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- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó un informe sobre la situación de las mujeres en las cárceles de Venezuela. En el estudio se evidenció la falta de datos sociodemográficos por parte del Estado, la inexistencia de políticas públicas con enfoque de género y las condiciones de insalubridad en que viven las mujeres tras las rejas. Foto principal: Daniel Muñoz | AFP
“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”, con esa célebre frase Nelson Mandela, el líder sudafricano y defensor de los derechos humanos, abrió paso a la discusión y conciencia sobre el trato a las personas privadas de libertad. En 1955 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un reglamento, que luego llevó el nombre del expresidente de Sudáfrica, donde se establecen las condiciones mínimas de reclusión que los Estados deben seguir para garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos. Como en muchas otras exigencias internacionales, Venezuela no cumple con el reglamento.
Las cárceles de Venezuela se encuentran en condiciones precarias, de hacinamiento e insalubridad; sin embargo, las situación de las mujeres privadas de libertad fue el centro de la investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para cuantificar las necesidades de esta población carcelaria, la inexistencia de condiciones diferenciadas y datos sociodemográficos. El Diario tuvo acceso a la presentación del informe.
El estudio del OVP se basó en los testimonios obtenidos en 106 entrevistas realizadas a 65 mujeres y adolescentes privadas de libertad y exreclusas, 14 familiares y 16 abogados.
Uno de los principales aspectos que destaca el informe, y que lo ha planteado en encuentros anteriores, es la insuficiencia de instalaciones destinadas exclusivamente para mujeres. Solo el Instituto Nacional para la Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda, fue diseñado como un centro de reclusión para mujeres. Sin embargo, la mayoría de la población femenina privada de libertad se encuentra recluida en anexos de penales ocupados por hombres.
Las prisiones “históricamente” han sido pobladas en su mayoría por hombres, según afirma el OVP, por ende la legislación abarca las necesidades de la población penitenciaria masculina y no ofrece estructuras, beneficios, condiciones y leyes con enfoque diferenciado para mujeres que esté destinado a atender sus necesidades específicas.
Algunas de estas necesidades que el estudio destaca y que no son atendidas por las autoridades son la falta de acceso a agua para la higiene personal, inexistencia del suministro de toallas sanitarias, falta de estructuras diseñadas solo para mujeres, hacinamiento, entre otros.
Los datos
En enero de 2021, el observatorio registró un total de 37.517 personas privadas de libertad en el país. De esa cifra, 2.318 son mujeres, lo que representa 6,2% del total de la población penitenciaria. El informe destaca que estos datos son similares a los que se registran en el mundo.
Señala que el hecho de que las mujeres representen una minoría en la población carcelaria, no significa que no sufran las consecuencias de la inexistencia de políticas penitenciarias con enfoque de género, trato diferenciado y adaptada a los estándares internacionales.
Las mujeres padecen hacinamiento en los centros de detención preventivas y los centros penitenciarios. En el país existen 17 penitenciarias que albergan mujeres, 16 de ellas son anexos de cárceles masculinas en donde se habilitaron galpones y estacionamientos ubicar a las detenidas. La capacidad instalada de los establecimientos para mujeres es de 2.154 plazas. Durante el primer semestre de 2021, la población penitenciaria femenina aumentó 6,2% lo que representa un total de 2.238 mujeres lo que se traduce en un hacinamiento del 103,9%.
El INOF tiene una capacidad instalada de 350 plazas. Sin embargo, su población reclusa es de 533 mujeres, lo que se traduce en un hacinamiento con riesgo crítico de 152,2%. De las mujeres entrevistadas, el 75% aseguró que comparte celda con más de cinco mujeres.
Análisis sociodemográfico
El Observatorio Venezolano de Prisiones realizó un análisis sociodemográfico de las mujeres privadas de libertad, debido a la ausencia de esta información por parte del Estado. Maria Corina Muskus, coordinadora del informe, aseguró que es “imposible” realizar un análisis de la situación de las mujeres privadas de libertad sin antes conocer su contexto.
Destaca que la mayoría de las mujeres que ingresan al sistema penitenciario son de ingresos económicos bajos y con inseguridad laboral. Además, algunas de las mujeres encuestadas afirman haber sufrido violencia sexual, abuso u hostigamiento por parte de una persona cercana. 68,8% de las encuestadas son madres y de ese porcentaje 30,2 tiene al menos dos hijos.
El análisis sociodemográfico estuvo centrado en determinar la edad, estado civil, maternidad, nivel educativo, la violencia que sufrió antes de la detención y la situación de su detención.
Falta de acceso a la salud y salubridad
Las Reglas Bangkok, una normativa de la ONU que tiene como premisa el trato diferenciado entre mujeres y hombres privados de libertad, establecen que las mujeres privadas de libertad deben tener acceso constante a atención médica, toallas sanitarias y suministro constante de agua. Esto tampoco se cumple en las prisiones de Venezuela.
Más del 60% de las entrevistadas por el OVP aseguró que tienen acceso esporádico al agua, lo que limita las posibilidades de realizar una higiene adecuada y una gestión menstrual óptima. 64,6% aseguró que durante su tiempo de reclusión no ha sido atendida por un médico, en este sentido 62,2% señaló que no han recibido atención ginecológica en prisión.
En cuanto a la gestión menstrual, el Estado no provee toallas sanitarias gratuitas para las mujeres encarceladas a pesar de ser un requerimiento según los estándares internacionales. 31 mujeres, de las 65 entrevistadas, afirman que dependen de un familiar.
“Hay reclusas que no las visita nadie. Ellas deben romper los uniformes y usar la tela como modes (toallas sanitarias)”, comenta una mujer detenida cuya identidad fue resguardada por motivos de seguridad.
Violencia sexual
El OVP alerta sobre la normalización y tolerancia de la violencia sexual dentro de los centros de reclusión. Algunas mujeres denunciaron haber sido víctima de abuso sexual en los anexos de los penales mixtos.
María Corina Muskus, coordinadora de investigación del informe, destacó que en los centros de reclusión que albergan mujeres existen roles de poder donde un grupo de reclusas ejercen el control del centro de detención y utilizan distintas formas de violencia, incluida la sexual, para dominar a las demás privadas de libertad.
Los perpetradores de la violencia sexual pueden ser las mismas reclusas, hombres detenidos o el personal de custodia quienes utilizan el chantaje o la amenaza para doblegar a las mujeres y forzarlas a sostener relaciones sexuales.
La situación en las cárceles refleja una crisis de muchas dimensiones, cuya problemática principal es la inexistencia de políticas públicas diseñadas para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de acuerdo a los estándares internacionales, y específicamente, garantizar condiciones óptimas, con perspectiva de género destinada a atender las necesidades específicas de las mujeres..
