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- Durante el año 2020 solo se registraron 53 intentos de invasión a la propiedad privada, cifra que casi se duplica en 2021
Las violaciones a la propiedad privada persistieron y se profundizaron en el municipio Libertador de la capital durante el 2021. El Frente en Defensa del Norte de Caracas develó que este año se registraron al menos 92 intentos de invasiones en Caracas.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, resaltó que el régimen de Nicolás Maduro convirtió en una política de Estado la violación a la propiedad privada. Agregó que en el 20 % de los casos de invasiones hubo una participación de funcionarios policiales.
“Tienen el apoyo directo de altos personeros de la dictadura como la exalcaldesa Erika Farías que apoyó sin pudor a los llamados colectivos armados durante las tomas ilegales”, afirmó en una nota de prensa.
Cómplices en las invasiones
Rojas calificó al Ministerio Público de cómplice por omisión de las invasiones en la capital. Esto debido que hasta el momento no han imputado ningún invasor, cuando ese tipo de delito tiene penas de hasta 10 años de cárcel conforme al Código Penal.
“La propia Asamblea Nacional (AN) chavista a través del diputado William Gil envió una carta a la Fiscalía pidiendo proteger a invasores de un edificio en la parroquia San José. Intentando con esto frenar una posible imputación en contra de ellos”, detalló.
De acuerdo con el defensor, incluso estuvieron involucrados diputados oficialistas como Rigel Sergent y Carmen Zerpa, en tomas ilegales usando su cargo para efectuarlas con impunidad.
Se cumplen 13 años de la expropiación del Sambil Candelaria
El 21 de diciembre, líderes vecinales de distintas parroquias del municipio Libertador se apostaron frente al Sambil La Candelaria, para levantar su voz de protesta al cumplirse 13 años de su expropiación por parte del expresidente fallecido Hugo Chávez.
Las personas exigen que la recién electa alcaldesa Carmen Meléndez interceda para que el inmueble sea devuelto a su legítimos dueños; para que así se pueda generar progreso y desarrollo en la parroquia.
“Si usted realmente quiere a Caracas, además de fomentar la apertura de decenas de bodegones y cafés en la cuadra de Bolívar, decida como gestión comenzar un verdadero impulso al respeto a la propiedad privada regresando la estructura a sus dueños”, indicó Rojas.
Con la entrega del Sambil La Candelaria, el defensor señaló que se fomentarían más de 4.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Además de los ingresos que percibiría el municipio con los impuestos.
Rojas aseveró que luego de más de una década de expropiado, el régimen de Maduro aún no les ha cancelado una compensación a los 250 comerciantes que habían adquirido locales en dicha estructura.
“Ha pasado más de una década con la estructura abandonada y actualmente sirve de depósito de productos de mi casa bien equipada”, precisó.
Unión vecinal para detener invasiones
Rojas reiteró que la única forma de frenar la oleada de invasiones es con las organización comunitaria, debido a que el 70 % de los intentos de invasión pudieron detenerse gracias a las protestas vecinales.
Durante la protesta, la propietaria del Edificio Cori ubicado en la Av. Fuerzas Armadas (invadido desde hace varios años), Lily Pérez, pidió a las autoridades que respeten, defiendan y devuelvan los derechos que tienen como propietarios.
Propiedad Privada
El artículo 115 de la Constitución venezolana señala que el derecho de propiedad es garantizado y que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.nn“La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, indica el artículo.n
En el año 2020 solo se registraron 53 intentos de invasión, cifra que casi se duplica en 2021. En una entrevista previa para El Diario, Rojas explicó que los números son aproximados y podrían ser más altos, debido a que hay casos que no se denuncian por miedo a represalias.
