- De las 37 organizaciones que aparecen en el tarjetón electoral, 13 han pasado en algún momento por un proceso judicial que despojó a sus autoridades legítimas de su tarjeta. Actualmente juntas ad hoc controlan su imagen y postulan candidatos a su nombre
La oferta electoral para las presidenciales del 28 de julio, aunque parece variada con 37 organizaciones participando, en realidad evidencia la reducción del ecosistema político de Venezuela. De hecho, 13 de los partidos que figuran en el tarjetón son apenas como cascarones vacíos. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sus tarjetas fueron despojadas de sus dirigencias legítimas y entregadas a grupos que actúan y postulan candidatos en su nombre.
Aunque cada uno tiene sus diferencias particulares, el patrón suele ser el mismo. A través de una sentencia, el TSJ suspende a la directiva del partido, y en su lugar designa una junta ad hoc conformada por una facción disidente. Esta toma el control de la figura jurídica de la organización: nombre, símbolos, colores y representación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Incluso logra en algunos casos ocupar las sedes y bienes del partido.
Señala que no es un problema nuevo en la política venezolana y que suele ser común en fechas cercanas a procesos electorales. Por ese motivo, El Diario dividió en cuatro momentos claves el proceso de intervención de los 13 partidos políticos que hoy participan en las elecciones presidenciales.
Los primeros intervenidos
Los primeros casos de judicialización de partidos ocurrieron en el contexto de las elecciones presidenciales de 2012. Varios aliados del Gran Polo Patriótico (GPP) se habían distanciado del gobierno de Hugo Chávez, lo que marcó pugnas internas entre las facciones disidentes y las leales al oficialismo. Cuando varios partidos de izquierda se unieron para apoyar la candidatura del opositor Henrique Capriles, se produjo un cisma que terminó resolviéndose en tribunales, lo que marcó un precedente dentro del TSJ para intervenciones posteriores.
Patria para Todos (PPT)
Desde su fundación en 1997, la relación entre Chávez y el PPT estuvo llena de separaciones y reconciliaciones. Pero su quiebre definitivo llegó en 2011, cuando el partido debió renovar sus autoridades en medio de un clima de polarización. El ala oficialista celebró su asamblea en octubre, donde eligió a Alejandro Tellería como secretario general, pero días después, el ala opositora también se reunió para proclamar a Simón Calzadilla, con miras a que PPT se uniera a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Podemos
Por la Democracia Social (Podemos) tuvo un destino similar al PPT. El partido creado por Ismael García y Rafael Simón Jiménez se había distanciado del chavismo desde 2008, cuando decidió afiliarse a la MUD. Sin embargo, para las elecciones presidenciales de 2012, la Sala Constitucional ordenó intervenir la directiva del partido y nombró una junta ad hoc presidida por Didalco Bolívar.
Esto también produjo la salida de los principales cuadros opositores del partido como García, quien migró a Avanzada Progresista. Por su parte, Bolívar fue expulsado de Podemos en 2014 por acusaciones de corrupción durante su gestión como gobernador del estado Aragua (2004-2008). No obstante, el TSJ lo ratificó nuevamente en el cargo en 2015, y el cual mantiene en la actualidad, apoyando la candidatura de Nicolás Maduro.
Bandera Roja
A pesar de tener una ideología de izquierda revolucionaria, Bandera Roja rechazó al gobierno de Chávez desde sus comienzos. Por eso se le considera como el primer partido opositor en ser intervenido por el TSJ, y en dos ocasiones. La primera fue el 15 de mayo del 2013, cuando la Sala Electoral nombró una junta ad hoc presidida por Pedro Celestino Véliz. Esto tras suspender las elecciones internas en las que se había ratificado a su líder, Gabriel Puerta Aponte.
El exguerrillero recuperó momentáneamente el control del partido un año después, aunque en 28 de julio de 2015 la Sala Constitucional volvió a entregar el partido a Véliz en una segunda intervención. Desde entonces, tanto la facción de iure como la ad hoc se han declarado opositoras, aunque en coaliciones diferentes. Mientras la primera es parte de la Plataforma Unitaria, la segunda ha tenido acercamientos con la oposición prosistema y actualmente apoya la candidatura de Luis Eduardo Martínez para las presidenciales.
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
El histórico partido fundado por Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1967 tuvo su renacimiento en el Polo Patriótico apoyando primero a Chávez, y luego a Maduro. Pero eso no le impidió a la Sala Electoral suspender sus elecciones internas y deponer a su secretario general, Wilmer Nolasco, por una junta ad hoc encabezada por Gilberto Jiménez Prieto.
Desde entonces, Nolasco lidera una facción denominada MEP-Originario, que si bien no se considera opositora, en los últimos años se ha identificado como chavismo disidente. En 2020, un grupo de militantes dirigido por Jesús Cova introdujo un recurso de amparo constitucional en el TSJ. Esto para solicitar la recuperación del partido, pues desde 2015 no se realizan nuevos comicios. La medida no prosperó, y el MEP ad hoc sigue siendo parte del Polo Patriótico.
