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- Actualmente más de 40.000 venezolanos viven en Trinidad y Tobago. Aunque más de 7.000 han solicitado asilo o estatus de refugiado, el gobierno solo ha otorgado 93 permisos de permanencia en esa nación. El resto de la población migrante venezolana sigue expuesta al arresto si trabajan sin permiso o no poseen la documentación pertinente
María López* estuvo detenida durante varias semanas en un calabozo de Trinidad y Tobago. Conserva intactos sus recuerdos: el sabor del pan con cebolla en las mañanas, las noches tirada en el suelo, sin cobija y vestida con un uniforme anaranjado; el metódico proceso de cuidar las botellas de agua que recogían en las tuberías los días que salían a las canchas, porque la bebida no está incluida en el “menú” del lugar.
Relata que hay más de un centenar de venezolanos en los calabozos esperando para ser enviados de vuelta a su país.
Las denuncias de venezolanos detenidos en el exterior no cesan. Por el contrario, el fenómeno sigue encendiendo las alarmas en Latinoamérica y buena parte del Caribe. Y así lo denuncian los más de 100 venezolanos que señalan haber sido coaccionados por autoridades migratorias de Trinidad y Tobago para solicitar — de manera obligada — su deportación voluntaria.
Un grupo de venezolanas retenidas en el país caribeño por delitos migratorios afirman que en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC por sus siglas en inglés) se encuentran totalmente aisladas. Las ciudadanas también informan que existe retardo procesal y supuesta extorsión en sus casos. Solo les conceden una llamada mensual a sus familiares, de 15 minutos de duración. No se les permite salir de sus celdas, ni siquiera al comedor, por lo que deben alimentarse tras los barrotes en condiciones de insalubridad.
La migración en la isla caribeña hace que las autoridades trinitarias aceleren aún más la deportación de venezolanos ilegales en el país. En los últimos meses ha crecido el número de redadas policiales en fábricas, almacenes y restaurantes que emplean a personas indocumentadas. De hecho, cuando los venezolanos ven de lejos un uniforme, su mayor temor es que se trate de un miembro del IDC.
José Antonio Oropeza, abogado y magíster en Derechos Humanos, señaló para El Diario que el gobierno de ese país no tiene capacidad para albergar a una gran cantidad de venezolanos, por lo que advierte que muchos ciudadanos se encuentran en grave estado de vulnerabilidad y en riesgo de que se violenten sus derechos humanos, incluso sin haber incurrido en delito migratorio.
Muchos venezolanos han emigrado a la isla caribeña debido su cercanía y su fácil acceso a través de embarcaciones ilegales, viajes clandestinos que son cuidadosamente organizados al margen de la ley.
“Trinidad y Tobago jamás pensó que iba a sufrir los embates de una de las migraciones forzadas más importantes del mundo. El gobierno de ese país jamás experimentó un flujo migratorio que lo llevara a tomar medidas y capacitarse para el manejo de esta situación de vulnerabilidad. El flujo migratorio también trae como consecuencia un problema de salud pública, pues no se sabe en qué situación física se encuentran las personas porque no gozan de atención médica”, explicó.
El abogado sostiene que las autoridades carcelarias extorsionan a las ciudadanas venezolanas que entraron ilegalmente a la isla, quienes ahora se encuentran en calabozos inhóspitos que no fueron diseñados para albergar a tantas personas.
“Las autoridades carcelarias han solicitado favores sexuales a las mujeres para poder brindarle acceso a utensilios de primera necesidad. Es importante destacar que debido a que no podemos ingresar a las cárceles, no hemos podido recibir las denuncias tipificadas. Sin embargo, hemos recibido denuncias de distintas islas del Caribe donde a los detenidos solo se les permite 15 minutos de comunicación telefónica con sus familiares un día en específico al mes, y también son sometidos a presión psicológica”, agregó Oropeza.
El magíster en Derechos Humanos indicó que organizaciones internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no han podido ingresar a las cárceles y centros de reclusión para constatar el estado de los ciudadanos al depender del gobierno trinitario. En su lugar, Oropeza denuncia que se han efectuado deportaciones “voluntarias” generadas por la presión psicológica implementada por las autoridades migratorias contra los venezolanos.
Asimismo señaló que la ONU solicita a los Estados miembros que faciliten a los refugiados formas de acceso al territorio de acogida, la entrega de documentación oficial y protección a los derechos básicos, además de la no deportación al país de origen, en este caso Venezuela.
