• Los  trabajadores de los medios han sido víctimas de violencia física y hostigamiento verbal durante el ejercicio de la profesión

La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público registró más de 914 agresiones a periodistas venezolanos desde el año 2002 hasta septiembre de 2023.

La ONG venezolana indicó que 16 periodistas han sido asesinados, y que 12 de los casos siguen con estatus desconocido porque no han identificado a los responsables, lo que se traduce en 75 % de impunidad.

La muerte violenta es el hecho más grave y lamentable, pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación”, precisó la ONG.

Resaltó que la sociedad tiene la responsabilidad de denunciar estos hechos y poner la lupa en quienes pretenden evitar que se difunda la información libremente.

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Espacio Público también recalcó que 387 personas fueron detenidas de forma arbitraria en los últimos 20 años durante el desarrollo de sus trabajos informativos. Además, indicó que esta situación afecta a la sociedad al no poder obtener información de las fuentes que quieren.

“La impunidad nos pinta un cuadro a medias de lo que pasa en la realidad, es responsabilidad del Estado poner el foco en estos casos y señalar a los y las responsables de la opacidad informativa”, acotó.

Detenciones arbitrarias 

 Espacio Público enfatizó que las detenciones arbitrarias ocurren cuando los trabajadores de los medios están buscando información sobre temas incómodos para el poder, como manifestaciones masivas en contra del régimen de Nicolás Maduro, cobertura de la escasez de gasolina, reportes o cuestiones sanitarias de diferentes temas, y cobertura relacionada con la gestión pública.

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Asimismo, precisó que los periodistas son hostigados por funcionarios del Estado, quienes revisan de forma ilegal sus trabajos y borran material de la cobertura. Agregó que también son comunes las detenciones arbitrarias en las que víctimas son desaparecidas durante una corta duración.

Esta situación, de acuerdo con la ONG, envía un mensaje a los agresores de que tienen la posibilidad de actuar con violencia contra periodistas sin que haya consecuencias.

“Mientras más conflictiva es la coyuntura venezolana, registramos un aumento significativo en los casos, lo que implica que hay menor circulación libre de información en los momentos en que es más urgente. Esta tendencia se ha mantenido en la última década, con picos en el registro de casos en los años 2014, 2017 y 2019, en que personas manifestaron masivamente en contra del gobierno”, acotó.

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Recuento de casos

Espacio Público reportó entre sus casos el del periodista y defensor de los derechos humanos Luis Carlos Díaz, quien fue detenido el  12 de marzo del año 2019 y recibió “tratos crueles y tortura”.

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Foto archivo

“Acusado de Instigación Pública (referido a incitación al odio). Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra”, explicó.

Otro de los casos reportados por la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho de información, es el de la gerente de Operaciones de Venmedios, Ana Belén Tovar, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre del año 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Tovar  fue acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. Aunque fue excarcelada, permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.

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La organización reportó además los casos de los periodistas Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte, agredidos en 2020 en el Aeropuerto Simón Bolívar, durante la cobertura de la llegada del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del Pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación”, puntualizó.

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