Nuevas intervenciones
La segunda vez que el TSJ protagonizó intervenciones de partidos políticos fue bajo el contexto de las elecciones parlamentarias de 2015. En esta ocasión, el objetivo fue los partidos opositores, algunos de ellos de trascendencia histórica como Copei. Es aquí donde se marca otro precedente que más adelante sería clave en las intervenciones: dirigentes que “saltan la talanquera” para tomar el control de la organización.
MIN Unidad
En 1977, el presentador Renny Ottolina fundó el Movimiento de Integridad Nacional (MIN) para impulsar su candidatura presidencial, pero tras perder la vida en un accidente aéreo, su partido perdió gran parte de su popularidad. El 6 de agosto de 2015, la Sala Electoral, aceptó un recurso interpuesto por un dirigente en Barinas, con el cual removió al entonces presidente de MIN, Manuel Pérez Soto, para nombrar una junta ad hoc.
Copei
En las elecciones legislativas de 2015, el TSJ también apuntó contra Copei. Su situación se remontaba a su proceso de reestructuración de 2008. A pesar de la injerencia judicial en sus asuntos internos, la tolda verde eligió en 2010 a Roberto Enríquez como su presidente. Pero esto no contó con el aval de las autoridades salientes y la Sala Electoral anuló en dos ocasiones sus elecciones internas. Con un partido dividido, el 30 de julio de 2015 el TSJ aceptó un amparo constitucional emitido por Pedro Urrieta Figueredo y Miguel Salazar, quienes asumieron la nueva junta ad hoc.
Esta sentencia fue desconocida por la MUD y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que respaldó a Enríquez como autoridad legítima. Por su parte, en diciembre de 2019, el TSJ intervino nuevamente al Copei ad hoc para nombrar como su presidente a Miguel Salazar. Esta facción, que forma parte de la Alianza Democrática, es la que ha postulado a nombre del partido desde 2015 y para las presidenciales presentó como candidato a su secretario general, Juan Carlos Alvarado.
Unidad Popular Venezolana (UPV)
Fundado por la controvertida activista Lina Ron, tras su muerte en 2011 fue dirigido por su viudo, Humberto Berroterán, hasta que fue expulsado en 2015 por criticar al gobierno de Maduro. Desde entonces, UPV entró en una disputa por su control. En 2016 Henry Hernández asumió su dirigencia, a pesar de que en su proceso interno se eligió a Wendy Tellechea.
Hernández, quien aseguraba ser sucesor de Berroterán, interpuso varios recursos en el TSJ, hasta que el 12 de marzo de 2018 la Sala Constitucional lo reconoció como presidente del partido. Actualmente representa a UPV ante el Polo Patriótico para apoyar la candidatura de Maduro. Mientras, la facción liderada por Tellechea, aunque ha protagonizado varias protestas en el TSJ para solicitar la devolución del partido, en 2018 creó su propio movimiento denominado Somos Lina.
Movimiento Ecológico
Otro caso polémico fue el del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev). A mediados de 2018, la Sala Constitucional nombró una junta ad hoc presidida por Manuel Díaz, quien decidió apoyar la candidatura de Henri Falcón para las elecciones presidenciales de ese año. Una tendencia que se mantuvo también en las parlamentarias de 2020, aún cuando un sector del partido se oponía a participar.
En febrero de 2021, el Movev realizó una convención nacional en la que renovó a sus autoridades. Gelyna Mercado Carabaño se convirtió en su nueva secretaria general, pero a pesar de consignar toda la documentación sobre su nueva directiva ante CNE, en la práctica su tarjeta sigue controlada por la junta ad hoc. De hecho, esta facción postuló a Antonio Ecarri para las presidenciales, a pesar de que el sector de iure está alineado con la Plataforma Unitaria.
La gran ola
A finales de 2019 ocurrió lo que la oposición denominó como Operación Alacrán. Varios dirigentes opositores se rebelaron para tomar el control de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, apoyados por sectores del oficialismo. A través del TSJ, estos mismos actores lograron la intervención de los principales partidos de la Unidad: Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ). Este último luego recuperó su tarjeta, aunque su sentencia aún es objeto de preocupación, pues sigue inhabilitada para participar en elecciones.
Acción Democrática
Fue el primer partido del G4 en ser intervenido, y uno de los más grandes desde Copei. El 15 de junio de 2020 la Sala Constitucional emitió la sentencia 0071, con la cual ordenó suspender a la directiva de AD. Curiosamente, la junta ad hoc nombrada quedaba en manos de Bernabé Gutiérrez, quien era el secretario de organización de la directiva disuelta.
