- La información la dio a conocer el abogado Alonso Medina. Los cargos son homicidio calificado y torturas
Este viernes 4 de febrero, el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto fueron sentenciados a 30 años de prisión por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo. Los funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) recibieron la sentencia del Tribunal 12 de Juicio.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia exigió, luego de conocer la sentencia, que se investigue la línea de mando del hecho que ocurrió en 2019. Ese año, el capitán Acosta Arévalo fue detenido, acusado de ser “golpista” por el régimen de Nicolás Maduro y torturado por los agentes de la DGCIM.
Según Medina, el juicio oral terminó pasadas las 5:00 pm y posteriormente se tomó la decisión. Se esperaba que el 5 de noviembre de 2021 se determinara las responsabilidades sobre el caso y se aplicara la justicia, pero en ese momento la audiencia se suspendió.
Investigación sobre la cadena de mando quedó pendiente
Alfonso Medina exigió en junio de 2021 que se investigara la cadena de mando sobre los funcionarios de la DGCIM implicada en el asesinato del capitán, no obstante, no hubo respuesta al respecto en la audiencia de este 4 de febrero.
Cuando Saab retomó el caso, reconoció la intencionalidad de homicidio y tortura en el asesinato de Acosta Arévalo, por lo que procedió a presentar una nueva imputación contra Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate Soto.
¿Qué pasó con el Capitán Acosta Arévalo?
El 21 de junio de 2019 fue detenido el capitán Rafael Acosta Arévalo por presuntamente estar implicado en un fallido alzamiento militar contra el régimen el 30 de abril del mismo año. Fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la DGCIM.
Desde su detención, no se sabía sobre su paradero, hasta el 26 de junio, cuando confirmaron su arresto. Sin embargo, el régimen no ofreció detalles de dónde estaba el capitán. De acuerdo con el expediente, fue llevado al hospital el 28 de junio por funcionarios de la DGCIM.
De acuerdo con la autopsia, Acosta Arévalo presentó 38 lesiones en su cuerpo vinculadas a la tortura. El caso fue denunciado por voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachellet, así como por la Misión de Verificación de Hechos. Desde entonces, organizaciones en Venezuela y organismos internacionales exigieron justicia.
