• Organizaciones indicaron que la comunidad internacional no puede pasar por alto esta “amenaza”

Un total de 236 organizaciones advirtieron el lunes 22 de enero que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG en Venezuela, cuya discusión fue retomada este mes por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, representa una “amenaza que socavaría la celebración de elecciones justas, seguras y libres”, entre ellas las presidenciales de este año.

A través de un comunicado, aseguraron que el proyecto de ley plantea la “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”. Además, indicaron que este impacta profundamente en las condiciones para las elecciones presidenciales, que aún no cuentan con una fecha definida.

“La comunidad internacional y todos los involucrados en la superación de la crisis venezolana y la búsqueda de una transición pacífica y democrática no pueden pasar por alto esta amenaza (…) no puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil”, dijeron las organizaciones.

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En este sentido, explicaron que la garantía de elecciones justas y democráticas implica no solo permitir la participación sin restricciones de todos los candidatos, sino también mantener una sociedad civil que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto.

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores en el 2023, contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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El diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, adelantó que la ley será “muy severa”, y acusó a la mayoría de las ONG de estar “conspirando”.

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Foto: Provea

A juicio de las organizaciones, ha sido “pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil” con este texto con el cual consideran que se violan los derechos humanos.

(La ley) no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones” y “no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación”, denunciaron. 

Grave riesgo para las organizaciones

Amnistía Internacional (AI) también emitió una alerta por el “grave riesgo para las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela”, ante la posible aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas asociaciones y cuya discusión fue retomada por la Asamblea Nacional (AN) electa el 2020.

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“La Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista, retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, señaló AI en su cuenta en X el 19 de enero.

La organización agregó que de aprobarse todas las ONG tendrán que cumplir con la imposición de medidas a las que consideran abusivas o enfrentar un proceso penal. 

AI indicó que estas imposiciones violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en “grave riesgo de criminalización y represalias” por parte del Estado.

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Con información de EFE

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