- La inclusión al texto del artículo 77 de la Constitución asoma la negativa del Parlamento de abrir la puerta a la discusión del matrimonio igualitario. Organizaciones y movimientos sociales piden que sea modificado. La diputada Tamara Adrián explicó a El Diario por qué el acuerdo fue aprobado pese a sufrir cambios en un punto tan importante. Foto: AFP
Para la comunidad LGBTIQ+ el acuerdo discutido por la Asamblea Nacional (AN) en el que reconocen que dicha población es más vulnerable a la crisis que ha originado el Covid-19 no se trató de un simple texto. Su aprobación dejó entrever –una vez más–la posición arcaica de la legislatura venezolana en relación con estas personas. El documento reavivó las críticas. Mientras Latinoamérica avanza en pro de garantizar los derechos de este segmento de la población, el país del “socialismo del siglo XXI”, sumido en problemas básicos, se aleja e ignora discutir los temas del «primer mundo».
Todo comenzó con una propuesta de la diputada a la Asamblea Nacional Tamara Adrián, la primera parlamentaria transgénero del continente que ha fungido como una portavoz de la comunidad, aunque sin los respaldos necesarios es poco lo que ha podido hacer por ellos dentro del Palacio Federal Legislativo.
La diputada Adrián– haciéndose eco de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a los países miembros (Venezuela incluida)– pidió sumar al orden día el pasado martes 19 de mayo un texto sobre cómo la pandemia por Covid-19 está afectando a la comunidad LGBTIQ+ de manera diferenciada y agravada.
El texto fue aceptado por los parlamentarios, quienes realizan las sesiones de la AN a través de Zoom dada la medida de distanciamiento social decretada por los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus de Wuhan.
Sin embargo, en el camino a su aprobación el acuerdo sufrió una modificación. La bancada de Primero Justicia (PJ) hizo un ajuste suscribiendo que aceptaba el texto pero: «sin perjuicio de lo establecido en el Art. 77 de la CRBV”, el cual establece el reconocimiento del Estado al matrimonio entre hombre y mujer.
Artículo 77 de la Constitución Nacional
El cambio fue recibido con profundo rechazo por la comunidad y los organismos defensores de derechos humanos, para quienes este tipo de acciones solo buscan obstaculizar la materialización de progresividad en los derechos LGBTIQ+. Entre ellos la posibilidad del reconocimiento al matrimonio igualitario.
En exclusiva para El Diario, la diputada Tamara Adrián explicó lo que estuvo detrás de la aprobación de este documento y por qué se efectuó con este cambio que marca una posición radical frente a esta parte de la población.
La comunicación falló
La diputada Adrián no se ha escapado de padecer las fallas en la conexión a Internet. Mientras responde la llamada telefónica, comenta que ha sido un problema constante desde que inició el confinamiento. Todo un reto pues su trabajo amerita estar constantemente conectada a servicios como el de Zoom.
Precisamente por esas fallas se enteró de la modificación del acuerdo sobre la pandemia y los LGBTIQ+ luego de su publicación. Comenta que sintió molestia por el cambio que señala la postura “lamentable” de unos cuantos, no de toda la bancada de Primero Justicia, pues asegura que hay parlamentarios de la tolda aurinegra comprometidos con los derechos y la igualdad.
Se refiere a diputadas como Dinorah Figuera, quien reconoció que hay diferencia entre los partidos respecto a estos temas pero aclaró que buena parte de Primero Justicia ha acompañado la lucha por la igualdad.
Adrian tenía conocimiento de que PJ pedía una modificación en el acuerdo, pero asegura, nunca estuvo al tanto de que se trataba de la inclusión del artículo 77 de la Constitución en lugar del llamado al cumplimiento de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte CIDH, la cual estaba detallada en el texto original.
La parlamentaria reconoce que este tipo de hechos vienen a recordar la poca atención que el Estado venezolano ha dado a la comunidad LGBTIQ+. Recuerda que los impedimentos para que se discutan los derechos de esta parte de la población vienen desde la aprobación de la Constitución de 1999, donde se establece como válido el matrimonio entre hombre y mujer.
