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- La docente y activista merideña estuvo nueve meses privada de libertad. Fue criminalizada por ayudar a interrumpir el embarazo de una adolescente víctima de abuso sexual
No lo pensó dos veces. Su mente no concebía otra opción, pues no la había. A pesar de que se podría enfrentar a las arcaicas leyes penales venezolanas, sabía que su deber era salvar la vida de una adolescente vulnerable.
Vanesa Rosales estaba consciente de que estaba cometiendo un delito, pero era una decisión que debía tomar. La vida de una adolescente de 13 años de edad corría peligro luego de que fue violada y quedó embarazada de un vecino que vivía en la localidad de Pueblo Nuevo, estado Mérida. La decisión de ayudar a la joven a interrumpir el embarazo la condujo a la privación de su libertad. Sin embargo, se convirtió en bandera de la lucha feminista en Venezuela que aboga por la despenalización del aborto en el país.
Como docente y activista de derechos humanos, Rosales ha dedicado parte de su vida a brindar apoyo a la comunidad donde vive. Debido a este trabajo social, la adolescente y su madre llegaron solicitando ayuda a la profesora.
Con tan solo 13 años de edad debió abandonar la escuela. Su familia debía sortear los embates de las penurias en Venezuela. Pero esa sería tan solo una de las difíciles situaciones que le tocaría vivir a la niña merideña.
Fue violada al menos seis veces presuntamente por un vecino cercano. La amenazu00f3 con atentar contra su familia si comentaba lo ocurrido. Pero la violencia sexual que viviu00f3 a su corta edad no se mantendru00eda en silencio. Los cambios en su cuerpo comenzaron: ese sujeto la embarazu00f3.
A principios de octubre del año 2020 la niña decidió contar lo ocurrido a su madre, quien buscó atención médica. El embarazo no era viable porque ella presentaba cuadros de desnutrición y problemas de salud que ponían en peligro su vida aunque otros médicos aseguraron que sí podía continuar con la gestación. Fue entonces cuando acudieron a Vanesa Rosales pidiendo ayuda.
Se trataba de una situación “de vida o muerte”, por lo que optó por suministrarle las pastillas abortivas (misoprostol) e información al respecto. No fue una decisión meditada, pero las circunstancias le cercaron todas las opciones.
La madre y la adolescente estuvieron de acuerdo con la decisión. Y fue así como esa familia pudo sentirse aliviada nuevamente. Aunque esa tranquilidad duraría poco. Decidieron denunciar la violación ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). En medio de las averiguaciones, los funcionarios se enteraron de que la madre y la docente le suministraron las pastillas a la adolescente, lo que es un delito en la legislación venezolana. El 12 de octubre de 2020 ambas fueron detenidas, pero Rosales fue la que se enfrentó por mayor tiempo al sistema de justicia venezolano.
Aborto como delito
El Cu00f3digo Penal venezolano no ha sufrido cambios en materia de interrupciu00f3n del embarazo desde 1873. nnEl capu00edtulo IV en su artu00edculo 432 condena a toda mujer que intencionalmente, o con ayuda de terceros, interrumpa su embarazo. La condena oscila entre los seis meses y los dos au00f1os. nnEl artu00edculo 433 penaliza a cualquiera que provoque el aborto, con el consentimiento de la mujer. En este caso la condena es de 12 a 30 meses. La legislaciu00f3n establece, en el artu00edculo 434, que quien realice la interrupciu00f3n a una mujer sin su consentimiento se enfrentaru00e1 de tres a cinco au00f1os de prisiu00f3n.nnLa u00fanica consideraciu00f3n que contempla la ley es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este caso es legal la inducciu00f3n del aborto.n
Detenida por nueve meses
Durante tres meses estuvo recluida en los calabozos del CICPC, cuya estadía califica como una tortura.
“La privación de libertad en el CICPC prácticamente fue una tortura. No se tiene derecho a cosas extremadamente básicas como tomar el sol e incluso ir al baño. Las mujeres en el anexo femenino no teníamos un baño propio, entonces dependíamos constantemente de las personas que estaban en la custodia de los calabozos. Si le das una lectura con perspectiva, derechos humanos todo eso se traduce como tortura”, afirma.
Fue testigo de cómo muchas mujeres fueron “aleccionadas” por funcionarios policiales por exigir derechos como acceso al agua, comida, lavar la ropa o ir al baño.
A pesar de que presenció muchas irregularidades, considera que no vio todo el alcance de las violaciones a los derechos humanos que se pueden generar en centros de detención preventivas porque las autoridades sabían que ella “no era una presa común”. Afirma que al saber que una activista de derechos humanos estaba detenida los custodios pospusieron o limitaron las represalias contra las presas. Rosales afirma que estas acciones son frecuentes según los testimonios de mujeres con las que compartía el calabozo.
La corrupciu00f3n en el sistema judicial ha sido denunciada en incontables ocasiones por activistas y abogados, asu00ed como el retardo procesal. La propuesta de pagar para salir del calabozo del CICPC llegu00f3 a Vanesa Rosales. Pero ella se negu00f3 rotundamente. Prefiriu00f3 pasar tres meses en ese centro de detenciu00f3n preventiva, a pesar de que la ley establece un lapso de reclusiu00f3n no mayor a 48 horas. Se trataba de un problema que debu00eda resolverse durante la audiencia de presentaciu00f3n, pero eso no ocurriu00f3.
La audiencia de presentación se realizó con más de 30 horas de demora, luego del lapso de 48 horas que establece la ley. Además, la defensa nunca tuvo acceso al expediente ni a la acusación formal que realizó la Fiscalía. La audiencia preliminar se pautó para el 28 de mayo pero fue diferida por “inoperatividad del tribunal”, así lo aseguró la ONG 100% Estrógeno que se encargó de su defensa.
