• El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que durante 2021 el hacinamiento en los centros penitenciarios del país fue de 159,05 %

El hacinamiento, el retardo procesal, la falta de atención a la salud de los presos, la escasez de alimentos, la corrupción y la violencia intracarcelaria, son algunos de los factores que reflejan la crisis del sistema penitenciario venezolano, según advirtió el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Dicha organización no gubernamental presentó este martes el informe anual de 2021, denominado La crisis del sistema penitenciario, un reflejo del abandono del Estado, en el cual describe que el hacinamiento en los centros penitenciarios fue de un 159,09 %.

La directora de la organización, Carolina Girón, detalló que la población penitenciaria, al cierre de 2021, era de 33.710 reclusos (3.833 menos que en 2020) cuando los centros penitenciarios cuentan con capacidad para 21.188 personas.

“La situación penitenciaria no ha sido diferente a lo que ha sucedido en los últimos cinco años. Lamentablemente, la situación no ha mejorado. Siguen ocurriendo muertes, falleciendo personas por hambre y condición de desnutrición”, aseveró Girón.

Hacinamiento, enfermedades y retardo procesal, los principales padecimientos de los presos en Venezuela 
Foto: Cortesía

Reclusos en riesgo crítico por hacinamiento

De acuerdo con el estudio, el 68 % de la población reclusa total se encuentra en 14 de los 52 centros carcelarios que hay en Venezuela.

El OVP resaltó que la capacidad de alojamiento de las personas privadas de libertad no solo se ha visto reducida por el alto número de población reclusa, sino por las políticas adoptadas por el Estado en lo que se refiere al cierre de establecimientos penitenciarios y a la falta de ejecución de planes para la modernización, mejoras y construcción de nuevas instalaciones carcelarias.

La organización puntualizó en el informe que en celdas de 10 x 10 metros cuadrados sobreviven entre 90 y 100 reclusos, lo que pudieron documentar en el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en Guatire (estado Miranda), que a pesar de contar con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “expone a la población reclusa a condiciones inhumanas”. 

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Añadió que la situación ha comprometido seriamente la salud de cada uno de los internos. 

En este sentido, la ONG sostuvo que el hacinamiento genera un impacto directo en las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, obstaculizando el cumplimiento de sus derechos humanos y agravando patrones de violencia, salud, alimentación e incluso el de la reinserción. 

Por quinto año consecutivo, el hacinamiento en riesgo crítico, de acuerdo a estándares internacionales en la materia, representa una de las problemáticas más graves de las cárceles venezolanas”, indicó la organización.

Investigación en cárceles del país

La ONG indicó que la investigación fue realizada mediante la recolección de datos de los hechos acontecidos en las distintas cárceles y calabozos de Venezuela, en el transcurso del año 2021.

De acuerdo con el OVP, analizaron los resultados de la investigación atendiendo los principales estándares de derechos humanos aplicados en materia de privación de libertad.

“Las fuentes de información que empleamos fueron entrevistas a los reclusos y sus familiares, artículos de medios de comunicación, investigaciones por miembros de comisiones de derechos humanos en diversos estados del país, e informes de abogados litigantes, profesores universitarios y expertos profesionales”, detalló.

Además, en el transcurso del año monitorearon los diferentes medios de comunicación digitales e impresos de cada una de las regiones del país.

Retardo procesal

Carolina Girón aseveró que la población reclusa está en “riesgo crítico” debido al hacinamiento, cuyas principales causas son la disminución de 5.050 plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios desde 2002 y el retardo procesal, el cual afectó al 70 % de los casos.

Agregó que el 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, que “todavía no ha sido probada la culpabilidad” de los delitos, mientras que el restante (46 %) ya está penado.

“El Poder Judicial ha optado por privación de la libertad en detrimento de beneficios (libertad bajo fianza). Muchas personas pudieran llevar sus procesos desde sus casas y eso ayudaría al descongestionamiento de los centros penitenciarios”, expresó Girón.

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Señaló que hay casos de reclusos que, pese a que cumplieron su pena, no han sido emitidas sus boletas de excarcelación. Además, hay otras personas con boletas de excarcelación que continúan presas.

El OVP indicó que el sistema de justicia venezolano por años viene padeciendo “irregularidades que se alejan del cumplimiento de su competencia”, situación que se vio agravada por las restricciones iniciadas en el año 2020 debido a la pandemia del covid-19.

 Falta de atención médica

El OVP destacó que la población reclusa, por sus condiciones de encierro, dependen necesariamente del Estado para la promoción y la protección de la salud. Sin embargo, debido a la profunda crisis sanitaria en el país, el problema se ha adentrado de forma extensiva en los centros de reclusión, vulnerando continuamente los derechos a la vida y a la salud de los presos.

Resulta inconcebible que en las cárceles del país, se niegue el acceso a la atención médica y a tratamientos correspondientes, situación que se constata ante la proliferación de enfermedades (…)  y los altos índices de mortalidad asociados a condiciones de la salud”, indicó.

La organización recordó que desde el año 2019 la primera causa de muerte en las cárceles del país es por padecimientos de salud. Además, añadió que no existe un centro de salud completamente operativo dentro de los perímetros de la cárcel.

En el informe, la ONG señaló que la falta de médicos fijos y cualificados, personal de área de la salud en general, medicinas e insumos médicos, deja al descubierto la omisión del Estado venezolano. 

De acuerdo con el estudio, al menos 126 personas privadas de libertad fallecieron en 2021, de los cuales 90 fueron por cuestiones de salud.

Las principales patologías registradas durante el año fueron la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares. 

A pesar de la proliferación de enfermedades existentes en las cárceles venezolanas, el OVP precisó que no se ha registrado personal médico permanente dentro de los penales y que, por el contrario, se ha delegado arbitrariamente la precaria atención a la salud, a un reducido personal de enfermería.

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“En nuestras cárceles no hay médicos, se niega el acceso a la atención médica a presos. Hay malas condiciones de salubridad e higiene, lo que empeora las condiciones de salud. Nuestros presos están todos desnutridos. Unos presentan ya signos de desnutrición severa. Hay hombres y mujeres que pesan menos de 45 kilos”, dijo Carolina Girón.

Hambre y carencia de agua potable

La organización resaltó que la denegación de una alimentación balanceada ha representado uno de los puntos más críticos por años. Además, puntualizó que el incumplimiento del Estado y de las autoridades encargadas se ha convertido en “el padecimiento principal de la población reclusa”.

“En Venezuela, el servicio de alimentación de las prisiones es responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario; sin embargo, el hambre, la carencia de agua potable y las graves condiciones de salud, ha sido el detonante principal de las prisiones del país”, reseñó la organización.

En el documento, la ONG destacó que desde el año 2017 dicha situación despertó las alarmas y en el año 2021 ha empeorado; trayendo consigo la proliferación de enfermedades, pérdidas de vidas y prácticas inadmisibles dentro de las prisiones como actos de corrupción, situaciones de violencia, motines y huelgas. 

De acuerdo con la investigación, en las cárceles venezolanas se ha observado que la frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria, con intervalos que han llegado a superar las 24 hora

La organización registró que a lo largo del territorio nacional el menú mantiene patrones similares que consisten en: agua de arroz, agua de pasta, agua de verduras, harinas, alimentos sin sal o azúcar.

En este sentido, el OVP considera oportuno convidar a los organismos nacionales competentes en la materia penitenciaria, para que inicien acciones reales y con contenido humanitario, las cuales conlleven a la regularización de las condiciones de reclusión dignas en el país.

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