- El presidente Pedro Castillo justificó que la medida se tomó para “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo calificó la medida de “inconstitucional” | Foto principal: EFE
El martes 5 de abril comenzó a regir en Perú un toque de queda en Lima, que decretó el gobierno. La medida, que se prolongará hasta el miércoles 6 de abril, se produce en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana y que generó bloqueo de rutas y disturbios.
Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao: “Suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
La norma exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.
Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de emergencias médicas. “Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, explicó el presidente Castillo.
Denuncias de inconstitucionalidad
En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de “inconstitucional” por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó la “ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, aseguró en Twitter que la inmovilización social que estableció el gobierno peruano es una restricción “generalizada y desproporcionada” a los derechos de reunión y movimiento. Esta decisión del presidente Pedro Castillo contradice las obligaciones internacionales de Perú”, escribió.
¿Por qué protestan los transportistas?
La paralización de los transportistas responde al incremento de precios de los combustibles y urgir una mesa de diálogo con el gobierno para negociar la reducción del costo del petróleo y derivados. Ante esto, el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio de este año.
La protesta, que el martes 29 de marzo llegó a bloquear 40 vías en el país, continuó el viernes 1° a pesar de los acuerdos que anunció la víspera el primer ministro, Aníbal Torres.
Con el afán de mitigar esa alza, el Ejecutivo oficializó el martes una serie de medidas técnicas. Entre ellas estuvo la incorporación por tres meses de la gasolina de 84 y 90 y el Gasohol de 84 al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC). El gobierno también anunció el jueves 31 de marzo la creación de una “comisión de diálogo” para atender las demandas de los transportistas de carga pesada.
Enfrentamientos, heridos y muertos
En su alocución, el jefe de Estado peruano justificó las medidas debido a los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, lo que ha creado “inseguridad y zozobra”.
Otras personas han sido detenidas por los disturbios provocados en 11 regiones del país que han presentado cortes del transporte terrestre.
La ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín (vecino de Lima), fue escenario de saqueos de diversos comercios y destrozos de cajeros automáticos e instalaciones públicas tras una protesta.
Cientos de personas salieron a unirse a la manifestación de los transportistas en Huancayo y se concentraron en los exteriores de la municipalidad provincial, donde lanzaron piedras y rompieron ventanas de este edificio.
La Policía Nacional, aparentemente, quedó desbordada de forma temporal por la cantidad de manifestantes en las calles de la ciudad y se mantuvo en resguardo de la municipalidad y del gobierno regional de Junín, ubicados en el centro de esa ciudad.
Mientras eso sucedía, el canal N mostró que decenas de personas ingresaron a un supermercado y salieron con productos en las manos, sin que nadie lograra detenerlos. Asimismo, se reportaron destrozos en sedes de bancos y en cajeros automáticos de la calle Real, una de las principales de la ciudad de Huancayo.
Con información de EFE.
