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- Al menos el 50 % de los ataques fueron realizados por actores afines al régimen de Nicolás Maduro, según un informe del Centro para los Defensores y la Justicia
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 20 ataques e incidentes de seguridad contra defensores y organizaciones de derechos humanos durante abril de 2023 en Venezuela.
“Las situaciones documentadas durante el mes de abril permiten demostrar que la política de criminalización en Venezuela es sistemática”, aseguró en su informe publicado en su página web el 25 de mayo.
Entre los tipos de agresiones que contabilizó la organización no gubernamental (ONG) destacaron: una amenaza, 10 estigmatizaciones y nueve intimidaciones y hostigamientos.
“Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas como parte de la respuesta represiva del Estado”, se lee en el reporte mensual.
Asimismo, advirtió que aumentaron los avances en instrumentos normativos que buscan obstaculizar la defensa y exigencia de los derechos humanos.
“Preocupa al CDJ que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco, las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado”, alertó la ONG.
Al menos 70 % de los ataques fueron contra ONG de Derechos Humanos
De acuerdo con el informe de CDJ, al menos un 70 % de los ataques estaban dirigidos contra ONG defensoras de derechos humanos, mientras que un 30 % fueron en contra de defensores.
Entre las principales víctimas de estos ataques se encuentran el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); el defensor Javier Tarazona, quien permanece detenido desde junio de 2021, y el periodista y defensor Luis Carlos Díaz.
Por otro lado, la ONG adjudicó 10 de estas agresiones, lo que se traduce en 50 % del total, a actores afines al régimen de Nicolás Maduro y a estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3).
Mientras que funcionarios públicos de cuatro de los ataques (20 %) realizados a través de sus redes sociales o de medios de comunicación gubernamentales con el objetivo de estigmatizar e intimidar.
Además, cuatro de los ataques son responsabilidad de las Instituciones Públicas y dos casos más, lo que equivale a un 10 %, realizados por medios tradicionales y digitales afines al Estado.
ONU expresó preocupación por el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación y Actuación de las ONG
A los ataques registrados por el CDJ durante el mes de abril de 2023, se suma también la posible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regulación y Actuación de las ONG, un proyecto impulsado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional electa en 2020 que buscará restringir la actividad de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, bien sea cortando sus fuentes de financiamiento, o directamente ilegalizándolas.
En marzo de este año, el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, mostró su preocupación ante este proyecto legislativo.
“La presentación de un proyecto de ley reciente para regular a las ONG ha despertado preocupaciones que comparto. He facilitado observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y repito mi llamamiento para que la legislación se alinee con las normas internacionales de derechos humanos”, aseguró.
El comisionado también cuestionó las restricciones que se siguen imponiendo desde el Estado a los medios de comunicación. “Se han cerrado sitios web, emisoras de radio y programas”.
Añadió que los periodistas y voceros de sindicatos siguen siendo objeto de hostigamiento, ataques y criminalización.
