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  • La primera dama del gobierno español deberá presentarse ante el Juzgado el 5 de julio | Foto: EFE

Un juez español citó a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, convocó a Gómez para el 5 de julio, informó el 4 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La citación forma parte de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía.

El empresario está citado como testigo el 7 de junio, en un caso que ha generado gran polémica política en España. Su declaración está pendiente de un informe médico por alegar problemas de salud.

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Además, el magistrado decidió abrir una pieza separada secreta para determinar si, entre los contratos investigados, hay alguno que hubiese sido suscrito con fondos europeos y la causa fuese por tanto competencia de la Fiscalía Europea, que ha reclamado información sobre ello.

La acusación contra Begoña Gómez

El juez abrió diligencias contra Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa y que la Fiscalía pidió archivar.

El juez Peinado la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas el 16 de abril, según consta en varias resoluciones que obran en el sumario del caso.

En la investigación de los contratos denunciados por Manos Limpias, Peinado ha pedido a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que recabe los expedientes de contratación de varios organismos del gobierno y también del Ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabés.

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Foto: GTRES

Las pesquisas se centran en los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la sociedad mercantil Innova Next, administrada por Barrabés, y que ascienden a 10 millones de euros (11 millones de dólares).

El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influidas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, quien otorgó los contratos.

Qué ha dicho el presidente de España

Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha insistido en la idea de que las acusaciones contra Gómez son falsas y se trata de una estrategia mediática y política para desgastar a Pedro Sánchez, que la ha defendido como “profesional honesta, seria y responsable”.

El jefe del Ejecutivo llegó a tomarse cinco días de reflexión a finales de abril para meditar si dimitía al saberse que el juez habría abierto diligencias contra su esposa, y consideró que se trataba de una campaña de “acoso y derribo”.

Finalmente, anunció que seguiría al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe” y el compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente” de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y libertades. 

Razones para continuar con la investigación 

El 29 de mayo, la Audiencia de Madrid aprobó la decisión del juez Peinado de abrir una investigación contra Begoña Gómez.

El órgano de justicia desestimó la petición de la Fiscalía para archivar la denuncia introducida por el colectivo Manos Limpias contra Gómez, y consideró que hay razones suficientes para que las investigaciones sigan su curso en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

“Pese al contenido algo deslavazado de la denuncia, el núcleo de la noticia vendría centrado en que la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del gobierno para ofrecer su influencia de recomendación en la adjudicación pública de sustanciosos contratos en favor de determinadas empresas que le prestan soporte, ventaja o beneficio en su carrera profesional”, dijo la Audiencia de Madrid en un comunicado.

Con información de EFE

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