A esta lista de trabas, la diputada Adrián agrega la sentencia 190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2008. En el texto se cuestionó los artículos 21 y 77 de la Constitución, que refiere la igualdad y el matrimonio entre hombre y mujer, respectivamente. En dicho caso el tribunal decidió declarar que no había violación del principio de igualdad,
“La política del chavismo nos ha impedido durante estos 20 años hablar de los temas del siglo XXI, temas que son desarrollo e inclusión. Si tú no promueves eso lo que hay es miseria (..) Una de las mayores causas de exclusión son los prejuicios homofóbicos porque niegan derechos al estudio, trabajo y al libre tránsito. Eso impacta en la vida de las personas y también en el desarrollo económico” detalla la diputada.
A estas violaciones también se suma la decisión del año 2014 de la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) de no debatir el proyecto de matrimonio igualitario. Se trata de ruta repleta de trabas que siguen apareciendo.
Pero no solo el Estado venezolano se ha encargado de invisibilizar a estas personas. El Plan País que prepara el gobierno interino presidido por Juan Guaidó, para atender diversas áreas una vez se retorne a la democracia, los ha excluido – hasta ahora– de cualquier planificación.
“El Plan País invisibiliza a las poblaciones vulnerables. En eso estamos trabajando ahora. La gente que elabora el plan de salud, de educación, es totalmente ciega desde el punto de vista del género” afirma.
Jau Ramírez, director del Movimiento Somos, coincide en que la falta de atención a la comunidad por parte del Estado es total. Sin embargo, lo que más le preocupa es que en los planes de un nuevo gobierno siguen sin ser tomados en cuenta. Tal y como se ha podido corroborar con el Plan País respaldado por el Parlamento nacional.
Para Ramírez hay pasividad en torno al tema de los derechos LGBTIQ+ en ambos bandos. Recuerda que la AN de 2014 vetó la discusión del matrimonio igualitario, pero sostiene que el Parlamento elegido en 2015 (de mayoría opositora) tampoco ha discutido el tema.
Jau Ramírez considera que la legislación venezolana tiene cuentas pendientes con la comunidad que él defiende. Lamenta que haya un retraso tan grave en estos temas al tiempo en que países tan cercanos como Colombia ya muestran avances significativos de cara a legalizar los derechos de la comunidad.
Sobre el acuerdo de la AN recién aprobado, el director del Movimiento Somos dice que es una muestra más del nulo interés hacia los LGBTIQ+. Para él la solución pasa porque el Parlamento retome el documento original, se discuta nuevamente y sea aprobado tal y como exhortaba la CIDH al inicio.
Su pedido es el mismo que ya transmitió al resto de las fracciones la diputada Tamara Adrián. Hasta ahora no se conoce si se efectuará dicha modificación en el acuerdo.
Pese a las trabas, el joven afirma que “tarde o temprano” se van a comenzar a reconocer estos derechos en el país. Por ahora, los Poderes públicos tienen en sus manos la decisión de en qué bando jugar.
“Es imposible frenar el curso de la historia. Los derechos civiles de la población LGTB se van a aprobar tarde o temprano. Están decidiendo (los políticos) en un momento histórico asumir una posición de silencio, haciendo cálculos políticos con el tema. En un momento donde ese silencio cuesta derechos, cuesta vidas, sentencia.
Ramírez se refiere así a la falta de políticas para su comunidad en esta emergencia por el Covid-19. Ya organismos como la CIDH, Unicef y Naciones Unidas han alertado que se trata de una de las poblaciones más vulnerables en este contexto de alarma sanitaria. No solo al momento de acceder al sistema de salud, sino por la vulneración laboral que sufren ahora que hay un decreto de confinamiento en la mayoría de los países.
Reavivar el debate
Tamara Adrián cree que situaciones como la del acuerdo de la AN, además de generar indignación, deben motivar a la comunidad a organizarse y exigir a los diputados que comiencen a discutir los temas que afectan a las personas LGBTIQ+.
Por este mismo plan apuesta Jau Ramírez, que defiende junto a Movimiento Somos, organización que preside, los derechos de los LGBTIQ+. Una comunidad que asegura ha sido muy vulnerada en Venezuela. Irónicamente esto sucede en momentos en los que en otros país, gays, bixesuales y trans reciben el reconocimiento que por derecho les corresponde.
Jau sueña con el día en que los derechos de todos se hagan valer, donde realmente haya igualdad y se incluya a esta población en espacios tan fundamentales como las estadísticas oficiales, por ejemplo.
“No aparecemos en ninguna cifra oficial. O bueno sí, aparecemos en una: el Programa Nacional del VIH Sida. Esa es la mirada que tiene el Estado de nosotros”, finaliza.