La medida se asumió como una suerte de golpe interno contra su secretario general, Henry Ramos Allup. El partido se dividió en todas sus estructuras, nacionales y locales, entre los partidarios de Gutiérrez y los de Ramos Allup, aunque desde la Plataforma Unitaria se respaldó al sector de iure. Actualmente el sector ad hoc, el cual forma parte de la oposición prosistema, postula para estas elecciones a Luis Eduardo Martínez.
Voluntad Popular
Durante años, la tolda naranja fue la piedra en el zapato para el gobierno de Maduro, que enfocó sus esfuerzos en desmantelar su estructura encarcelando y persiguiendo a sus principales dirigentes. Con el gobierno interino de Guaidó se intensificó esta represión, al punto de declarase a VP como “organización terrorista”. El 7 de julio de 2020 la Sala Constitucional ordenó la intervención del partido, a solicitud de un grupo de militantes que previamente habían sido expulsados por sus nexos con el oficialismo.
La nueva junta ad hoc quedó presidida por José Gregorio Noriega. Esto no impidió que el ala de iure, liderada por Leopoldo López, continuara con sus actividades dentro de la Plataforma Unitaria. En 2022 emprendió un proceso de renovación, con Freddy Superlano y Adriana Pichardo como coordinadores políticos. Aun así, la tarjeta de VP sigue controlada por el sector ad hoc, que postuló en las presidenciales a Daniel Ceballos, otro antiguo miembro expulsado de la tolda.
Movimiento Repúblicano
El 20 de julio de 2020, Movimiento Republicano se convirtió en el cuarto partido opositor en ser intervenido por el TSJ. Como en los procedimientos anteriores, su secretario general, Julio Albarrán, fue depuesto y sustituido por Manuel Rivas en una junta ad hoc. Para este punto, los dirigentes de las toldas judicializadas alertaron que TSJ seguía un patrón sistemático, con los mismos argumentos y conclusiones en cada sentencia.
En el caso de MR, el CNE habilitó a su directiva ad hoc para postular candidatos. En estas elecciones, junto a las tarjetas intervenidas de AD y Bandera Roja, apoya a Luis Eduardo Martínez.
Afianzando el control
Nicolás Maduro ha enfrentado recientemente un nuevo foco de disidencia dentro del oficialismo. En agosto de 2020, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto a otras organizaciones como el PPT, Tupamaro y Somos Lina, fundó la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Esta coalición se alejaba de la injerencia del PSUV en el GPP; sin embargo, su intento de presentar candidaturas independientes para las elecciones parlamentarias de 2020 fue bloqueado con la intervención de cada uno de sus integrantes.
Tupamaro
El 12 de junio de 2020, las autoridades encontraron el cuerpo de George Soto Berroterán, de 16 años de edad, en una fosa de la finca La Tupareña, en el estado Vargas. El terreno era propiedad de José Pinto, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro, a quien capturaron el 15 de junio, tras resistirse al arresto con escoltas armados. El Ministerio Público lo señaló directamente como el autor del homicidio, lo cual fue desmentido por Pinto, quien alegó ser víctima de una trampa.
En todo caso, su detención coincidió con la incorporación de Tupamaro a la APR, por lo pocos días después, el 18 de agosto, el TSJ anunció la intervención del partido. La junta ad hoc quedó a cargo de Williams Benavides, quien desde entonces ha tenido el derecho de postular candidatos. Mientras, una facción de tupamaros dirigida por Roger Pinto se mantiene en disidencia, tras denunciar la violación de los estatutos internos del partido.
Segunda intervención de PPT
Después de Tupamaros, la Sala Constitucional emitió el 21 de agosto una nueva sentencia para intervenir a PPT. Allí Rafael Uzcátegui revivió cómo tras el anuncio de su salida del Polo Patriótico, un ala del partido leal al oficialismo acudió al TSJ. En menos de 24 horas, ya se había dictado la sentencia que lo destituyó de su cargo.
En su lugar, la diputada Ilenia Medina asumió como secretaria general de la junta ad hoc, restituyendo de inmediato el status quo del partido. Por su parte, Uzcátegui intentó postularse sin éxito a la Alcaldía de Caracas en las elecciones regionales y municipales de 2021, utilizando la tarjeta del PCV.
Partido Comunista
Es la intervención más reciente de un partido político por parte del TSJ. Desde el lanzamiento de la APR, el secretario general del PCV, Óscar Figuera, ha denunciado un incremento de la persecución contra los militantes de su partido. También su marginación en los espacios políticos del oficialismo.
Finalmente, el 11 de agosto de 2023, el TSJ emitió la sentencia 1160. Nombró a Rodríguez presidente de la junta ad hoc y a Parra como secretario general. Con esta intervención, la APR se quedó sin representación ante el CNE para las presidenciales. Todas sus tarjetas quedaron bajo control del Polo Patriótico para respaldar la reelección de Nicolás Maduro.
