• A los acusados se les señala de orquestar un esquema complejo para obtención ilegal de tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusó de 12 cargos a cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos por delitos relacionados con el contrabando, evasión de sanciones y lavado de dinero con el uso de empresas ficticias y criptomonedas.

De acuerdo con el comunicado publicado por el organismo el 19 de octubre, los acusados fueron identificados como Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov de Rusia; y Juan Fernando Serrano Ponce (conocido como Juanfe Serrano) y Juan Carlos Soto, de Venezuela.

Serrano y Ponce están acusados por el tribunal de negociar acuerdos petroleros ilícitos para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, precisó que los acusados ​​fueron “facilitadores criminales de los oligarcas”, debido a que orquestaron un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela.

“Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”, declaró 

Desmantelamiento de la red 

La fiscalía detalló que el 17 de octubre de 2022 se detuvo a Orekhov en Alemania y a Uss en Italia, ambos a pedido de Estados Unidos. Los presuntos delincuentes se someterán a un proceso de extradición.

“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos y dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales corruptas, que a sabiendas intentaron ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho del petróleo del mercado negro” dijo Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del FBI. 

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El oficial detalló que la red planeó adquirir tecnología sofisticada en apoyo directo de un complejo industrial militar de la Federación Rusa. 

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Por su parte, el agente especial a cargo del Departamento de Comercio de EE UU, Jonathan Carson, declaró que los esquemas criminales complejos como ese requieren una coordinación y colaboración sostenida entre las fuerzas del orden público federales y los socios internacionales. 

Las redes de empresas ficticias, las criptomonedas y una red internacional de estafadores no lograron proteger a Yury Orekhov y sus compinches de la aprehensión de las fuerzas del orden de EE UU. Acabar con la evasión de los controles de exportación de tecnología militar es una de las principales prioridades”, aseveró Andrew Adams, director de la Fuerza de Trabajo KleptoCapture.

Empresas fantasmas

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Yury Orekhov se ha desempeñado como copropietario, director ejecutivo y director gerente de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una empresa privada de comercio de productos básicos y equipos industriales ubicada en Hamburgo, Alemania. 

El otro propietario de la empresa es Artem Uss, hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai. Por su parte, Kuzurgasheva se desempeñó como directora ejecutiva de una de las empresas fantasma del esquema y trabajó para NDA GmbH.

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El organismo detalló que, utilizando NDA GmbH como empresa fachada, Orekhov y Kuzurgasheva compraron tecnologías militares sensibles y de doble uso de fabricantes estadounidenses, incluidos semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras tecnologías militares basadas en el espacio. 

“Estos artículos se enviaron a usuarios finales rusos, incluidas empresas sancionadas controladas por Telegin y Tulyakov, como Radioavtomatika, Radioexport y Abtronics, que prestaban servicios al sector de defensa de Rusia. Algunos de los mismos componentes electrónicos obtenidos a través del esquema criminal se han encontrado en plataformas de armas rusas incautadas en el campo de batalla en Ucrania”, destacó.

Contrabando de petróleo

El Departamento de Justicia señaló que Orekhov y Uss también utilizaron a NDA GmbH como fachada para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela para compradores rusos y chinos.

“Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones”, afirmaron las autoridades estadounidenses

Estados Unidos acusó a cinco rusos y dos venezolanos de lavado de dinero con criptomonedas
Estados Unidos acusó a cinco rusos y dos venezolanos de lavado de dinero con criptomonedas | Foto: EFE

En una comunicación con Serrano Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado. Dijo: “Él (el oligarca) también está bajo sanciones. Es por eso que (estamos) actuando desde esta empresa (NDA GmbH). Como fachada”. Así lo describió el organismo.

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El esquema empleado por los acusados también involucró documentos de envío falsificados y supertanques que desactivaron sus sistemas de navegación GPS para ocultar el origen del petróleo.

Pagos se efectuaban en dólares y criptomonedas

El pago de las actividades ilegales de la empresa NDA GmbH por lo general se efectuaba en dólares a través de instituciones financieras estadounidenses y cuentas bancarias corresponsales. 

El departamento señaló que la red criminal usó empresas ficticias y falsificó documentación para entrar en el sistema financiero de los Estados Unidos. Además, utilizaron cuentas bancarias en “jurisdicciones de alto riesgo”, lo que provocó que los bancos estadounidenses procesaran decenas de millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses y otras leyes penales.

La red también utilizó envíos masivos de efectivo con mensajeros en Rusia y Latinoamérica, así como transferencias de criptomonedas con un valor de millones de dólares, para efectuar el lavado de los ingresos.

El Departamento de Justicia puntualizó que si son declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a un máximo de 30 años de prisión. Aclaró que los cargos en la acusación formal son alegaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

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