• Hace cuatro años que la CIDH falló a su favor en el caso de violencia de género, todavía no ha conseguido que el Estado venezolano le haga justicia

La venezolana Linda Loaiza, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y abusada en 2001, denunció que el Estado venezolano no ha tomado ninguna acción en su caso cuando se cumplieron cuatro años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esa sentencia no abrió ninguna puerta para que el sistema de Justicia venezolano hiciera algún gesto reivindicador de su nefasta actuación en mi caso”, escribió Loaiza en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Loaiza manifestó que un fallo internacional no basta si el Estado no cumple con ese mandato. Agregó que en Venezuela sigue la impunidad sistemática, abriendo la puerta para la continuidad de crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes.

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Linda Loaiza: “El Estado le sigue fallando a las mujeres venezolanas”

Fallo 

En 2018, la CIDH encontró al Estado responsable por la tortura y violencia sexual que sufrió Linda Loaiza López Soto, al haber incurrido en la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las convenciones interamericanas que protegen a la mujer. 

Con apenas 18 años de edad, Linda fue secuestrada por un hombre el 27 de marzo de 2001. Cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud.

Los jueces de la CIDH constataron que, durante el periodo que estuvo secuestrada, Loaiza López “fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos”.

Según la sentencia, la mujer también fue víctima de “golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros”.

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En el proceso penal interno de Venezuela se llevaron a cabo dos juicios orales, ya que el primero fue anulado. En el segundo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones. Recibió una condena de seis años de prisión y salió en libertad dos años después.

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Primer caso de violencia de género en la CIDH

Linda Loaiza es reconocida por presentar el primer caso de violencia de género contra el Estado venezolano ante la CIDH.

Más de la mitad de su vida la ha dedicado a buscar justicia por lo que le pasó. Y a pesar de que logró la sentencia a su favor en la CIDH, todavía no ha conseguido que el Estado venezolano responda a sus garantías.

Loaiza señaló que el Estado violó diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras que el Estado de Venezuela sostuvo que no era responsable por violaciones a la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará ni la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión de la CIDH concluyó que el Estado venezolano era responsable por la violación de varios derechos a la integridad personal. Por lo que realizó varias recomendaciones a Venezuela para resarcir el daño a Linda Loaiza: 

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-Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a estas acciones u omisiones por parte de las autoridades que atendieron el caso. 

-Disponer una reparación integral a Linda Loaiza López y sus familiares por las violaciones de derechos humanos. 

-Realizar un acto de disculpas públicas para Linda y sus familiares. 

-Campañas de sensibilización sobre la violencia contra la mujer y una beca de estudios para el desarrollo profesional de la víctima. 

-Brindar de forma gratuita, y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a la víctima. 

Además, la CIDH solicitó al Estado venezolano la disposición de mecanismos de no repetición que incluyan la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. 

Ahora, cuatro años después, Linda Loaiza denunció que el Estado no ha dado respuesta a ninguna de las recomendaciones de la CIDH sobre su caso.

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