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En noviembre de 2021 se conmemoran 70 años de la materialización de una meta que había sido esquiva para numerosos exploradores y aventureros, que con distintos propósitos se habían planteado alcanzar las fuentes del río Orinoco.
Desde motivaciones políticas, pasando por la curiosidad científica, hasta la ambición de riqueza, una gama de motivaciones habían impulsado los esfuerzos de distintos gobiernos y diversas personas, que intento tras intento fallaron en alcanzar el objetivo.
Sin dudas, el logro de la expedición franco-venezolana, auspiciada por los gobiernos del momento, aportó valiosos conocimientos para las ciencias naturales y humanas (separación metodológica pertinente para la época): la geografía, la cartografía, la zoología, la botánica, la antropología, la arqueología y otras ramas del conocimiento, se vieron enriquecidas gracias a las contribuciones de jóvenes científicos, cuyo trabajo fue posible mediante la dirección y logística facilitada por el Estado venezolano, a través de sus Fuerzas Armadas, y el trabajo desempeñado por el grupo de indígenas: navegantes, guías y portadores, sin cuyo esfuerzo, probablemente, no hubiese sido posible alcanzar las nacientes del “soberbio Orinoco”.
El resultado favorable de la expedición, también impactó significativamente en aspectos como la soberanía, la nacionalidad y la proyección internacional del país; sin embargo, no parecen haber tenido el mismo efecto positivo en la valoración ecológica de la cuenca.
En los setenta años transcurridos desde del hito histórico, las cabeceras del río Orinoco y su cuenca han sido destino de diversas y muy valiosas expediciones científicas, de esfuerzos sostenidos por ampliar el conocimiento, pero también de incursiones oficiales y privadas con distintas pretensiones; algunas procurando diversificar y fortalecer la economía del país y otras, con fines menos nobles, orientadas al lucro individual o de grupos delincuenciales, basadas en la destrucción ambiental y en el saqueo de recursos naturales, particularmente mineros: piedras preciosas, coltan y oro.
En el caso de la cuenca alta del Orinoco, desde hace, al menos, cuarenta años se ha evidenciado la presencia masiva de mineros ilegales, depredando áreas sensibles, sin que la acción del Estado haya sido capaz de erradicar definitivamente una actividad que compromete negativamente el futuro de la nación. Los impactos ambientales y socio culturales de la minería ilícita, aunque no han sido suficientemente evaluados, constituyen en conjunto tragedias para la humanidad. Desde la pérdida de diversidad biológica aún no conocida, hasta la erosión cultural del conocimiento tradicional, significan la reducción de las posibilidades de revertir los problemas socio ambientales que hoy comprometen las opciones de la vida humana; entre ellas las asociadas al cambio climático.
Conservar las fuentes del Orinoco y garantizar las condiciones ecológicas de la cuenca, responsables de brindar servicios ambientales invaluables, es una deuda de los gobiernos y debe ser el compromiso de la sociedad venezolana y, consecuentemente, la forma más adecuada de honrar a quienes participaron en la gesta de poner el origen del río Orinoco en los mapas.
