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- Carlos Trapani, coordinador general de la ONG, destacó que las instituciones del Estado atendieron la mayoría de los casos remitidos, aunque eso no significa que la atención fue oportuna en todos los casos
El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) presentó el martes 25 de abril su informe Somos Noticia 2023 en el que identificaron un aumento en las solicitudes de atención jurídica a casos de acoso escolar, abuso sexual y maltrato infantil entre abril de 2022 y marzo de 2023.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, mencionó algunos de los datos recopilados por el Servicio de Atención Jurídica (SAJ) en ese periodo. Este servicio recibió a un total de 854 beneficiarios a través de 232 solicitudes. Además, se realizaron 1.732 intervenciones de asesoría legal.
106 de estos casos corresponden a violaciones al derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes. Dentro de este grupo 26 correspondieron a denuncias de acoso escolar, 22 a denuncias por abuso sexual y 17 a maltrato infantil.
En comparación con el año anterior, los casos de acoso escolar tuvieron un incremento de 225 %. Trapani considera que el regreso total a la presencialidad escolar pudo estar relacionado con el aumento de las denuncias.
Otras de las asesorías jurídicas relacionadas con violaciones a la integridad personal fueron por conflictos causados por la propia conducta del adolescente, negligencia, castigo físico y humillante, niños en situación de calle, grooming y ciberacoso.
Derechos vulnerados
El informe señaló que 33,51 % de los casos atendidos en el SAJ estuvieron relacionados con el derecho a la familia, siendo este el segundo derecho más vulnerado en ese periodo. Estos casos incluyeron situaciones de convivencia y colocación familiar.
14,89 % de los casos se relacionaron con el derecho a la educación, entre ellos abordaron temas como la calidad de la enseñanza, discriminación en instituciones educativas y prosecución escolar (continuidad de los estudios).
El SAJ también atendió casos de violencia basada en género, en los que las víctimas fueron principalmente las madres y los niños, esto rep14,89 % de los casos se relacionaron con el derecho a la educación, entre ellos abordaron temas como la calidad de la enseñanza, discriminación en instituciones educativas y prosecución escolar (continuidad de los estudios). resentó el 3,19 % de las solicitudes. Otro 3,19 % correspondió a casos de violación al derecho al libre transito y la migración.
Sobre el derecho a la identidad, Cecodap atendió casos vinculados con obstáculos para tramitar actas de nacimiento y cédulas de identidad, estos representaron 3,72 % de los casos. Asimismo, 1,06 % de los casos atendidos abordaron situaciones de negligencia en el cuidado y manutención de niños en contextos de pobreza.
Más datos del informe
En 20,33 % de los casos atendidos por el SAJ se identificó a los presuntos agresores como el padre de la víctima, mientras que en 14,83 % de los casos fue la madre la presunta agresora.
Se estimó que en 12,28 % de las denuncias el agresor fue un compañero de clases, el 7,20 % se le atribuyó a algún docente, 2,54 % a algún desconocido y 3,82 % al Estado. Además, 5,93 % de las agresiones fueron por la propia conducta del adolescente y el 13,13 % restante se relacionan las agresiones con otro motivo.
De las 1.732 intervenciones realizadas por el SAJ, 96,36 % correspondieron a orientaciones jurídicas verbales; 2,99 % a orientaciones escritas y 0,63 % a denuncias realizadas directamente por Cecodap.
El informe revela que 78,84 % de los casos que fueron remitidos a algún Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente recibieron atención en esa institución, mientras que en 21,05 % de los casos la víctima o la familia prefirió no denunciar.
Con respecto a los casos remitidos al Ministerio Público, 40 % de los casos llegaron a la Fiscalía y fueron atendidos, 10 % no recibieron atención y en el 50 % restante la víctima y la familia no denunció.
Denuncia y atención a las víctimas
Carlos Trapani señaló como dato positivo que aumentó la atención por parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, advirtió que recibir una denuncia no significa en todos los casos que se restablece el derecho vulnerado.
Alegó que pese a esa atención, muchas de las víctimas aún no se atreven a denunciar por diversos motivos. Entre las razones mencionó la desconfianza al sistema, las trabas burocráticas, los trámites engorrosos y el miedo a represalias por parte de los agresores o las instituciones.
Angela Villafranca, abogada del SAJ, comentó que aunque Cecodap le hace seguimiento a los casos atendidos y muchos de ellos llegan a una instancia judicial, no siempre las familias se sienten conformes con los resultados, sentencias o decisiones de las instituciones, por lo que expresó que es difícil precisar cuándo la víctima siente que se restablecieron sus derechos.
Ante el alarmante incremento de casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato infantil, Cecodap incluyó en su informe recomendaciones al Estado venezolano como la implementación de políticas públicas que promuevan difundan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Agregaron la necesidad de fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Además solicitaron poner a disposición de las organizaciones y medios de comunicación un sistema con datos oficiales sobre las situaciones que afectan los derechos de la niñez y la adolescencia.
