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- Los integrantes del Consejo de DD HH recibieron la actualización del informe con el detalle de los casos denunciados
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. Determinó que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos.
“La Misión concluyó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el gobierno lo estimara necesario. La Misión reitera que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”, indica el informe.
Los investigadores de la ONU indicaron que en esta última actualización encontraron una reactivación “de la modalidad más violenta de represión” por parte de las autoridades del Estado.
La Misión señaló que continúa investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos 10 años.
Los integrantes de la Misión señalaron también que producto de las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó los primeros días de marzo la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El informe además destaca que, durante el periodo de la actualización, confirmaron una repetición de los patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras, en especial activistas por los derechos humanos.
Acuerdo de Barbados
La actualización de la Misión Independiente presentada ante el Consejo de la ONU detalla varios acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de 2024 y el Acuerdo de Barbados que firmaron los representantes del gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática el 17 de octubre.
“Las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”, acota el informe.
El 22 de octubre se realizaron las elecciones primarias opositoras, en las que resultó ganadora la candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado. No obstante, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció pocos días después una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria por diversos delitos: usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir.
“El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias”, señala la Misión.
También mencionan la inhabilitación de María Corina Machado para representar a la oposición, que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia.
La Misión concluyó que estas acciones evidencian las dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho.
Detenciones selectivas
En la actualización del informe se detallan las detenciones realizadas desde diciembre de 2023. El primer caso que mencionan se refiere a las órdenes de aprehensión contra 14 personas por supuestamente estar relacionados con una conspiración en contra del referendo consultivo por el Esequibo.
Entre las 14 personas acusadas se encontraron varios líderes políticos en el exilio, tres miembros del Comité Nacional de Vente Venezuela, y el presidente de la organización no gubernamental (ONG) Súmate.
Continúa el documento con la enumeración de violaciones y detenciones que se han realizado en lo que va de año 2024:
– El 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro señaló que se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo a él y a otras autoridades. En respuesta, el Presidente pidió que se “active la Furia Bolivariana”.
– El fiscal general dio a conocer una de estas conspiraciones, que denominó Operación Brazalete Blanco, en las que presuntamente estaban involucrados 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
– El 17 de enero de 2024, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del sindicato de trabajadores de la educación en Barinas y detuvieron, sin orden judicial, a un dirigente del sindicato y miembro del partido Vente Venezuela.
– El 22 de enero, detuvieron a ocho personas y dictaron órdenes de aprehensión contra otras seis personas en el exilio, que incluyen a la defensora de derechos humanos Tamara Suju y la periodista Sebastiana Barráez.
– El 23 de enero, cuatro líderes de campaña de Vente Venezuela fueron detenidos, también acusados de formar parte de la conspiración.
– El 9 de febrero, la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida por el mismo caso.
“La Misión se pronunció sobre la detención de Rocío San Miguel, al igual que otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela y fuera del país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó públicamente su preocupación por este caso. Inmediatamente después, el 15 de febrero, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la Misión Técnica de dicha Oficina, y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. La Misión lamenta profundamente esta decisión”, destaca el informe.
ONG en la mira
La actualización del informe sobre Venezuela también cuestionó el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines al considerar que es un intento de restringir la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país.
“A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.
La Misión reiteró que ha intentado en reiteradas oportunidades solicitar autorización para acceder a la información oficial en el país pero no han obtenido respuesta, por lo que concluyeron que seguirán adelante con las investigaciones “de manera independiente y rigurosa” para elaborar un nuevo informe que presentarán en septiembre ante el Consejo de la ONU sobre DD HH en Venezuela.
