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- En El Diario hicimos una recopilación de los miembros de la oposición nacional que, impedidos por la Contraloría General de la República, no pueden ejercer funciones estatales ni participar en comicios electorales
Una de las últimas discusiones públicas en el seno de la oposición venezolana se dio el lunes 31 de agosto, cuando el activista político Yon Goicoechea asomó la posibilidad de que Henrique Capriles, excandidato presidencial, se separara del llamado del gobierno interino de Juan Guaidó a la unidad y a la no participación en los comicios electorales el próximo 6 de diciembre.
Y es que la posición pública de Henrique Capriles ha tomado preponderancia en los últimos días, cuando emitió un comunicado en el que instaba a plantear una ruta concreta que no consistiera únicamente “en la abstención y en la resignación”.
En 2017 la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó políticamente a Capriles debido a presuntos hechos de corrupción durante sus funciones como gobernador en el estado Miranda en 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013.
Dicha inhabilitación está vigente, pues Capriles fue sancionado por 15 años. Y no es el único. La trayectoria de muchos políticos de oposición durante, régimen de Nicolás Maduro, se vio truncada por la CGR.
En El Diario hicimos una recopilación de las inhabilitaciones políticas más emblemáticas que han ocurrido en los últimos años.
Caso María Corina Machado
En julio de 2015 la CGR inhabilitó a la dirigente del movimiento político opositor Vente Venezuela, María Corina Machado. La sanción tendría una duración de 12 meses e implicó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
De acuerdo con la notificación de la CGR, institución afín al régimen de Nicolás Maduro, la inhabilitación ocurrió debido a que Corina Machado había “aceptado el cargo de ‘embajadora alterna’ de Panamá ante la Organización de Estados Americanos durante el gobierno el expresidente Ricardo Martinelli”.
Y la inhabilitación ocurrió a meses de las elecciones parlamentarias en las que la oposición venezolana obtuvo un triunfo masivo.
Caso Antonio Ledezma
Previo a su labor en el exilio, el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma estaba cautivo en Venezuela. Primero, en el Centro de Procesados Militares en Ramo Verde. Luego en su hogar, del que huyó hacia Colombia en octubre de 2017 como forma de escapar de la persecución del régimen de Maduro.
Su captura se efectuó cuando cumplía funciones como alcalde de Caracas. El 19 de febrero de 2015, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo aprehendieron en su oficina.
El régimen de Maduro aseguró en ese momento que Ledezma formaba parte de un presunto intento de golpe de Estado, conocido como la “Operación Jericó”.
En 2019 la CGR inhabilitó a Ledezma por 15 años. Amoroso aseguró que el dirigente político disidente en el exilio había “falseado información que presentó en su declaración jurada de patrimonio”.
Caso Leopoldo López
El líder del partido Voluntad Popular fue inhabilitado durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez.
En 2008, la CGR le impuso a Leopoldo López una inhabilitación para asumir cargos públicos por seis años. Argumentaron que el dirigente opositor había incurrido en presuntas irregularidades administrativas mientras ejercía funciones como alcalde del municipio Chacao, en el estado Miranda.
Cuando se venció su inhabilitación, jo detuvieron en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2014.
Caso Pablo Pérez
La CGR inhabilitó al exgobernador del estado Zulia por el partido Un Nuevo Tiempo, Pablo Pérez, en 2015.
La sanción impuesta fue de 10 años sin la posibilidad de ejercer cargos públicos y la contraloría argumentó que el servidor público opositor habría violado el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal.
Caso Ramón Muchacho
El pasado 5 de junio la CGR inabilitó a Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao, por 15 años por la CGR.
La medida también fue extensiva a Jhonnathan Marín, exalcalde del municipio Guanta, ubicado en el estado Anzoátegui.
El entonces contralor Elvis Amoroso aseguró que la institución investigó “hechos irregulares” en varias alcaldías del país, entre las que se incluyeron las de Chacao y Guanta.
Muchacho tenía orden de captura por parte del Ministerio Público. La misma fue solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia, que lo encontró culpable de no haber mantenido el orden público durante las protestas antigubermanetales del año 2017.
Caso Enzo Scarano
El 17 de julio de 2015 el Tribunal Supremo (TSJ) de Justicia inhabilitó al exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio “Enzo” Scarano para ejercer cargos públicos por un lapso de doce meses.
Posteriormente, en el año 2017, la CGR declaró la “responsabilidad administrativa” de Scarano y lo inhabilitó por un período de 15 años.
Pese a que la decisión del TSJ cesó en el año 2018, la CGR ratificó la inhabilitación.
Caso Juan Guaidó
El presidente interino de Venezuela fue inhabilitado por la CGR en el año 2019 por un período de 15 años.
Las razones que esgrimió el contralor Elvis Amoroso eran que Guaidó había “usurpado funciones públicas y acciones con gobiernos extranjeros que perjudicaron al pueblo de Venezuela y su patrimonio público”.
Amoroso explicó además que Guaidó “no había justificado” los costos de sus viajes, estimados en un costo de boletería “superior a los 310 millones de bolívares”.
Otras inhabilitaciones
La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y su esposo, Germán Ferrer, quien militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron inhabilitados por un período de 15 años por la CGR.
La medida se efectuó en julio de 2019 y fue extensiva a los diputados Julio Borges, quien ejerce funciones en el exilio para el gobierno interino de Juan Guaidó; y Tomás Guanipa, quien ahora es embajador del gobierno interino en Colombia luego de la renuncia de Humberto Calderón Berti.
Con el indulto otorgado por el régimen a varios presos políticos y diputados, la opinión pública se pregunta si se iniciará un proceso de levantamiento de las inhabilitaciones políticas en el país.
