• La organización internacional registró casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos y detenciones arbitrarias en la frontera colombo-venezolana durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares. También reportan más de 5.800 personas desplazadas hacia Colombia

Diferentes atropellos contra la población civil se cometieron durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado colombiano conocido como Frente Décimo Martín Villa, de acuerdo con la organización internacional Human Rights Watch (HRW). Denuncian que durante el conflicto, que inició hace más de un mes, se cometieron violaciones de derechos humanos en el estado Apure, en la frontera colombo-venezolana.

En un informe publicado el lunes 26 de abril de 2021, HRW recogió testimonios que evidencian casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, saqueos y allanamientos de viviendas de familias señaladas de colaborar con los grupos armados. También la detención arbitraria de campesinos que luego fueron procesados en tribunales e instancias militares.

Señala que detrás de los abusos denunciados se encuentran soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), la Guardia Nacional y su Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Además está involucrada la Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, sostiene el informe.

Campesinos ejecutados en Apure

La organización denunció que durante el operativo militar, cuatro campesinos de una misma familia fueron asesinados presuntamente por funcionarios de las FAES, luego de ser sacados de sus viviendas de manera violenta. El hecho ocurrió el 25 de marzo de 2021 en el sector 5 de Julio de la localidad de La Victoria, municipio Páez de Apure.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Dey Remolina (42), Emilio Ramírez Villamizar (44), Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar (22) y Yefferson Uriel Ramírez (20). Vecinos confirmaron que la familia no tenía ningún vínculo con grupos irregulares y desde hace 15 años se dedicaban a la agricultura en la zona.

Los cuerpos fueron encontrados con huesos dislocados, cortes y heridas de bala, a un kilómetro y medio de donde vivían, cerca de la comunidad de El Ripial. Aunque no se mencionaron sus nombres, ese día el régimen de Nicolás Maduro informó que seis presuntos guerrilleros habían sido “neutralizados” en una finca de la zona. Luego circuló en grupos de WhatsApp una foto en la que se ven los cadáveres de la familia rodeados de armas y granadas.

Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG), así como Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, analizaron para HRW las fotografías. Concluyeron que hubo manipulación de la ubicación de las armas, las cuales “pudieron haber sido sembradas”. Además de que los cuerpos presentan disparos a corta distancia y dan indicios de haber sido movidos hasta ese lugar. 

Apure
Destrozos causados por los enfrentamientos entre la FAN y grupos armados. Foto: Cortesía

Un día después, el 26 de marzo, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, designó a dos fiscales en materia de derechos humanos para revisar todo lo relacionado al conflicto armado en Apure. Igualmente, nombró una comisión de 12 expertos para evaluar los asesinatos de El Ripial. No obstante, hasta la fecha no se han presentado avances sobre las investigaciones ni el Ministerio Público ha respondido las solicitudes de HRW sobre el estado del caso.

“El Poder Judicial venezolano normalmente no investiga las evidencias contundentes de violaciones generalizadas de derechos humanos, conforme lo han demostrado las investigaciones de Human Rights Watch. Ello ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla”, reseña el informe.

Allanamientos y detenciones

HRW documentó varias irregularidades durante las incursiones de las fuerzas de seguridad en La Victoria y El Ripial, además de otras zonas rurales como Los Arenales, La Capilla y La Osa. En casi todos los casos, los agentes entraron sin órdenes de allanamiento y se llevaron detenidos a campesinos supuestamente acusados de colaborar o formar parte de la facción guerrillera.

Los afectados denunciaron a la organización que durante estas incursiones han derribado las puertas y amenazado a sus familias, además de destrozar muebles y robar bienes de valor. En las calles donde ocurren los operativos vecinos han señalado una gran presencia militar con vehículos blindados y francotiradores en los techos de las viviendas.

En cuanto a los detenidos, el informe recoge al menos 17 arrestos irregulares, la mayoría de campesinos, aunque también de periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG). Gran parte de estos ocurrieron durante allanamientos. El 5 de abril, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, informó que 33 personas habían sido capturadas hasta ese momento y se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas”.

Vecinos de las localidades afectadas también comentaron que la Guardia Nacional, a bordo de tanquetas, ha detenido a varios hombres en la calle durante el día, mientras compraban en algún comercio o abastecían con gasolina sus vehículos en las estaciones de servicio.

La organización de derechos humanos obtuvo el testimonio de varias personas que fueron detenidas en esos operativos y liberadas días después, entre ellos menores de edad. Varios relataron que fueron llevados a terrenos vacíos donde fueron golpeados e interrogados sobre sus vínculos con el Frente Décimo Martín Villa. En un caso, informa HRW, funcionarios de las FAES usaron un alicate para torturar a un joven de 14 años de edad, además amedrentarlo presionando el gatillo de un rifle descargado.

Otro caso fue el de una mujer con dos meses de gestación fue detenida en Los Arenales junto a sus hijos de 14 y 17 años. Los tres fueron amarrados, golpeados y llevados a una instalación militar. Tras ser liberados días después, la madre contó a sus familiares que había perdido el embarazo.

Familiares denunciaron que durante los operativos no se les notifica cuál es el destino de los detenidos, aunque la mayoría son llevados a la base militar en la ciudad de Guasdualito. Allí son procesados por tribunales militares y acusados de delitos como terrorismo, rebelión, porte de armas y ataque al centinela. Posteriormente son llevados al Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, estado Táchira, a un área administrada también por militares.

Los detenidos afirmaron a HRW que durante sus audiencias se cometieron violaciones al debido proceso, al no permitirles comunicarse con sus familias ni disponer de un abogado público o privado. En muchos casos solo contaron con la mediación de la Defensoría del Pueblo para su liberación. Luego de ser excarcelados, los acusados huyeron del país por temor a nuevas represalias.

