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- Una de las naciones más prósperas y aparentemente estables de la región ahora atraviesa una implosión social en la que gran parte de la población se ve afectada. Hasta el momento, de acuerdo con la Fiscalía del país, se han registrado 15 muertos y 5.485 detenidos. Expertos explicaron para El Diario de Caracas que esta es una situación compleja que puede demorar mucho en estabilizarse
Sebastián Piñera calcula sus palabras. Cada tanto hace gestos con sus manos, que se reencuentran en el centro de su cuerpo a cada dos frases. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”, dice con firmeza el presidente chileno en una rueda de prensa. Le acompaña un funcionario militar.Sin embargo, días después, cambió. Su actitud es otra.
Mientras tanto, en las calles, miles de ciudadanos participan en violentas manifestaciones en contra de las fuerzas policiales. Estas protestas se han convertido en las más graves en la historia de Chile, desde las ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las voces más alarmantes ya hablan del inicio de una guerra civil.
Todo empezó el pasado 4 de octubre, un viernes. El Panel de Expertos, un ente técnico y autónomo chileno con la potestad de fijar las tarifas del sistema de transporte en la capital, informó del incremento del pasaje de servicios de autobuses, metro y tren central en Santiago de Chile. Las razones que dio la comisión para justificar el alza fueron la variación del precio del petróleo diésel y el aumento en el costo de la mano de obra, entre otros factores.
De 800 pesos chilenos, el boleto de metro pasaría a costar 830. Una diferencia de 0.041 centavos de dólar. Las nuevas tasas no afectarían a estudiantes ni adultos mayores y solo serían aplicadas en horas pico, de acuerdo con información del Panel de Expertos.
Sin embargo, tres días después de que fijaran las nuevas tarifas, cientos de jóvenes del Instituto Nacional corrían intranquilos, enojados y en tropel por las calles de Santiago de Chile rumbo a las estaciones del subterráneo, intentando colarse en el metro sin pagar para desobedecer las nuevas tasas establecidas por la comisión. Los muchachos no pedían permiso a nadie. Tropezaban, gritaban y saltaban los torniquetes ignorando regaños de adultos, haciendo caso omiso a las autoridades. Había empezado la “Evasión total”.
La respuesta de los ciudadanos estuvo dividida desde el inicio entre quienes apoyaron las manifestaciones de desobediencia de los jóvenes alumnos y los que rechazaban los actos calificándolos de vandálicos.
“¡Vamos, conche’ tu madre!”, coreaban los jóvenes al cuarto día de evasión, y ya al quinto día autoridades chilenas empezaron a cerrar las estaciones de metro. Para el 14 de octubre, cinco estaciones fueron clausuradas debido a las manifestaciones y los jóvenes empezaron a forzar las rejas que prohibían el paso.
Entretanto, los Carabineros de Chile, policía encargada de mantener el orden, salieron a las calles.
Se desató la violencia. Torniquetes destruidos y vidrios rotos. A través de su cuenta de Twitter la empresa repudió los destrozos ocurridos dentro de las instalaciones del subterráneo, mientras difundieron imágenes de lo sucedido.
Pese a ello, el Sindicato de Trabajadores del Metro de Santiago reconoció la molestia generada por el aumento de las tarifas. “El problema es el alza del pasaje. Uno podrá o no compartir las formas, pero sí compartimos absolutamente la legitimidad de la demanda en contra del alza de los pasajes del Transantiago”, dijo Eric Campos, presidente de la organización, y rechazó la presencia de Carabineros en las estaciones.
La noche del pasado 17 de octubre, el subsecretario del Ministerio de Interior, Rodrigo Ubillal, afirmó a los medios televisivos que la “evasión” de los controles del subterráneo por parte de los estudiantes suponía un atentado en contra de la seguridad y la propiedad privada, y se refirió a los manifestantes como “hordas”.
“Hay una decisión que ya está establecida”, dijo Gloria Hutt, ministra de Transportes, para reafirmar el incremento de los pasajes. No estaba dispuesta a dar marcha atrás.
