• Las violaciones al derecho a la salud y la educación, persecución a activistas y la emergencia humanitaria fueron algunas de las denuncias que expusieron los informes entregados para el Examen Periódico Universal de Venezuela

Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas iniciaron el lunes 29 de noviembre una campaña informativa a propósito del inicio del Examen Periódico Universal (EPU). En esta edición, el Estado venezolano debe comprobar que cumplió con los compromisos que adquirió en 2016 durante el examen anterior. 

Rigoberto Lobo, director de la organización para la Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum), explicó que el EPU es un mecanismo nuevo coordinado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En él, los 193 Estados parte evalúan sus situaciones de derechos humanos y ofrecen recomendaciones a sus homólogos. 

En las diferentes fases del EPU también participan instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los comités de tratados de derechos humanos, relatores especiales y grupos de trabajos, agencias de Naciones Unidas, órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, en este caso venezolanas. 

El Examen Periódico Universal está basado en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los distintos instrumentos de derechos humanos de los que forma parte el Estado, es decir, que Venezuela ha firmado y ratificado”, dijo Lobo en entrevista para El Diario.

Las organizaciones que participaron en este examen y que enviaron más de 250 informes nacionales, regionales, individuales y conjuntos mantendrán una actividad informativa constante para que  los venezolanos y la comunidad internacional estén atentos a los resultados de este mecanismo. 

Qué debe demostrar el Estado venezolano 

Lobo expresó que aproximadamente para la segunda o tercera semana de diciembre el Estado venezolano tendrá acceso a la información que publique la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.  

Asimismo, indicó que para finales de febrero de 2022 se realizarán las sesiones donde los Estados parte evaluarán la situación de Venezuela. Luego ofrecerán sus recomendaciones. 

El Estado venezolano debe demostrar que ha trabajado en las recomendaciones del examen de 2016 y que vela por los derechos humanos de los ciudadanos. Asimismo, debería argumentar las situaciones de violación de derechos humanos expuestas en los informes enviados por las organizaciones. 

Foto: EFE
Van a intentar demostrar que la situación de derechos humanos en Venezuela es una maravilla, que vivimos en un paraíso. Para ello contarán con sus especialistas, funcionarios del Estado van a intentar rebatir las evidencias mostradas en los informes y lamentablemente esto no es exclusivo de Venezuela, hay una serie de organizaciones financiadas por el Estado que también participan y envían informes forzados donde intentan decir que se vela por los derechos humanos y que utilizan en su mayoría de argumentos los planes sociales pese a que no se cumplen como ellos dicen”, señaló el activista.

De acuerdo con Lobo, será un reto para el Estado venezolano revertir la evidencia expuesta en los informes y desvirtuar a las organizaciones que los redactaron. Detalló que muchas de estas instituciones han colaborado en informes de otros organismos como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. 

Emergencia humanitaria y violación al derecho a la salud 

Lobo explicó que ya en 2016 se había denunciado el contexto de emergencia humanitaria compleja y la vulneración del derecho a la salud. Sin embargo, son problemas que continúan vigentes en 2021. 

Por esto, ambos aspectos se abordaron en varios de los informes. Promedehum realizó uno individual sobre la emergencia humanitaria en el estado Mérida, también uno conjunto sobre esta situación en el territorio nacional. Además colaboró con Convite en otro informe sobre el derecho a la salud y las personas mayores. 

“Al estar en un contexto de emergencia humanitaria compleja que es de naturaleza política, por supuesto afecta de manera transversal todos los derechos de todas las personas sin excepción”, agregó. 

Lobo indicó que el acceso a la salud es difícil en Venezuela y su calidad es cuestionable. También comentó que las personas que son atendidas en hospitales públicos deben comprar por cuenta propia todos los insumos a altos costos. 

Foto: EFE /Rayner Peña /Archivo

El defensor de derechos humanos alegó que el Estado se desligó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Añadió que este peso ha recaído sobre las organizaciones civiles y humanitarias, las cuales no tienen la capacidad de reemplazar a una autoridad nacional ni pretenden hacerlo. 

Persecución a activistas de DD HH y abandono a la educación 

El activista especificó que otra arbitrariedad que causa preocupación y fue frecuente en 2020 y 2021 fue la persecución a organizaciones humanitarias o de derechos humanos. Hostigamiento, detenciones y actos violatorios de derechos humanos fueron algunas de las medidas que tomó el régimen de Nicolás Maduro en contra de activistas. 

Si estas personas están siendo atacadas desde el Estado, significa que hay una larga lista de derechos humanos vulnerados y por eso intentan callar las voces que denuncian y evidencian lo que sucede”, alegó el vocero de Promedehum, organización que redactó también dos informes sobre esta situación. 

Lobo denunció que el derecho a la educación también fue de los más afectados en Venezuela desde que inició la pandemia por covid-19. Aunque antes de la cuarentena el sistema educativo venezolano ya presentaba varias fallas. 

“El Estado venezolano tomó la decisión de cargar el peso de la educación sobre los hogares, madres, padres y representantes, en muchos casos son adultos mayores”, advirtió. 

Foto: Yazmely Labrador

Tras el regreso a clases presenciales el activista manifestó su preocupación por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las escuelas. Aseguró que el Estado dice en actos públicos que están garantizadas, pero las denuncias de la ciudadanía afirman lo contrario. 

Qué implicaría que el Estado no demuestre el cumplimiento de sus compromisos

Si el régimen de Nicolás Maduro no logra demostrar que cumplió con sus compromisos, se ratificarían las denuncias hechas por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. 

Rigoberto Lobo señaló que se pondría en evidencia la realidad que viven los venezolanos ante las naciones que cuestionan al régimen, pero también ante aquellas que lo defienden. Aclaró que siempre existirá un grupo de gobiernos que respalde a la Administración de Maduro. 

“Todos estos informes ponen al Estado venezolano en una situación de acorralamiento internacional donde será poco lo que pueda decir a su favor, al menos con certeza, frente a la comunidad internacional”, sugirió

Las repercusiones de este escenario para los ciudadanos pueden ser variadas, argumentó el activista. Comentó que el régimen podría retroceder en las vulneraciones de los derechos humanos en un intento por mejorar su imagen internacionalmente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que aumente la acción represiva por parte del Estado como reacción ante estos mecanismos internacionales. 

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