Crisis de refugiados

Apure

Desde el inicio del conflicto armado en Apure, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha contabilizado más de 5.800 personas que han cruzado la frontera hacia Colombia para resguardarse. Si bien la mayoría ha indicado que la razón es el pánico por las explosiones y ataques aéreos, muchos también aluden a las violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del régimen.

Los desplazados se encuentran en el Departamento de Arauca, Colombia, específicamente en la municipalidad de Arauquita. También entre 300 y 400 venezolanos se movilizaron a los municipios cercanos de Arauca y Saravena. En su informe, HRW afirma que existen además otras 3.000 personas que se alojan en casas de familiares y amigos a lo largo del departamento fronterizo.

Foto: Cortesía

Entre las personas que han tenido que migrar forzosamente, la organización señala que se encuentran varios con doble nacionalidad, quienes expresaron tener miedo de ser acusados por las autoridades venezolanas de integrar los grupos armados, al poseer documentos de identidad colombianos.

Alrededor de 19  albergues fueron habilitados para los refugiados, de acuerdo al informe. Su mantenimiento corre a cargo de entes internacionales como la Acnur, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo Noruego para Refugiados (CNR), la organización Save the Children, entre otras.

A pesar de los esfuerzos por garantizar alimentos y techo a los venezolanos, el número de desplazados cada vez mayor que deja los enfrentamientos ya desbordó la capacidad de los refugios. HRW señala que el hacinamiento impide mantener el distanciamiento social, por lo que existe la preocupación de que los espacios se conviertan en focos de contagio de covid-19. Igualmente, trabajadores humanitarios también han manifestado temor por la amenaza de ataques de los grupos guerrilleros que operan del lado colombiano.

Disputa entre facciones

HRW asegura en su informe que Apure es desde hace años el centro de operaciones de diferentes grupos armados colombianos, como Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo denuncias de ONG locales como Fundaredes, estos grupos además de tener bases en Venezuela, conviven y trabajan con las Fuerzas Armadas, consejos comunales y autoridades del régimen de Maduro.

Los grupos armados imponen brutalmente normas que normalmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos, incluyendo toques de queda, la prohibición de los delitos y la reglamentación de la pesca, el pago de deudas, e incluso los horarios de cierre de los bares. Ejercen el control mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de menores, homicidios, y la extorsión de quienes realizan prácticamente cualquier tipo de actividad económica”, afirma el documento.

En el caso de las FARC, este grupo armado está actualmente desmovilizado debido a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno colombiano y su legalización como partido político. Sin embargo, existen dos facciones disidentes que continúan en rebelión y operan desde Venezuela: la Frente Décimo Martín Villa y la Segunda Marquetalia. 

Apure
Foto: Cortesía

El Frente Décimo es uno de los grupos disidentes de las Farc que se opuso a la firma del tratado en 2016 y está al mando de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. Por su parte, la Segunda Marquetalia fue creada en 2019 por el ex segundo comandante de las FARC, Miguel Botache Santillana, alias Iván Márquez, luego de abandonar la tolda política y retomar la lucha armada.

HRW explica que los habitantes del municipio Páez no tienen aún una certeza sobre las razones que motivaron el comienzo del conflicto. La versión más aceptada es la ruptura entre Gentil Duarte e Iván Márquez, lo que ha llevado a sus facciones a enfrentarse por el control de la zona y las rutas de contrabando y tráfico de drogas entre ambos países. También aluden a fricciones entre las disidencias de las FARC y el ELN, que ya entre 2005 y 2006 protagonizaron una feroz guerra en el Departamento de Arauca, y parecen haber llevado el enfrentamiento ahora a tierras venezolanas.

Precisa que los combates entre ambos grupos guerrilleros comenzaron el 21 de marzo de 2021. Un día después, Padrino López confirmó la participación de la FAN en los ataques aéreos, aunque sin mencionar contra qué grupo guerrillero. En su lugar, señaló que el despliegue formaba parte de la Operación Escudo Bolivariano, que había comenzado semanas atrás. Solo se limitó a indicar que buscan “expulsar amenazas internas y externas” del país.

En balances posteriores el ministro dijo que nueve guerrilleros fueron ultimados, entre ellos un comandante del Frente Décimo apodado el Nando. Por el lado de la Fuerza Armada,  informó que ocho soldados perdieron la vida, mientras otros 34 resultaron heridos en combate.

El régimen de Maduro acusa al gobierno del presidente Iván Duque de orquestar un intento de invasión contra Venezuela. Señala que la disidencia de las FARC se trata en realidad de grupos paramilitares y bandas delictivas colombianas. Maduro también afirmó que lo que ocurre en Apure «sirve como enseñanza para defender el territorio ante grupos armados por el Comando Sur».

Existen antecedentes recientes de otros enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las FARC. El 19 de septiembre de 2020, funcionarios de la Zona Operativa de Defensa Integral 31 (ZODI) del estado Apure atacaron un campamento ubicado entre los sectores Tres Esquinas, Mata de Bambú y Las Palmitas. En el operativo murieron cuatro efectivos de la FAN y 15 guerrilleros. Además se capturó a un comandante del Frente Décimo conocido como alias” Ferley González”, quien era el jefe de Finanzas de la organización.

Organizaciones humanitarias y de derechos humanos en Arauca, así como entrevistados de localidades y zonas rurales de Apure donde ocurrieron los ataques, dijeron a Human Rights Watch que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el gobierno de Maduro y que, para consolidar el control del tráfico de drogas, intentan eliminar al Frente Décimo Martín Villa, que sería su competencia”, puntualiza el informe.

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