• La organización alertó del contexto represivo en el cual las mujeres desarrollan sus labores. Foto: EFE

Al menos 238 casos de mujeres periodistas, líderes políticas y sociales, activistas y ciudadanas víctimas de patrones de persecución y criminalización “por parte del Estado” ha documentado el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en los últimos tres años, según un comunicado difundido este viernes 8 de marzo.

En el Día Internacional de la Mujer, la organización no gubernamental alertó del “contexto represivo en el cual las mujeres periodistas, lideresas políticas y sociales, defensoras de derechos humanos y otro grupo de mujeres desarrollan sus labores”, exponiéndose a “riesgos diferenciados y desproporcionados”.

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Detenciones y desapariciones forzadas, entre las acciones contra las mujeres

Entre las “acciones sistemáticas que socavan los derechos humanos de estas mujeres”, el Cepaz señaló “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamiento de viviendas, procedimientos judiciales irregulares, inhabilitaciones políticas, hostigamientos, intimidaciones, amenazas, entre otros patrones”.

Aunque “son múltiples las mujeres que han sido víctimas de persecución y criminalización en Venezuela”, la organización hizo en el escrito una “especial mención” al caso de la activista Rocío San Miguel, detenida desde el 9 de febrero y acusada de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

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Activistas de derechos humanos exigen la liberación plena de Rocío San Miguel y de sus familiares
EFE/ Jeffrey Arguedas ARCHIVO

Organizaciones no gubernamentales exigen la liberación de las 19 mujeres que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, entre ellas -señalan- San Miguel.

Caso de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel fue detenida por el gobierno de Nicolás Maduro, por supuestamente estar implicada en un “plan conspirativo” para “asesinar” al presidente.

El 27 de febrero, la activista y su expareja serían presentados ante el juzgado especial segundo en funciones de control con competencia en caso relacionada con delitos asociados al terrorismo, sin embargo, esto no se concretó.

“Nos quedamos esperando por el traslado al juzgado de Rocío San Miguel y Alejendro González para la constitución de la defensa técnica. El retardo en levantar el acta de aceptación y juramentación de sus abogados se erige en indefensión”, escribió el defensor Juan González Taguaruco en su cuenta en X (antes Twitter) el 27 de febrero.

El 12 de febrero, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la abogada y su expareja fueron presentados ante los tribunales por estar presuntamente vinculados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco, caso por el varios militares y civiles están detenidos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ratificaron este viernes, en mensajes en X, su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las venezolanas.

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Con información de EFE

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