• La pena por aborto aumentó de cinco a 10 años de prisión. La ley también prohíbe enseñar a los niños y jóvenes sobre la diversidad sexual y la ideología de género 

El Congreso de Guatemala aprobó una ley para endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de limitar la educación integral en las escuelas mediante un decreto ratificado el martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia castiga con penas de entre cinco y 10 años de cárcel a quien se realice un aborto (incluso si sufre un aborto espontáneo) y 10 años para la persona que promocione el procedimiento o ayude a abortar.

La legislación también subscribe que el matrimonio queda expresamente prohibido entre personas del mismo sexo.

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El decreto también limitará la enseñanza de educación sexual integral en escuelas públicas y privadas. Esto debido a que consideran que estas políticas “tienden a desviar su identidad con respecto al sexo con el que el individuo nace”.

La iniciativa legislativa se presentó en el Congreso de Guatemala el 27 de abril de 2017, y desde ese momento despertó las críticas de organizaciones sociales por considerar que la norma ataca los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Alejandro Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

El aborto en Guatemala

En Guatemala solamente está permitido el aborto terapéutico, lo que significa que el procedimiento se considera ilegal excepto en los casos en que el embarazo pone en peligro la vida de la persona embarazada.

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Sin embargo, el texto de la nueva propuesta indica que la tentativa de la mujer para causar su propio aborto serán sancionados penalmente, es decir, las mujeres que pierdan su embarazo de manera espontánea podrían ir a la cárcel.

El aborto, prohibido o limitado en la mayor parte de América Latina -  eleconomistaamerica.cl
Foto: EFE

La promoción del aborto será ilegal

De acuerdo Human Rights Watch (HRW), varios estudios sugieren que hasta el 30 % de los embarazos terminan en abortos espontáneos en una etapa temprana de la gestación y al menos el 10 % de los embarazos clínicamente reconocidos culminan por aborto espontáneo.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, el proyecto podría tener resultados absurdos y discriminatorios, pues una mujer que se está recuperando de un aborto espontáneo podría también ser sometida a un interrogatorio por las autoridades sobre la pérdida de su embarazo.  

La aprobación de la ley limitará aún más el acceso al aborto terapéutico, ya que se exigirá la opinión de dos médicos que practiquen estos procedimientos.

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Esta decisión incidirá de manera negativa a las mujeres y niñas ubicadas en zonas rurales, de bajos recursos o con limitaciones en el servicio de salud.

Educación sexual 

El proyecto también busca que se prohíba en las escuelas públicas y privadas promover en la niñez programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género.

Según algunos legisladores, los grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que proponen corrientes de pensamiento incongruentes “con la moral cristiana, así como modelos de conductas y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, representan una amenaza al equilibrio moral de la sociedad”.

La posición del Congreso 

La oposición de izquierda critica la ley que criminaliza la homosexualidad y viola los derechos de la mujer. 

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“Se están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG. 

Esta ley en realidad debería llamarse ley para encarcelar y matar mujeres. Es una de las cosas más descaradas que están haciendo en esta Legislatura y encima de todo, lo hacen en el Día de la Mujeru0022, reclamó Samuel Pérez, del grupo de centroizquierda Semilla. 

Desde la oposición se apunta a que el texto sería inconstitucional por vulnerar los derechos de dos colectivos, las mujeres y los homosexuales. Lo mismo opina el procurador de derechos humanos, Jordán Rodas.

El activista y funcionario público indicó que iniciará los trámites para que el texto sea declarado ilegal por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.  

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