• La banda delictiva engañaba a las menores de edad citándolas para una supuesta entrevista de trabajo

Cuatro personas fueron detenidas por presuntamente obligar a dos adolescentes de 15 años de edad a ejecer la prostitución en el sector 19 de Marzo, ubicado en San Fernando, estado Apure.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), informó el miércoles 26 de abril que los capturados manejaban un establecimiento clandestino en donde supuestamente vendían drogas.

Los funcionarios de la policía científica identificaron a los detenidos como: José Daniel Correa Carvajal (21), Mildrelis Carolina Vilera Guedez (23), José Alejandro Jaime Anave (28), y Félix Adrián Rondón Pérez (37).

De acuerdo con la información, Vilera Guedez se encargaba de captar a las adolescentes citándolas en un lugar para hacerles una supuesta entrevista de trabajo; una vez en el sitio, el resto de la banda las obligaba a tener relaciones sexuales con clientes del club clandestino.

Se conoció que presuntamente Correa Carvajal distribuía los estupefacientes y era el encargado del cobro de los servicios sexuales.

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Además de las detenciones, en el operativo se incautaron varios celulares y equipos de sonido como evidencia.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público. Hasta el momento, se desconocen los cargos imputados.

¿Dónde denunciar los casos de abuso sexual a adolescentes?

Las agresiones sexuales contra adolescentes deben denunciarse ante el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de Defensa Pública, la Defensoría Pública y las sedes del CICPC.

Además, el artículo 119 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente señala que también están autorizadas para recibir este tipo de denuncias el Ministerio del poder popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente y los Tribunales de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes.

El delito de trata de personas va en aumento

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) advirtió el 20 de abril que el delito de trata de personas en el país va en aumento.

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La organización denunció que las bandas delictivas captan a niñas y adolescentes para obligarlas a ejercer la prostitución en Venezuela y en otros países de la región como Colombia y Perú.

Según el OVV, la mayoría de las víctimas tienen edades comprendidas entre los 11 y 17 años.

El modus operandi más frecuente para captar a las menores de edad es citándolas en una determinada dirección con el ofrecimiento de hacer trabajos de modelaje; una vez en el lugar, les quitan la documentación y las obligan a tener relaciones sexuales con los miembros de la banda.

Recientemente, las fuerzas de seguridad venezolanas desmantelaron un grupo delictivo dedicado a la trata de menores de edad hacia Colombia. En el operativo, fueron rescatadas dos adolescentes de 11 y 14 años de edad.

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El CICPC capturó a dos mujeres en Nueva Esparta que se dedicaban a la trata de personas
Foto: ATV

Venezuela entre los países con menos prevención contra la explotación y abuso sexual infantil

El informe publicado por el portal Economist Impact en marzo de 2023 aseguró que Venezuela es el segundo país con peor prevención de casos de abuso sexual infantil en Latinoamérica y el Caribe.

“De los 60 países que se incluyen en el índice Fuera de las sombras, Venezuela se encuentra en el puesto 47 a nivel global, con una puntuación de 43,8 sobre el máximo posible de 100”, indicó el informe.

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De acuerdo con la información, en el país hay brechas significativas en la legislación que protege a los menores de edad de la explotación y el abuso sexual.

El estudio presentado por Economist Impact destaca que el Plan de Acción Nacional contra la Explotación y Abusos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes caducó y no existe planificación para hacer un nuevo lanzamiento. Además, recordó que al menos 1.000 casos de violencia sexual infantil fueron denunciados los primeros seis meses de 2022.

“Una legislación explícita es clave para evitar ambigüedades con respecto a qué constituye un delito”, insistió el portal.

A su juicio, hay precariedad en la preparación de fiscales y jueces encargados de atender este tipo de casos.

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