En los días siguientes se exacerbó el conflicto. Las redes sociales se llenaron de imágenes de vagones de trenes incendiados. La humareda invadía las estaciones de transporte subterráneo, las bombas lacrimógenas se esparcían por las calles de Santiago, con cientos de encapuchados arremetiendo en contra de los Carabineros. La sangre empezaba a derramarse en el asfalto de la capital.
“Con humildad escucho la voz de mis compatriotas y no tendré miedo a escuchar esa voz, porque así se construyen las democracias”, dijo Sebastián Piñera en una rueda de prensa el 19 de octubre. En esa oportunidad, el presidente suspendió el incremento de las tarifas para intentar calmar la tormenta. Pero eso no bastó y las declaraciones se mancharon del tinte bélico que estaba sembrado en la ciudad.
El siguiente discurso público de Piñera fue más beligerante. “Estamos en guerra contra un enemigo (…) que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”, dijo el 20 de octubre luego de que se registraron actos vandálicos.
Pero la polarización llegó a las altas esferas del Estado en Chile. El jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, cuestionó la aseveración de Piñera y dijo que “no estaba en guerra con nadie”.
Acto seguido se decretó el Estado de Emergencia y el toque de queda en las provincias de Santiago y Chacabuco, medida que luego fue extendida a varias regiones del país. Desde la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado chileno no había recurrido a una acción de ese tipo.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que para el 21 de octubre se habían registrado un total de 110 saqueos a supermercados en el país y cerca de 350 actos de violencia en el territorio nacional. Para ese momento habían ocurrido 14 incendios y 50 funcionarios resultaron heridos.
“Hay 50 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas lesionados y tres civiles fallecidos durante la noche (20 de octubre). Dos de ellos por hallazgo de cuerpos calcinados en incendios en Construmart y uno por impacto balístico en Coquimbo’’, expresó el ministro este lunes desde el Palacio de La Moneda.
Louis de Grange, presidente del metro, señaló que los daños a las estaciones del sistema de transporte superan los 300 millones de dólares. “El diagnóstico es muy doloroso. Es muy probable que unas líneas estén paralizadas por semanas y la línea 4 y 4A podrían estar meses sin funcionar“, dijo.
La Fiscalía de Chile anunció este martes que, producto de las manifestaciones y los disturbios, se han registrado 15 muertos y 5.485 detenidos, de los cuales 1.642 fueron privados de libertad este 22 de octubre.
A las puertas de un conflicto civil
Analistas indican que el aumento de la tarifa del metro es solo la gota que colmó el vaso del descontento, pese a que se trata del país con el ingreso per cápita más alto de la región, con una tasa de inflación de 3% anual y que ha logrado una reducción sostenida de la pobreza en los últimos años, de acuerdo con estadísticas oficiales y de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe.
Al mismo tiempo, el coeficiente Gini de las Naciones Unidas, que mide el nivel de distribución de los ingresos, indica que Chile es también uno de los países con mayor desigualdad de salarios de la región, con una cifra de 0.45.
Sergio Bitar, ex ministro de Educación de Chile, aseguró para El Diario de Caracas que la situación fue “completamente inesperada” y que el gobierno debe actuar en dos líneas paralelas: la del restablecimiento del orden público y la de entender el fenómeno que ha conmocionado las calles chilenas.
“Se debe comprender que se trata de una explosión que tiene su origen en fenómenos acumulados, que requieren de un diálogo social que Chile tiene muy escasamente”, explicó.
Entre las causas del conflicto que menciona Bitar se encuentran los salarios restringidos que devenga la mayoría de la población, los altos costos de los medicamentos y las bajas pensiones. El pasaje del metro, dijo, es una circunstancia que no hubiese causado esta conmoción de no haber existido las referidas condiciones.
“La democracia hay que cuidarla a diario. Hay conciencia creciente de la desigualdad, y debemos encarar la situación con más programas sociales que resuelvan la situación. Sin eso, nuestra democracia siempre va a estar amenazada”, agregó.
El ex ministro de Educación aseguró que el gobierno de Piñera “es bastante elitista, distante de la vida cotidiana de la gente” y que la oposición “no ha acertado ante la situación”. “Tenemos que unirnos para actuar en torno a un plan nuevo de reorientación de la economía chilena”.
