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- El único método de compensación salarial otorgado por el Ejecutivo ha sido el “Bono de Guerra Económica” que ofrece a través del Sistema Patria. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511
El salario mínimo en Venezuela cumplió el 15 de marzo 12 meses estancado en 130 bolívares. Durante este tiempo, el ingreso mensual de un trabajador pasó del equivalente a 30,3 dólares a tan solo 5,41 dólares, si se calcula a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día, que se encuentra en 24 bolívares.
En ese momento, el régimen venezolano aumentó el salario de 2 dólares mensuales a 30, lo que significó un alza nominal importante, pero que un año se volvió insignificante ante el aumento del tipo de cambio y la subida de los precios de los alimentos.
Al respecto, la ONG Provea calificó el salario mínimo como un “pago de hambre” que no permite garantizar las necesidades y la calidad de vida de la población que depende de ese ingreso.
La depreciación del bolívar y la inflación han afectado directamente a los trabajadores de la administración pública que suman 5,5 millones, según cifras oficiales. A estos se añaden otros cinco millones de pensionados.
El poder de compra de quienes reciben salario mínimo no cubre los costos de la canasta alimentaria de una familia, que de acuerdo a algunas organizaciones como el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) o el Cendas se calcula sobre los 400 dólares mensuales.
El OVF en sus cifras correspondientes a febrero de 2023, indicó que la tasa de inflación mensual alcanzó a 20,2 %, la acumulada a 67,7 % y la anualizada 537,7 %, cifras que de acuerdo con el ente “destruyen la capacidad de compra de los salarios” y podían llevar a Venezuela nuevamente a la hiperinflación.
Actualmente, el salario mínimo es tan bajo que dejó de ser una referencia para el sector privado, donde en promedio los trabajadores de menor rango devengan 126 dólares mensuales, reflejó el OVF.
Las manifestaciones no cesan
Ante la incertidumbre por la falta de aumentos salariales, ni las protestas en todo el país ni las reuniones del Foro de Diálogo Social junto al sector privado y los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han logrado materializar un ajuste salarial.
Las federaciones de maestros, profesores universitarios, así como el gremio de salud y otros empleados públicos han liderado las manifestaciones que se repiten a diario sin que el régimen de Nicolás Maduro anuncie alguna medida en concreto.
Recientemente, los docentes universitarios hicieron un paro de 48 horas al que se unieron otros sectores exigiendo el respeto a sus contrataciones colectivas y apelando a una respuesta del Ejecutivo.
En una alocución, Maduro se refirió al asunto y aseguró que su Administración atraviesa por una fase de “parto y resistencia” por las sanciones internacionales de Estados Unidos que les impide a su juicio aplicar los ajustes correspondientes.
Sin embargo, los reportes de exportaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalaron que durante 2022 Venezuela recibió unos 18.000 millardos de dólares en ingresos por venta de petróleo, una cifra que superó los 6.000 millardos que generó en 2020.
Ana García, quien es docente de educación básica en una escuela que depende del Ministerio de Educación, dijo a El Diario que la pérdida del poder adquisitivo de los maestros es tan alta que se ha visto en la necesidad de tener dos actividades adicionales para garantizar una vida digna para su familia.
No hay poder de compra y el comercio se ve comprometido
Un estudio realizado por la firma Ecoanalítica registró una desaceleración de las ventas comerciales en el país desde octubre de 2022, situación que se extendió hasta enero de este año.
Según su medición, las ventas en enero de 2023 reflejaron una contracción 17 % respecto a enero del año pasado. Este comportamiento representa un “desafío” para la firma y prevén que la tendencia continúe en los próximos meses.
Por su parte, la Universidad Católica Andrés Bello presentó una encuesta sobre la situación psicosocial en el país donde se evidenció que para 6 de cada 10 venezolanos la principal causa de estrés viene dada por los problemas económicos.
La indexación que nunca ocurrió
Cuando se hizo el aumento salarial de marzo de 2022, Nicolás Maduro habló de una indexación a “medio Petro”, por lo que se esperaba la creación del mecanismo que permitiera ajustar el salario en la medida que aumentara el valor del criptoactivo nacional, pero eso no ocurrió.
Tras la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.691 nunca se indicó que el salario mínimo estaría anclado al Petro.
Hasta ahora, el único mecanismo de compensación establecido por el Ejecutivo han sido los aportes otorgados a través del Sistema Patria a través del llamado “Bono de Guerra Económica” tanto para los trabajadores públicos, como para los pensionados.
El último que fue entregado en marzo de 2023, fue de 700 bolívares (29,2 dólares) para personal activo y 500 bolívares (20,87 dólares) para jubilados y pensionados.
La periodicidad y los montos establecidos para este mecanismo continúan siendo discrecionales por parte del régimen venezolano.
Ingreso de emergencia
Parte de los acuerdos a los que se llegó en el Foro de Diálogo Social celebrado recientemente en Margarita, entre el Ministerio del Trabajo, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y los representantes sindicales de los trabajadores, y la Organización internacional del Trabajo (OIT), fue la creación de una nueva mesa técnica para definir el mecanismo para fijar los salarios.
Sin embargo, los líderes sindicales expresaron la necesidad de aplicar “un ingreso de emergencia” que pueda atenuar las dificultades que enfrenta la clase trabajadora.
La Central de Trabajadores ASI Venezuela propuso que ese ingreso sea de 50 dólares mensuales por un año para trabajadores públicos, jubilados y pensionados.
En cuanto a las fuentes de financiamiento para el salario mínimo y el ingreso de emergencia, ASI Venezuela explicó que los recursos se pueden conseguir de distintas formas como el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF); el impuesto al débito bancario; el impuesto al Valor Agregado (IVA), los dividendos de CITGO, filial de PDVSA, y las actividades estratégicas con los iraníes, rusos o chinos.