“Los venezolanos no están teniendo acceso a la justicia. Los migrantes deben entender que cometieron un error al ingresar a Trinidad y Tobago, y a partir de ahí deben solicitar, bajo el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, la deportación voluntaria. A mi juicio, esa es una práctica sistemática en el Caribe debido a la magnitud del flujo migratorio proveniente de Venezuela”, añadió el abogado.
Cárcel y hambre
En abril de 2018 Trinidad y Tobago deportó a 82 venezolanos, entre ellos algunos que habían solicitado asilo. En ese entonces, Acnur manifestó su “grave preocupación” y pidió al país que “respetara sus obligaciones internacionales”. Desde entonces, Trinidad y Tobago ha calificado de “voluntarias” la mayoría de sus deportaciones.
A pesar de esto, el gobierno caribeño reportó que en septiembre del año pasado había 118 personas en el Centro de Detención de Inmigración, en Puerto España. 75% de ellas entró al país ilegalmente, y la mayoría era venezolana.
Living Water Community, organización sin fines de lucro que trabaja con la ONU para inscribir a los solicitantes de asilo, tampoco tiene acceso al centro de detención trinitario desde el año 2014.
El diputado de la Asamblea Nacional Carlos Valero denunció que 103 venezolanos siguen encarcelados en Trinidad y Tobago, a pesar de tener sus papeles en regla y haber pagado multas por supuesto ingreso irregular a ese país.
Debido a que las autoridades isleñas no dan respuestas sobre la excarcelación, los migrantes venezolanos detenidos — 36 mujeres y 69 hombres — decidieron comenzar una huelga de hambre. Es el caso de un hombre que lleva cinco meses detenido en el IDC y que fue operado de una gastritis severa, pero que no ha recibido mayores medidas de atención.
El parlamentario también denunció el caso de Tomás Fernández, un venezolano de 60 años de edad, quien pagó la fianza y las multas impuestas, y además tiene los documentos para solicitar al gobierno de Trinidad regularizar su situación en ese país, pero que aún se mantiene detenido en ese centro de reclusión.
Andrea Rodríguez* es una venezolana que emigró a la isla en una embarcación ilegal y trabajó también de forma ilegal en una finca, hasta que uno de los obreros la denunció ante las autoridades. Estuvo detenida durante tres meses bajo el cargo de entrar ilegalmente al país, y allí tuvo que compartir su celda con asesinos y traficantes de droga. “Es un lugar brutal y desagradable donde no debe estar ningún ser humano”, recuerda Rodríguez.
Medidas ante esta situación
El abogado José Antonio Oropeza indicó que cuando una persona se involucra en un delito de migración, lo primero que debe hacer es ubicar una oficina de alguna organización internacional de derechos humanos. De igual modo, señaló que una persona que se encuentre en situación de ilegalidad, debe buscar asesoría legal para regularizar su estatus jurídico.
“El venezolano tiene que recordar que ha violentado una ley de un gobierno local. No obstante, las personas tienen derechos que deben ser respetados por las autoridades migratorias. También es importante que puedan comunicarse con organizaciones sin fines de lucro de venezolanos para orientarse sobre qué puede hacer y qué no”, sostuvo el magíster.
Actualmente más de 40.000 venezolanos viven en Trinidad y Tobago. Muchos de ellos ingresaron al país de forma ilegal, sin ningún tipo de documentación. Aunque más de 7.000 han solicitado asilo o estatus de refugiado, el gobierno solo ha otorgado 93 permisos de permanencia en esa nación. El resto de la población migrantes venezolana sigue expuesta al arresto si trabajan sin permiso o no poseen la documentación pertinente.
Los gobiernos caribeños han optado por implementar nuevas medidas migratorias debido a la oleada de venezolanos. De acuerdo con las cifras más recientes de la ONU, en Curazao 16% de la población es venezolana; en Aruba, los venezolanos suman 15% de la población, y en Trinidad y Tobago, representan 3%.
A pesar de este escenario, el legislador trinitario Rodney Charles dijo que el gobierno de la isla tiene un profundo conflicto. Trinidad está a menos de 24 kilómetros de Venezuela y mantiene fuertes lazos económicos con el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que Charles señala que hay temores de que si Trinidad reconoce abiertamente los casos de asilo y refugio, “va a alienar al gobierno de Maduro”.
A medida que aumenta el éxodo venezolano, las naciones de la región endurecen sus controles migratorios, no exentos de violaciones a los derechos humanos. Es por ello que quienes emigran a Trinidad y Tobago dicen sentirse atrapados en un lugar donde quizá tienen derecho a existir, pero no a vivir plenamente, porque temen ser arrestados o deportados cada vez que salen de sus viviendas.
