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- La Conarepol establecía un sistema policial civil que no contemplaba la militarización de sus funciones y que garantizaba el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica la realidad fue otra
El año 2006 estuvo marcado por sucesos trágicos que sentaron un precedente en la situación delictiva de Venezuela, reflejaron la corrupción existente en los cuerpos de seguridad del Estado y su relación con hechos criminales. El 4 de abril de ese año se conoció el asesinato de los Faddoul, tres hermanos adolescentes y su chofer, cuyos cuerpos fueron encontrados después de 34 días de cautiverio. El 28 de marzo de ese año trascendió también el secuestro y asesinato del empresario italo-venezolano, Filippo Sindoni, dueño de empresas alimenticias de Maracay, estado Aragua, y director vitalicio del Hospital Pediátrico de Maracay. En ambos casos estuvieron involucrados funcionarios de seguridad del Estado, lo que dio paso a una discusión para reformar el sistema policial venezolano.
Seis días después de que encontraron los cuerpos de los hermanos Faddoul se instaló en Venezuela la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Se trató de un grupo de expertos, funcionarios políticos y académicos que iniciaron la recolección de información, diagnósticos y presentaron propuestas para reformar el sistema policial venezolano.
Miembros de la comisión
Jesse Chacón Escamillo, ministro del Interior y Justicia; Jesús Villegas Solarte, viceministro de Seguridad Ciudadana; Ricardo Jiménez Dan, viceministro de Seguridad Jurídica; Fernando Ramón Vegas, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; Juan José Molina, diputado a la Asamblea Nacional; Giancarlo Di Martino, alcalde de Maracaibo; Jhonny Yánez Rangel, gobernador del estado Cojedes; Alberto Rossi Palencia, Defensoría del Pueblo, Alis Boscán; Ministerio Público, Jacqueline García; Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Luís Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello; José Virtuoso, director del Centro Gumilla; Elsie Rosales, profesora Universidad Central de Venezuela; Andrés Antillano, profesor Universidad Central de Venezuela; Alberto Vollmer, empresario; Soraya El Achkar, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Esta comisión respondió al clamor de la población venezolana para exigir cambios ante denuncias de abusos policiales, corrupción y vínculos de funcionarios con bandas criminales organizadas. Luego de los estudios realizados, existieron puntos que desde el punto de vista teórico representaban un cambio positivo en el funcionamiento de la policía. Sin embargo, expertos afirman que el problema de la Conarepol radicó en la práctica de sus propuestas. A 15 años de su implementación, no existen evidencias de mejoras en el sistema policial a medida que aumentan las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el país.
Más militarización
De la Comisión Nacional para la Reforma Policial surgió la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en el año 2009, creando así la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Uno de los cuerpos de seguridad venezolanos más señalado por ONG de violar los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, la Conarepol, consciente del daño que causaba la militarización en el funcionamiento de las instituciones policiales, estableció el carácter civil del sistema de polícia que comprende los entes regionales, municipales y organismos nacionales como el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía Nacional.
El problema se hizo evidente con el pasar de los años. Esto debido a que, a pesar de las recomendaciones de la Reforma Policial y lo establecido en la ley posterior, se afianzó la militarización policial en el país. El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel explicó para El Diario que la doctrina militar, que ha estado presente en el funcionamiento policial, estuvo acompañada de más centralización en estos organismos.
Señala que los cuerpos policiales de carácter civil y preventivo dependen de las disposiciones del Ministerio de Interior y Justicia. Ente que toma las decisiones en el sistema policial venezolano.
“La militarización va acompañada de la centralización. Un ejemplo del descaro que permitió esa ley, que sale de la Conarepol: actualmente la oposición tiene cuatro gobernaciones, al día siguiente que ganaron las elecciones intervinieron las cuatro policías y colocaron militares ahí. En buena parte de las policías municipales el Ministerio de Interior y Justicia hizo lo mismo, intervención de la policía y centralización en el control de estas”, comentó Izquiel.
El 18 de octubre de 2017, luego de las elecciones regionales, se ordenó en Gaceta oficial número 41.259 iniciar el proceso de intervención de los cuerpos de seguridad de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui. Entidades donde habían triunfado candidatos opositores al régimen de Nicolás Maduro. Izquiel señala que esta acción responde a la necesidad de centralizar el control de los entes policiales.
