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- La organización Transparencia Venezuela señaló que las audiencias programadas para marzo en la Sala Político-Administrativas fueron canceladas sin razón aparente. En ellas la constructora buscaba anular la suspensión de sus contratos con el Ministerio del Transporte
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió, hasta nuevo aviso, las audiencias que tenía programadas con la empresa brasileña Odebrecht. En su página web, informa la cancelación del juicio programado para el 17 de marzo de 2022, donde la constructora buscaba interponer una demanda de nulidad contra el Ministerio del Transporte.
La organización Transparencia Venezuela indicó que además de esa audiencia también se suspendieron otras dos. En total, se abordarían las demandas de Odebrecht por la paralización de las obras del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco y el sistema ferroviario La Guaira-Caracas-Guatire.
Señaló que todas los casos iniciaron en noviembre de 2020, en respuesta a la decisión un año antes del Ministerio de Transporte de finalizar unilateralmente sus contratos de construcción. Mientras el expediente correspondiente al puente sobre el Lago de Maracaibo quedó a cargo de la magistrada María Carolina Ameliach, la magistrada Eulalia Guerrero llevó el del puente sobre el Orinoco y el magistrado Marco Antonio Medina el del ferrocarril.
De acuerdo con Odebrecht, la razón por la que los tres proyectos quedaron paralizados fue por no recibieron los pagos en los lapsos acordados. Aunque la Sala Político-Administrativa accedió en abril de 2021 a revisar las demandas, no levantó la suspensión de los contratos. Desde entonces, los tres casos han quedado en un limbo judicial.
Inversión millonaria
Transparencia Venezuela recordó que los abogados de Constructora Norberto Odebrecht S.A. introdujeron las demandas ante el TSJ el 3 de noviembre de 2020. Fueron admitidas por la Sala el 14 de abril de 2021. En ellas, los representantes de la empresa acusaban al Ministerio de Transporte de no atender a sus solicitudes de reconsiderar la anulación de sus contratos, hecho que ocurrió en el Resolución Nro. 041 de ese despacho, en noviembre de 2019, alegando un incumplimiento de los proyectos acordados.
Por ejemplo, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, conocido también como puente Cacique Nigale, contó con un presupuesto de 3.100 millones de dólares, del cual la contratista recibió un anticipo de $634.000. A pesar de que el proyecto se aprobó en 2006, para el año 2019 apenas se habían construido poco más de 20 metros de vía férrea. En la actualidad, continúa paralizado y sin esperanzas de ser retomado pronto.
Obras inconclusas
Así como el Nigale, el puente Mercosur, que sería el tercero sobre el río Orinoco, en Bolívar, también quedó solo en promesas. Iba a ser el segundo puente más largo de América Latina, comunicando las poblaciones de Caicara del Orinoco (Bolívar) y Cabruta (Guárico). Con dos 11,1 kilómetros de longitud y dos pisos de altura, contaría tanto con un viaducto para vehículos, como con su propio sistema ferroviario.
El entonces presidente, Hugo Chávez, anunció su creación en 2006, el mismo día que inauguró el puente Orinoquia. Un año después, en 2007, el proyecto se asignó a Odebrecht con un presupuesto de $922 millones. Con el paso del tiempo, su costo se elevaría hasta los $2.800 millones. Estaba previsto terminarse en 2011, año para el cual apenas los trabajos iban por la mitad. Desde 2013 se ha mantenido estancado en el 67 % de avance, sin nuevas asignaciones en el presupuesto nacional. De la estructura que pudo ser, solo se ven hoy los pilares con forma de diamante a medio terminar sobre el río.
Por su parte, el Sistema Ferroviario Nacional es el mayor elefante blanco de los últimos 22 años. Una red que prometía conectar todo el país de la que solo se construyó el sistema Ezequiel Zamora en su tramo desde Caracas hasta Cúa (Miranda). Dentro de esa línea, en diciembre de 2006, Chávez encomendó nuevamente a Odebrecht los planes de expansión del Metro de Caracas, incluido un sistema para el eje Guarenas-Guatire. Documentos a los que tuvo acceso Transparencia Venezuela señalan que $7.800 millones se destinaron a este último proyecto.
