• El Ministerio Público presentó un documento con una serie de presuntas omisiones por parte de Carlo Ancelotti. Foto principal: EFE

La Fiscalía de Madrid, España, solicitó el miércoles 6 de marzo 4 años y 9 meses de prisión para el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por presunto fraude a Hacienda de más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).

De acuerdo con la información del Ministerio Público, este es el escrito de acusación de la Fiscalía en el procedimiento que ha seguido el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

La Fiscalía imputa al entrenador dos delitos contra la Hacienda pública, debido a que, pese a que Ancelotti afirmó que era residente en España y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del club madridista y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.

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Los detalles de la acusación

En el documento, el Ministerio Público subrayó que “con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen”, tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por varios eventos, el técnico acudió a un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.

El ente aseguró además que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato como entrenador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2016, por el que cobraría rendimientos de trabajo y rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club. 

El contrato, de acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE, cesó en mayo de 2015, pero Ancelotti siguió viviendo en Madrid hasta finales de ese año.

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La Fiscalía sostiene que Ancelotti “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a entidades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España.

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Para la Fiscalía, el técnico madridista perseguía la opacidad de cara a la Hacienda pública española y la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuvieran que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera del país.

Además, el escrito detalla que Ancelotti firmó el 1° de julio de 2013, justo antes de ser contratado por el club blanco, un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de 10 años y un precio de 25 millones de euros en la que el entrenador era el apoderado y gestionaba los derechos.

Más tarde se formalizó un anexo a este acuerdo que modificaba el plazo a solo tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros.

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Contratos privados

El 4 de julio de 2013, paralelo a su firma como entrenador del Real Madrid, la Fiscalía añadió que se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50 % de sus derechos de imagen a la entidad deportiva, mientras que el otro 50 % lo tenía una sociedad “innominada” y no determinada que actuó en su nombre.

Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres (Inglaterra), y no la citada Vapia Limited, que es una sociedad constituida en Islas Vírgenes, circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.

De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que esta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1° de julio de 2013 era con Vapia Limited”, precisó el escrito.

La respuesta de Ancelotti

Carlo Ancelotti presentó sus declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), pero omitiendo “todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen (…) llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas”, con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos”.

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La Fiscalía precisó que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos de 1.249.590 euros en 2014 y de 2.959.768 en 2015.

Además, según el Ministerio Público, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos inmuebles en el extranjero.

Con información de EFE.

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