• El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, pidió a la Fiscalía detener a Luis Somaza, Hasler Iglesias, Gilber Caro y Emilio Graterón. Acusó a los dirigentes de conspirar junto a Freddy Guevara y Leopoldo López para provocar la ola de violencia desatada en la Cota 905 por la banda de El Coqui

El presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció el lunes 13 de julio de 2021 nuevas medidas contra el partido Voluntad Popular (VP). En esta oportunidad, solicitó a la Fiscalía órdenes de captura contra cuatro de sus dirigentes.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo, pidió la detención de los opositores Gilber Caro, Luis Somaza, Hasler Iglesias y Emilio Graterón. Todos ellos militantes del partido liderado por Leopoldo López.

«Ya está bueno de indultos. Una cosa es buscar la paz política, y otra que se convierta esto en una práctica donde hacen lo que les da la gana», señaló.

El hecho ocurre un día después del arresto y desaparición del diputado Freddy Guevara, también dirigente de Voluntad Popular. Casi al mismo tiempo, funcionarios sin identificar amedrentaron al presidente interino Juan Guaidó en su residencia. Aunque el líder opositor no fue detenido, los encapuchados atacaron el vehículo donde se trasladaba dentro del estacionamiento de su edificio.

Los acusados

No es la primera vez que el régimen de Maduro persigue a militantes de Voluntad Popular luego de vincularlos con presuntos planes de desestabilización y violencia.

Uno de los objetivos habituales del chavismo es Gilber Caro, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015. El parlamentario estuvo detenido por primera vez entre enero de 2017 y junio de 2018. Posteriormente volvió a ser arrestado en marzo de 2019 y liberado tres meses después, luego de una negociación entre el régimen de Maduro y el Grupo de Boston. El 20 de diciembre de 2019 volvió a ser detenido y acusado de terrorismo. Salió el 31 de agosto de 2020, como parte del grupo de opositores indultados por el régimen .

Emilio Graterón es reconocido por ser alcalde del municipio Chacao durante el período 2008-2013. Luego de culminar su mandato, se alejó un poco del foco público, aunque mantuvo su activismo dentro de las filas de VP como coordinador político y experto en mediación y negociación. Por su parte, Luis Somaza fue concejal de Baruta entre 2013 y 2018, además de coordinador de la tolda naranja en ese municipio. Actualmente ejerce como director del Despacho de la Presidencia del gobierno interino de Juan Guaidó.

Finalmente, Hasler Iglesias es el actual coordinador nacional de Juventudes de VP. Entre 2015 y 2017 fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), donde jugó un papel clave dentro del movimiento estudiantil. Desde hace un año es el director del proyecto Agua Segura, que se encarga de instalar plantas de potabilización de agua en comunidades populares.

La fiesta de Caracas

Como es habitual dentro del oficialismo, Rodríguez estuvo a cargo de presentar a los medios de comunicación las pruebas de nuevos planes y presuntas conspiraciones contra la estabilidad del régimen. En esta oportunidad, su exposición estuvo a tono con las acusaciones de su hermana y vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En ellas vinculó a Voluntad Popular con los hechos violentos de la Cota 905.

Frente a las cámaras, mostró una serie de presuntas capturas de pantalla con conversaciones de WhatsApp entre los acusados y Leopoldo López. En esas fotografías Rodríguez aseguró que los dirigentes planificaron un evento denominado «la fiesta de Caracas», en el que usarían los tiroteos en el oeste de la capital como detonante de protestas y acciones violentas dentro de los barrios.

En una de las supuestas conversaciones, Emilio Graterón informó a López sobre una reunión con Hasler Iglesias y diferentes delincuentes apodados el Original, el Gocho, Catire, Pedro y el Pelón de La Vega. En otro chat indicó que el financiamiento para la adquisición armas y municiones correría a cargo de Luis Somaza.

Los tiroteos provocados por bandas delictivas desde la Cota 905 fueron considerados por Jorge Rodríguez como parte del plan «fiesta de Caracas» dirigido por la oposición. Foto: AFP
Somaza es un delincuente que está buscado por la Fiscalía desde el 30 de abril (de 2019) por los hechos de La Carlota y ha estado metido en todos los guisos. Lo estamos buscando y lo vamos a capturar», sentenció.

Del mismo modo, indicó que la operación se coordinó en Venezuela entre Graterón y Freddy Guevara, con el apoyo de Gilber Caro para el reclutamiento y activación de los grupos armados. Sobre el diputado y ex preso político, comentó: «Caro tiene especial predilección por las cárceles venezolanas. La próxima vez que lo capturemos olvídese de indulto».

Rodríguez indicó que todas las pruebas se extrajeron del teléfono incautado a Guevara. Dijo que se recuperaron a pesar de que el político borró todos los mensajes antes de su detención. Sin embargo, no explicó cómo desde ese dispositivo se logró tener acceso a conversaciones entre los demás mencionados en el plan.

Como parte de la «fiesta de Caracas», Rodríguez vinculó además en las conversaciones al exconcejal de Chacao y militante de VP, Alfredo Jimeno, en la parte logística. También al ex preso político Yon Goicoechea en el financiamiento a través de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Nuevo intento de magnicidio

Rodríguez aseguró que se desactivaron cuatro drones presuntamente destinados para matar a Nicolás Maduro. Foto: Cortesía

El presidente de la AN oficialista aprovechó la ocasión para revelar un nuevo plan para asesinar a Nicolás Maduro, el cual fue frustrado por los cuerpos de inteligencia del Estado. Indicó que el hecho ocurrió el 22 de junio de 2021, durante la inauguración del monumento por el bicentenario de la batalla de Carabobo.

El intento de magnicidio, del que no se sabía nada hasta ahora, pretendía utilizar cuatro drones que fueron desactivados por los equipos de protección de Maduro. Un método bastante similar al atentado ocurrido el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas, cuando un dron explotó cerca de Maduro en un acto militar.

De igual modo, Rodríguez mostró un video grabado presuntamente por un miembro de una banda criminal en El Valle. En las imágenes se ve una toma panorámica desde una ventana que luego se cierra para enfocar la Academia Militar de Venezuela. Posteriormente gira para mostrar los edificios de la Misión Vivienda ubicados dentro de Fuerte Tiuna. El funcionario aseguró que el video se realizó antes del desfile del 24 de junio, siendo evidencia de otro posible atentado.

Al tratarse de una investigación en curso, Rodríguez no quiso adelantar más detalles, aunque prometió para los próximos días otra rueda de prensa con más pruebas.

Respuesta de los acusados

Los dirigentes de VP señalados por Jorge Rodríguez no tardaron en deslindarse de los hechos que se les atribuyen. Por ejemplo, el exconcejal Luis Somaza aseguró en su cuenta de Twitter que todas las pruebas en su contra fueron creadas por el régimen para justificar su incapacidad para contener a la banda de El Coqui.

«Defender la libertad y la democracia de nuestro país no es conspirar. Significa luchar para hacer justicia por las millones de víctimas de la dictadura», declaró, a la vez que destacó su labor como director del despacho del presidente interino, Juan Guaidó.

Por su parte, el exalcalde Emilio Graterón también se manifestó para denunciar la usurpación de su identidad por parte del régimen de Maduro para vincularlo con hechos violentos. Indicó que todas las conversaciones mostradas por Rodríguez jamás existieron y fueron falsificadas.

«Falsificar y forjar una conversación de WhatsApp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo. No creo ni apoyo (la violencia), jamás lo he hecho. Condeno publica y activamente la violencia y todo el que me conoce lo sabe», escribió.

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