La militarización de las funciones policiales se ve reflejado en operativos realizados en los años posteriores a la promulgación de la ley para combatir la delincuencia del país. Algunos de estos operativos fueron Caracas segura (2008), el Dispositivo bicentenario de seguridad (2010), el Madrugonazo al hampa (2011), Patria segura (2013).
Al margen de los derechos humanos
Esta intervención militar en los operativos de las policías se observó principalmente con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que iniciaron en el año 2015 y terminaron en julio de 2017. Con estos operativos, Nicolás Maduro afianzó el carácter de exterminio de las policías del país y dejó a un lado el respeto a los derechos humanos que recomendaba la Conarepol y que establecía la ley.
Con la llegada de la OLP inició el deterioro vertiginoso de la Policía Nacional Bolivariana. Un ente acusado de ser el responsable del mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Principalmente durante operativos multipoliciales realizados en zonas populares del país y otras violaciones a los derechos humanos.
En el año 2017, el Ministerio Público, a cargo de Luisa Ortega Diaz, presentó cifras de personas asesinadas durante las OLP. Al menos 505 personas fueron asesinadas durante julio de 2015 hasta marzo de 2017. Entre estas cifras destaca la primera masacre registrada por estos operativos en la Cota 905 el 14 de julio de 2015, donde asesinaron a 14 personas. En una OLP desplegada en Barlovento, Miranda, ultimaron a cinco personas y detuvieron a 12. Sin embargo, se supo que los detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes.
Con estas prácticas se consolidó una filosofía violatoria de los derechos humanos, aspecto consagrado en la Conarepol.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, explicó para El Diario que las OLP fueron realizadas con una lógica militar. El general en jefe Gustavo González López, quien desempeñaba como ministro de Interior y Justicia y director del Sebin, dirigía estas operaciones bajo un esquema de acción militar. Este resultaba en una elevada letalidad policial.
“Se consideró a los presuntos delincuentes como enemigos. El objetivo era liquidarlos y eso aceleró el proceso de militarización de las policías del país”, afirma.
En el año 2017, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y las protestas antigubernamentales, el régimen de Maduro disolvió las OLP; en su lugar creó las FAES, un ente autónomo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.
Las FAES fueron creadas para “proteger al pueblo contra el crimen”, así lo aseguró Nicolás Maduro. Sin embargo, este cuerpo de seguridad se convirtió en el responsable de violaciones de derechos humanos que involucra ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.
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Desde el año 2017, este grupo policial ha acumulado denuncias por violaciones a los derechos humanos. Usualmente, los funcionarios de las FAES actúan de noche o muy temprano en la mañana, usan pasamontañas para cubrir el rostro y no portan identificación. En la mayoría de los casos los uniformados afirman que los asesinatos ocurrieron durante enfrentamientos armados. Una versión que han desmentido familiares de las víctimas.
Al menos 546 personas fueron asesinadas por las FAES entre mayo de 2017 y 2019, según los datos recopilados por el Monitor de Víctimas. Human Right Watch (HRW) aseguró en septiembre de 2019 que en Venezuela se han registrado 18.000 muertes por presunta resistencia a la autoridad que involucra a varios cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en el año 2019 que “muchas de estas muertes pueden tratarse de ejecuciones extrajudiciales”.
Institucionalidad y voluntad política
El criminólogo Luis Izquiel puntualiza varios problemas que radican en la idea original de la Conarepol. Afirma que si bien el carácter civil y respetuoso de los derechos humanos, además de un manual de acción, fueron aspectos positivos que se desprendieron de la ley, en la discusión inicial de la reforma policial no se incluyó a un funcionario de la policía preventiva para que formara parte de la comisión. Destaca que se estableció también un carácter centralista que resultó perjudicial para el sistema policial venezolano. Además de la militarización de los entes de seguridad.
A juicio del especialista, se requieren dos aspectos para garantizar que una ley policial funcione eficazmente en la práctica. La primera es la voluntad política, que los funcionarios del Estado estén comprometidos con una reestructuración del sistema policial. El segundo requerimiento es la institucionalidad en el país.
La encuestadora internacional Gallup señaló en el año 2018 que 76% de la población venezolana no confía en los cuerpos de seguridad del Estado. Esta percepción se afianza con las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En estas los principales señalados son los responsables de garantizar la seguridad de la población.
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