Durante la audiencia de presentación el Ministerio Público (MP) le imputó el cargo de inducción al aborto. Sin embargo, el Tribunal de Control del estado agravó los cargos y le imputó los delitos de agavillamiento y asociación para delinquir, cargos que aumentaban a 10 años la pena a la que se enfrentaba Rosales.
Estos últimos dos cargos, la profesora los define como cargos accesorios debido a que no guardaban relación con su caso y estaban destinados a agravar su situación jurídica.
Su caso, que se había mantenido medianamente alejado de la opinión pública, salió a la luz y se volvió mediático con el agravamiento de los cargos. Fue entonces cuando el 12 de enero 2021 el tribunal dictó una medida cautelar sustitutiva de libertad de arresto domiciliario. Y, ese mismo día, se libró la orden de aprehensión con alerta de Interpol contra el presunto responsable de la violación de la adolescente.
“En ese momento ya podía empezar a hablar un poco, aunque mi caso todavía estaba en proceso y era bien limitado lo que podía decir para no agravar mi situación jurídica y no cometer errores. Se prefirió que yo no declarara durante un tiempo o al menos hasta que se resolviera la audiencia preliminar. Sin embargo, la estancia en casa es mucho más tranquila con acceso a mis cosas, a mis medicamentos y alimentación. Obviamente estar en casa es muy diferente a estar privada de libertad en el CICPC”, afirma Rosales.
Luego de más de nueve meses privada de libertad, el tribunal ordenó la liberación de Vanesa Rosales. Eliminaron los cargos de agavillamiento y asociación para delinquir y deberá cumplir servicio comunitario.
No se arrepiente de nada
Si la situación lo amerita, volvería a tomar la misma decisión que la llevó a la cárcel. Una decisión enfocada en salvar una vida y preservar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Durante todo el tiempo que estuvo detenida contó con el apoyo de su equipo legal, familiares y profesores de la escuela donde da clases. Todos alzaron la voz para exigir su libertad.
Al mirar hacía atrás, no se arrepiente de nada de lo que hizo porque la niña a la que ayudó se encuentra estudiando, haciendo deportes y viviendo tranquilamente.
“Los profes y yo particularmente estamos muy contentos de que esté súper sana y de que esté haciendo un montón de cosas. Se está dedicando a estudiar, a hacer deportes. Es una niña que renació, pues cuando estaba en este proceso de gestación tenía muchísimos problemas con la tensión y se desmayaba a cada rato. Es decir, su cuerpo no era capaz de soportar este proceso”, comenta.
Su madre también está conforme con la decisión que salvó a su hija. “No me arrepiento de lo que hice. Cualquier madre lo hubiese hecho en mi lugar”, dijo durante una entrevista al New York Times.
Rosales asegura que varios médicos dijeron que su embarazo sí era viable, hecho que ella califica como “misoginia institucional del gremio médico”. Por eso cuestiona que los organismos del Estado, instituciones médicas y otros regulen el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
A su juicio, el tribunal agravó con cargos pertenecientes a la Ley contra la Delincuencia Organizada, porque considera que su activismo, como el de muchos otros, incomoda a quienes están en el poder y los saca de su zona de confort.
“Cuando les tocan sus intereses hay una reacción para nada saludable, sin diálogo. La reacción es visceral, violenta. Si eso hay que denunciarlo y le toca al Ejecutivo revisarlo. La responsabilidad tiene que tocarlos a todos, desde la persona que ejerce el poder de manera inadecuada hasta quienes están más arriba de esta persona. No se puede romper la responsabilidad de la cadena de mando”, asevera.
Un camino largo para la legalización del aborto
Vanesa Rosales no cree que se materialice la legalización del aborto en Venezuela a mediano plazo, principalmente por las condiciones políticas que existen en el país. Afirma que desde la Asamblea Nacional actual existen partidos con profundos valores religiosos que influyen de forma negativa en este tema.
Está segura que debido al contexto político del país no se va a producir una legislación que sea piedra angular y coadyuve a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Venezuela es uno de los países de la región con las leyes más restrictivas en torno a la interrupción del embarazo. Sin embargo, las exigencias de los movimientos feministas avanzan en la despenalización de las tres causales humanitarias del aborto: riesgo de vida a la madre, problemas de desarrollo embrionario y violación.
Otra opciu00f3n que plantea Rosales es que se anulen los artu00edculos del Cu00f3digo Penal que criminalizan la interrupciu00f3n voluntaria del embarazo. Ademu00e1s, destaca la importancia de debatir con los sectores mu00e1s conservadores de la Asamblea Nacional que se han manifestado en contra de este tema. A su juicio, el Parlamento no deberu00eda legislar con base en creencias religiosas sino con base en las necesidades de la poblaciu00f3n.
Para la activista, es primordial realizar un trabajo de base y así educar a las personas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y su importancia. “Hay que hacer un trabajo con la gente de a pie para para poder hacer visible algo que honestamente pasa, que es natural. Todo el mundo tiene en alguna relación algún tipo de vinculación con el aborto. Entonces toca visibilizarlo y hacer muchísimas formación de base”, explica.
Si bien el camino para la despenalización del aborto es bastante largo debido a que Venezuela es un país mayormente católico, los movimientos feministas del país continúan alzando la voz para exigir el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer como parte de los derechos humanos.
La detención de Vanesa Rosales se convirtió en la representación de la violación a los derechos de la mujer en Venezuela. Su vida estuvo en pausa durante nueve meses y la criminalizaron con una ley que data del siglo XIX. Mientras tanto, el presunto responsable de la violación continúa prófugo de la justicia.
