• La ONG detalló que los hechos son una respuesta a las denunciadas realizadas por el personal sanitario debido a las malas condiciones de los centros de salud

La organización no gubernamental (ONG) Monitor Salud informó que en Venezuela se contabilizaron 142 amenazas, agresiones físicas o coacciones para renunciar contra el personal del área sanitaria, durante el primer semestre de 2023.

En un informe publicado el 28 de julio, la organización aseguró que estos hechos son una respuesta a “las denuncias por las malas condiciones de los centros de salud”, así como las constantes vulneraciones a los derechos laborales y “la negativa a laborar bajo condiciones que representen un riesgo para el personal”.

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Monitor Salud detalló que en los primeros seis meses del año se computaron 134 amenazas a personal que trabaja en 55 de los principales centros de salud de todo el país. 

Monitor Salud contabilizó 142 amenazas y ataques a personal de salud en primer semestre de 2023

Agresiones al personal de salud

La organización señaló que el 38,2 % de estas intimidaciones al personal sanitario ocurrieron en hospitales públicos de la región occidental.

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Además, registró ocho actos de agresión física o coacción para renunciar, que tuvieron lugar en instalaciones sanitarias de los estados Aragua, Cojedes y Trujillo.

El sistema de salud en Venezuela ha optado por perseguir, amedrentar y encarcelar a quienes alzan la voz en manera de protesta para exigir condiciones dignas de trabajo”, se lee en el documento.

Jubilaciones forzosas

La ONG denunció que en lo que va de año han sido jubilados de manera forzosa 49 dirigentes sindicales, tanto obreros como empleados, pertenecientes al Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (SunepSas). 

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Monitor Salud calificó estos hechos como “un nuevo acto de injusticia”. La organización ha contabilizado, entre agosto de 2022 y julio de 2023, más de 20 mil jubilaciones de trabajadores de la salud, como parte de decisiones “arbitrarias” del Estado.

“La decisión de jubilar, que parece más una venganza, está dirigida incluso a trabajadores que no completan los requisitos para salir de las instituciones, lo que representa una grave vulneración a los derechos laborales”, sentenció la ONG. 

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Con información de EFE.

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