• Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) aseguró que el modelo de censura que impera en Venezuela impulsó el cierre forzoso de fuentes mediáticas

Entre enero de 2020 y noviembre de 2021 se registraron al menos 136 violaciones del derecho al acceso a la información en Venezuela. Así lo informó Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) el 12 de abril en el foro de Acceso a la Información: Una visión regional y específica

Balbi destacó que el modelo de censura que ha imperado en el país desde hace más de 10 años impulsó el cierre forzoso de fuentes del ecosistema mediático. De acuerdo con la directora ejecutiva de IPYS, esto se traduce en que cada vez hay menos espacios a los que se pueda acceder para obtener una visión plural y diversa de lo que ocurre en Venezuela.

Los espacios noticiosos están cada vez más cerrados y por ello no se pueden transformar en esas fuentes alternativas (a las oficiales) de información, esto ha significado un debilitamiento de las condiciones en el ejercicio del periodismo. Por una parte tenemos obstrucciones al trabajo periodístico y por otra, las limitaciones del derecho a pregunta de reporteros”, detalló la también periodista y activista.
En Venezuela se han registrado más de 130 violaciones del derecho al acceso a la información pública

Agregó que en la actualidad los ciudadanos perdieron la preocupación por solicitar información pública, algo que también afectó a IPYS en la recolección de datos sobre las solicitudes negadas de este derecho. De acuerdo con Balbi, la estructura gubernamental no ofrece mecanismos efectivos para proteger el derecho de las personas de exigir la información solicitada. 

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Detenciones arbitrarias 

En el foro, la directora ejecutiva del IPYS aseguró que en 2020 se evidenciaron los números más relevantes de detenciones arbitrarias, de procesos civiles y penales, así como el uso abusivo del poder por parte del Estado.

Hubo una mezcla perversa entre la restricción y la aplicación de la Ley contra el Odio, ya que esta se interpretaba para hacer ver como una provocación por parte de los periodistas o un interés de generar zozobra. Todo esto prácticamente cerró la posibilidad de hablar de información distinta a la que se refería el Estado, eso mermó toda la información alrededor del tema de la pandemia y también alrededor del tema de las elecciones”, indicó.
En Venezuela se han registrado más de 130 violaciones del derecho al acceso a la información pública

Resaltó que distintas organizaciones venezolanas han hablado y denunciado un subregistro de la pandemia del covid-19 en Venezuela, así como vulneraciones al acceso a la información pública en el marco electoral. “En el caso de las elecciones, la mayoría de las restricciones estuvieron vinculadas a la prohibición de los trabajadores de la prensa a entrar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los centros de votación, este escenario supuso un importante deterioro del derecho fundamental”, añadió Balbi. 

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Usar la ley a favor de la sociedad civil y los periodistas 

De acuerdo con la directora ejecutiva de IPYS, la aprobación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (que entró en vigencia el 20 de septiembre de 2021) es un punto importante en los últimos dos años para el derecho a la información. Argumentó que aunque la ley no cumple con los estándares mínimos de garantizar este derecho, se puede usar a favor de los ciudadanos.

“A pesar de todo, hay que usar la ley como un mecanismo de presión para que la población, los periodistas, las organizaciones e investigadores, empiecen a exigir el derecho a la información pública. Aunque no existan instituciones independientes que puedan velar por el cumplimiento de la norma, hay que tomar ese elemento a favor de la sociedad civil, a favor de las organizaciones, de los periodistas, para poder tener más fuerza a la hora de exigir el derecho”, sentenció la periodista.  

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Balbi lamentó que en Venezuela la información de interés público esté “en cautiverio”. Describió que actualmente se percibe un total deterioro de este derecho que ha sido acompañado de una pérdida de institucionalidad por parte del Estado, al que le corresponde no continuar con una conducta poco democrática de ocultar datos, estadísticas y cifras a los ciudadanos.

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