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- La ONG Provea publicó un informe titulado “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: 1995-2020. La ascendente letalidad policial-militar apuntalada por una impunidad estructural” en el que se detalla los excesos policiales registrados, la falta de políticas de seguridad ciudadana efectiva y la impunidad | Foto principal: EFE
Las ejecuciones extrajudiciales y los excesos policiales han sido una política de Estado durante los últimos 25 años en Venezuela. El reciente informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se centró en analizar las ejecuciones extrajudiciales y las tendencias de violencia policial y militar en el país durante más de dos décadas.
Provea se apoyó de sus informes anuales sobre la situación de derechos humanos en el país, los trabajos de investigación y registros de organizaciones como el Comité de Víctimas y Familiares de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los reportes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.
La ONG indicó que las violaciones al derecho a la vida y las ejecuciones extrajudiciales han sido una constante desde la década de los 90. A partir del año 2000 la situación no cambió a pesar del discurso gubernamental de controlar los excesos policiales, lo que incluye la creación de la Reforma Policial en 2006.
“El número de violaciones al derecho a la vida y ejecuciones policiales no se redujo, manteniéndose en altos niveles hasta la fecha. Tampoco hubo avances en la reducción de la impunidad”, dice parte del informe, el cual también se centra en resaltar los niveles de impunidad.
Durante la presentación del estudio, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, señaló que se demostró que la ausencia de investigación y sanción a los responsables de los abusos policiales favorece la repetición de los hechos.
“La práctica de los cuerpos militares y policiales en Venezuela es como política el uso deliberado de la fuerza letal que produce muertes arbitrarias en todo el territorio nacional”, dijo Alvarado durante la presentación.
Los datos
De acuerdo con Inti Rodríguez, investigador de Provea, entre los años 1996 y 2020 los cuerpos de seguridad del Estado cometieron 7.893 ejecuciones extrajudiciales en el país, cifra que podría tener un subregistro de casos ante la ausencia de datos oficiales.
El estudio señala que de las 7.893 ejecuciones extrajudiciales durante los últimos 26 años, 3034 de ellas ocurrieron en el año 2020. Los especialistas indican que el patrón de los cuerpos de seguridad ubica como principales víctimas a personas de bajos recursos que viven en zonas populares.
Marino Alvarado afirmó que todos los cuerpos de seguridad del Estado realizan ejecuciones extrajudiciales. Añadió que no existe ningún esfuerzo para mermar la violencia institucional. Precisó que a partir del año 2015, con la creación de los Operativos Liberación del Pueblo (OLP) se profundizó la violencia policial y la impunidad.
Reforma Policial en el 2006, un esfuerzo sin resultados efectivos
En el año 2006 se impulsaron las primeras acciones para la Reforma Policial con la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Esta iniciativa se dio luego de una ola de asesinatos y secuestros que enlutaron al país ese año y en el que estuvieron involucrados miembros activos de la policía venezolana.
El objetivo de la reforma era depurar los cuerpos de seguridad del Estado y avanzar hacia un modelo policial respetuoso de los derechos humanos, con funcionarios comprometidos con la comunidad, honestos y con un alto sentido de responsabilidad.
Sin embargo, luego de 15 años de la reforma, la violencia policial no se ha revertido, sino que se ha profundizado por lo que Provea califica la Reforma Policial del 2006 como un “rotundo fracaso”.
De acuerdo con el informe de Provea, la Conarepol se hizo sectaria, con sello ideológico y se dio cabida a las concepciones militares. Además, señala que durante los cinco años que antecedieron a la reforma se produjeron 974 víctimas. En los cinco años siguientes al inicio de la reforma se produjeron 1.036 violaciones del derecho a la vida .
“Si consideramos desde 2007, cuando culmina el proceso de la Conarepol, hasta 2015 los cuerpos policiales fueron responsables de 1.898 violaciones del derecho a la vida; es decir, a un promedio de 210 por año. De ese total, 1.514 bajo la modalidad de ejecuciones policiales”, indica el informe.
Dispositivos de seguridad y OLP
Luego de la reforma policial, el gobierno creó diferentes mecanismos de seguridad en el país destinados a enfrentar la delincuencia. En el año 2010, Hugo Chávez lanzó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual consistía en el control militar para garantizar la seguridad. Luego en el año 2013, Nicolás Maduro anunció el lanzamiento del “Plan Patria Segura”, que se centraba en la instalación de puntos de control (alcabalas) en vías públicas urbanas y en puntos de acceso a comunidades populares.
“En menos de un mes de ejecución del “Plan Patria Segura” seis personas fueron asesinadas por funcionarios de la FANB. Una persona fue asesinada bajo torturas –obligada a ingerir combustible– y otras cuatro –la señora Luimener Pacheco y sus tres hijas– recibieron más de 50 balazos al huir de una alcabala de la GNB”, señala el informe.
Sin embargo, en el año 2015 ocurrió el retroceso definitivo en materia de violencia policial.
Los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) eran una operación policial y militar creada por Nicolás Maduro para controlar la delincuencia organizada.
Entre los actos cometidos por la OLP se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, desalojos forzosos, destrucción de viviendas en zonas populares, robo de bienes y deportaciones masivas.
De acuerdo con la cifras reconocidas por las autoridades, durante los dos años que duraron las OLP se registraron 13.589 asesinatos por presunta resistencia a la autoridad. En el año 2017, el Ministerio Público señaló que 505 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado desde julio de 2015 hasta marzo de 2017.
Además Provea registró un total de 85 muertes generadas por masacres desde el año 2015 hasta 2021.
Ante estas cifras, Provea destaca el nivel de impunidad que existe en el país por los delitos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. “
“La poca voluntad para investigar y sancionar ha sido acompañada con una narrativa desde el poder que exculpa, justifica y en oportunidades alienta la acción abusiva de los funcionarios integrantes de la fuerza pública. La protección por acción u omisión a los victimarios estimuló y continúa estimulando las violaciones a los derechos humanos, entre ellos las ejecuciones. La impunidad permite que funcionarios acumulen la autoría de múltiples ejecuciones con la certeza que la posibilidad de rendir cuentas por sus actos es casi nula”, indica el estudio.
Entre las recomendaciones de Provea se encuentra diseñar una política de seguridad ciudadana, excluir a los militares de las políticas civiles policiales, realizar investigaciones para determinar a los responsables y a la cadena de mando involucrada en los asesinatos perpetrados por funcionarios policiales y militares.
También pide retomar las competencias y aceptar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como acatar las indicaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y las establecidas por la Misión independiente de Determinación de Hechos.
La violencia policial se registra en cada estado del país y, de acuerdo con el informe de Provea, es el producto de políticas de seguridad improvisadas y de “mano dura”para controlar la delincuencia sin darle la debida importancia al respeto y protección de los derechos humanos.
