaron que la totalidad de las víctimas de tráfico de personas durante el año 2018 en Trinidad y Tobago fueron, de hecho, venezolanas.
Pese a que el fenómeno se recrudeció a partir de este año, con los naufragios de embarcaciones en los que murieron más de 50 personas, fuentes de Insight Crimes señalan que el tráfico de venezolanos a Trinidad y Tobago se basa en una red de negocios establecida desde hace aproximadamente 15 años, en la que están involucradas incluso autoridades trinitarias y venezolanas.
Fuera del continente americano, los venezolanos también han sido blancos del crimen organizado.
Conocido fue el caso de Mariana Pares, Miss Venezuela Internacional en el año 2016, que fue detenida en Austria por presuntamente haber participado en una red de tráfico de personas. Las autoridades austríacas señalaron que la mujer hacía “falsas promesas de trabajo en Viena, prometiendo elevados ingresos y rápida regularización”.
Otro caso similar, aunque de menor revuelo mediático, es el de un transexual venezolano que dirigía una red de tráfico sexual en España, específicamente en las provincias de Madrid y Barcelona. Las víctimas -también transexuales- eran engañadas para llegar a territorio español y luego obligadas a realizar actos sexuales sin consentimiento mientras estaban bajo efectos de drogas, así lo indicaron las autoridades policiales.
Mucho por hacer
Desde Venezuela, las organizaciones civiles, ante el silencio y la falta de cifras oficiales por parte del régimen de Nicolás Maduro, se han unificado para poder sistematizar las dimensiones del tráfico de venezolanos dentro y fuera del país.
De dichos esfuerzos ha nacido El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela, que han exigido al Estado venezolano que cumpla con sus obligaciones de defensa de las personas vulnerables y prevención de víctimas, además de la protección de la identidad de los afectados por la trata de personas.
Organismos multilaterales también han emitido recomendaciones a los países receptores del éxodo venezolano para poder mitigar el alcance de la trata de personas. Las Naciones Unidas, por ejemplo, han instado a los gobiernos regionales a que adopten medidas de regularización del estatus legal de los venezolanos.
Pese a estas recomendaciones, muchos connacionales siguen a la deriva. Abandonados por las autoridades, que tampoco poseen recursos para atender apropiadamente la migración.
