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- Una investigación de la ONG Un Estado de Derecho demuestra que la ciudadanía busca alternativas en materia educativa y de ingresos, distintas a las que ofrece el Estado
En la parroquia Petare, del estado Miranda, un grupo de maestras está ofreciendo tareas dirigidas para garantizar el sustento de sus familias, según informó la organización no gubernamental (ONG) Un Estado de Derecho (UED).
Esta actividad no solo eleva la calidad educativa de su comunidad sino que garantiza un ingreso constante para las educadoras.
El estudio fue dirigida por Antonio Canova, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), catedrático de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y director general de UED; junto con Klaus Jaffe, químico, profesor emérito y coordinador del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Simón Bolívar (USB).
En Petare la solicitud a los docentes para impartir clases particulares se convirtió en algo común.
Se deja claro en la investigación que estos medios de educación alternativos sirven como “microescuelitas”, donde los instructores buscan, junto con los representantes, que se dé una certificación al conocimiento de los estudiantes.
Ingreso constante para las docentes
La investigación de la UDE constató que de 63 maestras consultadas el 53 % utiliza el ingreso de las tareas dirigidas como su principal sustento.
De acuerdo con los montos indicados por las docentes, cobran entre 1 y 5 dólares semanales a cada alumno.
Los cálculos, según el promedio semanal registrado, demostraron que perciben unos $ 34, lo que garantiza una entrada mensual de al menos $ 136.
¿Cuánto devenga un docente en la administración pública?
Datos de la UED aseguran que un docente de máxima categoría en el sistema público (más de 20 años de servicio y posgrados) devenga un sueldo base de unos $ 11, que podría acercarse a 60 dólares o 65 tras la incorporación de los bonos gubernamentales.
La muestra
Los investigadores encuestaron a 458 padres y/o representantes en Petare.
De esta muestra, luego de ser ajustada a los criterios del estudio, se proporcionaron datos de 408 escolares de entre 6 y 16 años de edad.
De ahí, se determinó que 47 ven clases en escuelas públicas, 21 en colegios privados y 7 en planteles privados subvencionados de Petare norte, Petare sur, Petare oeste y el casco histórico.
Esta fase de encuestas rápidas, la primera de dos, arrancó el 16 de septiembre, la misma fecha fijada por el Ministerio de Educación para la reanudación de actividades administrativas, obreras y docentes, previa al reinicio progresivo de clases presenciales después de año y medio en modalidad a distancia por causa del confinamiento por el covid-19.
Las casas de tareas dirigidas abarcadas por el estudio atienden a 797 niños.
UED halló además que el 4 % está fuera del sistema escolar formal.
Gastos educativos
Además, desde la UED pidieron a los padres y/o representantes estimar de una manera muy general, sin mayores esfuerzos de cálculo ni especificaciones de gastos, cuánto invierten mensualmente en la educación de sus hijos.
Los de escuelas públicas arrojaron un promedio $ 16 al mes.
Se les preguntó de qué otra manera, distinta a la formal, educan a sus hijos.
De aquí se desprendió que 39 % paga tareas dirigidas; 38 % no recurre a ninguna; 19 % se vale de reforzamiento en casa; 3 % contrata clases particulares y 1 % aprovecha contenidos de Internet.
Al sumar tareas dirigidas con clases particulares, se aprecia que 42% de las familias petareñas se esfuerzan económicamente por costearse educación.
Los investigadores identificaron un patrón: el pago por los servicios de tareas dirigidas es semanal, en dólares: $ 4 en promedio.
Esto representa aproximadamente unos $ 18 al mes.
Motivación
Según los datos arrojados por el estudio, aunque se ofrecen tareas dirigidas realmente conciben estas actividades como centros pedagógicos o unidades de enseñanza comunitaria.
Declararon que su intención es ser consideradas “prestadoras de un servicio profesional individualizado” más allá del mero apoyo en los deberes escolares.
Al preguntarles qué las impulsó a ofrecer el servicio la opción más representativa fue la del “deber vocacional” (relacionada, aunque no únicamente, con la emergencia pandémica) arrojó 34 %, mientras que demanda de los padres y representantes necesidad de ingresos obtuvieron ponderaciones casi idénticas: 33 %.