Aseveró que grupos organizados han aprovechado la coyuntura para promover acciones vandálicas: “Existe, quizá, una organización tal vez anarquista que está debilitando el aparato público y dañando el patrimonio de millones de chilenos. Estos grupos tienen más base en gobiernos de derecha”.
Por su parte, Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor venezolano de Estudios Políticos de la Universidad Austral de Chile, explicó para El Diario de Caracas que los sectores de extrema izquierda del país están exigiendo la renuncia de Piñera.
“En los sectores más a la izquierda predomina la sensación de que la centroizquierda, al preferir las vías institucionales, no está dando respuesta a estos reclamos populares y que por ende se justifican ‘acciones directas’”, relata.
“La centroizquierda”, acotó, “se ha mostrado crítica de las políticas del gobierno, pero en general su posición menos frontal se ha visto un tanto opacada por la irrupción del Frente Amplio — coalición de izquierda — . Algunas de las principales propuestas de la izquierda en este momento tienen que ver con la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas y con establecer la gratuidad total de la educación superior”.
Para Meucci existe la posibilidad de que los grupos organizados hayan estado en contacto con el chavismo, pero se abstiene de afirmarlo debido a la falta de pruebas.
“Una parte de estos grupos puede perfectamente estar en contacto y recibir apoyo de aliados foráneos, sobre todo en tiempos de globalización. Se sabe además que Estados revolucionarios (orientados a propiciar cambios de régimen en otros países), como Cuba y Venezuela, han tratado de desarrollar y manipular redes de este tipo. De modo que ciertamente puede existir esa posibilidad, aunque sería imposible afirmarlo de modo rotundo mientras no se cuente con evidencias concretas”, señaló.
De acuerdo con Bitar, el madurismo no está involucrado en las protestas, y remite la responsabilidad de los picos de violencia en las manifestaciones a los referidos grupos anarquistas.
“Este no será un fenómeno fácil de cortar”, aseveró tajante Sergio Bitar. Sus palabras tienen asidero en la realidad, pues el toque de queda se ha extendido en varias regiones y, hasta la fecha, se mantiene y con ello la posibilidad de que el conflicto siga escalando.
Futuro incierto
Barricadas en las avenidas, edificios incendiados en Chile. Las provincias empezaban a levantarse, y un mensaje de voz se filtró entre la gente.
“Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, dice la nota de audio con ingenuidad y temor. El rumor indicaba que se trataba de una grabación de la esposa del presidente Piñera, Cecilia Caminos. La Primera Dama luego vendría a confirmar las sospechas a través de su cuenta de Twitter la tarde de este martes.
“Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, dice Caminos en la nota de voz. Presagio de lo que sucedería.
Durante la noche del 22 de octubre las autoridades chilenas reaccionaron de manera inesperada ante el conflicto. Piñera, nuevamente ante las cámaras, pidió perdón a los chilenos por su “falta de visión” y propuso una “agenda social de reformas” para calmar el descontento de la población.
“Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, expresó el presidente durante un mensaje televisivo. Horas antes se habría reunido con la oposición.
Entre las medidas anunciadas que dictó el Ejecutivo está el incremento del salario mínimo de 301.000 a 350.000 pesos chilenos (equivalente a unos US$480). Agregó un aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario, que se aproxima a los 200.000 pesos chilenos.
En salud, le solicitó al Congreso discutir un proyecto para la creación de un Seguro de Enfermedades Catastróficas, aunado a un seguro que permita cubrir los gastos de medicamentos.
En el área de servicios anuló el aumento reciente de 9.2% de las tarifas implementadas en el precio a la electricidad. Además anunció que se destinarán 300 millones de dólares para la reconstrucción del metro.
“Esta agenda social no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos. Pero será un aporte necesario y significativo para mejorar su calidad de vida, y muy especialmente la de los sectores más vulnerables y la clase media, con especial prioridad por los niños, las mujeres y los adultos mayores”, expresó el mandatario.
Pese al pronunciamiento del presidente, el Estado de Emergencia continúa. “Como presidente es mi deber levantar los estados de emergencia cuando tenga seguridades que el orden público, la seguridad ciudadana y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados”.