En 2014, el fallecido gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro, prometió la construcción de un ferrocarril que conectaría La Guaira con Caracas, formando a su vez un enlace con el inexistente Metro de Guarenas-Guatire. El entonces director de Odebrecht, Jorge Faroh, aseguró que el tramo de 100 kilómetros desde el litoral varguense hasta Guatire contaba con una inversión de $8.000 millones, y estaría listo para el año 2020. Llegado el año, el proyecto ni siquiera inició su construcción, mientras que el Metro de Guarenas se congeló con el 27 % de obras, siendo su inauguración en 2012 aplazada para 2016, y luego para 2018. Finalmente, se dejó de estimar la fecha final, quedando sus pilares en la autopista como un objeto de bromas y críticas por parte de los habitantes de las ciudades mirandinas.
La sombra de la corrupción
Durante el gobierno de Hugo Chávez, Odebrecht fue uno de los mayores contratistas del Estado. Recibió contratos millonarios para la construcción de diferentes proyectos de infraestructura. Desde las líneas 5 y 6 del Metro de Caracas, las líneas 2 y 3 del Metro de Los Teques, hasta la Central Hidroeléctrica de Tocoma. Sin embargo, si en algo brillaron los proyectos sostenidos fue en sus constantes retrasos, estando muchas de sus obras todavía inconclusas en la actualidad.
Esta situación no fue única de Venezuela, sino que se extendió por toda América Latina. En 2015, estalló en Brasil el escándalo de corrupción Lava Jato, que demostró la implicación de Odebrecht en múltiples casos de sobornos a políticos de ese país. Su impacto llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, así como a la detención del expresidente Luis Inácio “Lula” Da Silva. El caso se extendió por todo el continente, revelando una extensa trama donde la empresa financiaba campañas políticas a cambio de contrataciones con los funcionarios electos, indiferentemente de su partido.
El escándalo salpicó a más de 12 países, entre ellos Ecuador, México, Guatemala, Panamá, y República Dominicana. Esto llevó a varios altos funcionarios a compadecer ante la justicia, siendo especialmente grave el caso de Perú. Allí provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como investigaciones contra los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Sin justicia
En su reporte Odebrecht 2018, Transparencia Venezuela encontró, tras revisar cientos de documentos y presupuestos nacionales, que el Estado pagó a la constructora brasileña cerca de $13.000 millones en contratos para 18 obras, de las cuales varias nunca se completaron. Por su parte, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció antes de su salida del Ministerio Público que el monto de lo invertido desde el gobierno de Chávez ascendía a los $30.000 millones. También mostró un video del expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, donde declaraba a la justicia brasileña. Allí el ejecutivo afirmó que la empresa financió la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013 con $35 millones.
Tras la salida del país de Luisa Ortega en 2017, todas las investigaciones contra el régimen de Maduro en el marco de la operación Lava Jato quedaron congeladas. Apenas hubo un silencio oficial, mientras discretamente se retiraba el nombre de Odebrecht de las grúas y pendones de las estaciones de metro. Apenas en septiembre de 2021, Maduro se pronunció sobre el caso para anunciar la aprobación de nuevos presupuestos para finalizar todas las obras inconclusas.
“Esto yo lo he pensado y lo he soñado, recuperarlo con ingeniería nacional. Tenemos los proyectos, el trazado, los materiales y la clase obrera. Odebrecht le echaba tierrita en los ojos a uno, como que son los únicos que pueden construir un elevado, una torre. Eso lo podemos hacer nosotros y culminar toda esa vía”, afirmó. Sin embargo, a meses de esa declaración, todavía no se sabe nada de las constructoras que asumirán esos proyectos, ni se ha visto movimiento sobre los terrenos.
