• La fiscal Cecilia Incardona apeló la orden del juez de liberar a 12 de los 19 tripulantes de la nave de Emtrasur. Mientras tanto, el expediente pasó al tribunal de alzada, lo que mantiene congelada la investigación

La decisión del juez de liberar a parte de la tripulación del avión venezolano-iraní retenido en Argentina fue suspendida este lunes 8 de agosto, por solicitud de la Fiscalía. Fuentes cercanas confirmaron a la agencia EFE que el fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona.

La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, dispuso una orden para dejar en libertad a 12 de los 19 tripulantes del avión. Se desconoce si se trata de los miembros venezolanos del equipo, quienes quedaron detenidos junto a cinco pilotos de nacionalidad iraní, quienes son investigados por sus posibles vínculos con el terrorismo. La defensa de los acusados también recurrió la medida judicial.

En cambio, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que es demandante en el caso, resolvió no apelar el fallo de Villena para evitar retrasos en la investigación. “Cuando somos querellantes, lo que nos importa es la producción total de la prueba”, dijo la abogada de la DAIA, Marta Nercellas.

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El expediente de apelación ingresó este lunes en el tribunal de alzada, por lo que se abre un compás de espera hasta que esta cámara judicial resuelva. Nercellas destacó que su equipo logró que se decreten medidas de prueba adicionales antes de que el recurso de apelación ingresara en el tribunal de alzada y así evitar un retraso en la investigación.

El caso

El avión retenido en Argentina es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. Ambas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz. Dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, porque ese país no habilitó su aterrizaje.

Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos. Posteriormente, el 11 de junio, el gobierno argentino confiscó el avión. El juez también ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación, quienes, por lo demás, tienen plena libertad de movimientos. Actualmente se investiga el avión y los dispositivos incautados para obtener más datos sobre qué hacían en Buenos Aires los integrantes del vuelo.

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Uno de los pilotos, el iraní Gholamreza Gashemi, señalado de ser un miembro de las Fuerzas Quds. Se trata de una división de la Guardia Revolucionaria Islámica, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá.

El caso generó un fuerte revuelo en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990. Uno fue contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y otro contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. La justicia argentina y la comunidad judía local acusa por ambos hechos al grupo extremista Hezbolá y a miembros del entonces gobierno iraní.

Lucha por el avión

La medida ocurre en medio de un proceso de lucha por la custodia del avión venezolano-iraní, en la que están involucrados el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. El 2 de agosto, el Departamento de Justicia solicitó a Argentina la incautación del Boeing 747, por orden de la Corte del Distrito de Columbia.

En un comunicado, alegaron que las autoridades estadounidenses pueden ocupar la nave, por violar sus leyes de control de exportaciones. Señaló que Mahan Air está sancionada desde 2008, por lo que la transferencia del avión a Conviasa sin autorización rompe la prohibición de hacer negocios relacionados con commodities exportados desde Estados Unidos.

También indicó que Gholamreza Gashemi es, en efecto, miembro de la Guardia Islámica. Indicó que el piloto es además directivo de la aerolínea iraní Fars Air Qeshm, sancionada en 2019 por enviar armamento a grupos territoristas en países de Medio Oriente utilizando sus aviones.

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El régimen de Maduro, que había permanecido en silencio sobre el caso, se pronunció luego de que Estados Unidos entrara al caso. Acusó al gobierno estadounidense de intentar robar la aeronave como parte de sus sanciones contra Venezuela. Su denuncia consiguió eco en organizaciones afines al régimen como la Alianza Bolivariana de Pueblos de América (Alba), que emitió un comunicado repudiando el hecho.

“Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina”, exclamó Maduro este lunes.

Con información de EFE

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