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  • La plataforma determinó que los líderes locales de Valle del Cauca, Buga, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín mencionan propuestas para deportar a los refugiados venezolanos, además de la implantación de controles migratorios más estrictos | Foto principal: EFE

Barómetro de Xenofobia, una plataforma que analiza narrativas sobre migración, xenofobia, racismo y género en Latinoamérica, advirtió el jueves 6 de junio que políticos regionales de Colombia contribuyen y fomentan la discriminación a los migrantes y refugiados venezolanos en ese país.

El informe de la organización aseguró que durante el primer trimestre de 2024 varios gobiernos municipales y regionales vincularon la presencia de migrantes venezolanos con el aumento de la delincuencia y los índices de criminalidad, lo que incrementó la conversación de discursos discriminatorios hacia la población extranjera.

De acuerdo con Barómetro de Xenofobia, durante los discursos de los líderes locales de Valle del Cauca, Buga, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín se mencionan propuestas para deportar a los refugiados venezolanos, además de la implantación de controles migratorios más estrictos.

“La población migrante venezolana sigue siendo utilizada como chivo expiatorio por los líderes políticos, mientras que las verdaderas soluciones a la inseguridad se pasan por alto”, se lee en el informe.

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Foto: EFE

Discursos discriminatorios contra los venezolanos

La plataforma determinó que las autoridades del departamento de Valle del Cauca, en Colombia, han utilizado el argumento de la migración venezolana para adjudicar el aumento de la inseguridad y el dominio de territorio por parte de grupos armados  asociados al narcotráfico.

Dilian Francisca Toro, gobernadora de Valle del Cauca, anunció en enero de 2024 que una de las medidas para atenuar la criminalidad en esa localidad sería caracterizar a la comunidad venezolana con el apoyo de Migración Colombia. Como consecuencia, cualquier venezolano involucrado en actividades delictivas será deportado del país.

Estas declaraciones fueron rápidamente divulgadas por medios locales y medios nacionales tradicionales, dándole eco a la fuerte declaración de Toro, pero haciendo énfasis en el contenido relacionado con la población migrante”, criticó el Barómetro de Xenofobia.

Por su parte, Karol Martínez, alcaldesa del municipio Buga, respaldó las declaraciones de Toro y reiteró que la crisis migratoria venezolana afectó la calidad de la seguridad. A su juicio, la ola de refugiados venezolanos incrementó los homicidios, robos y secuestros en esa entidad.

La alcaldesa de Buga también asoció la falta de turismo en el lugar a causa de la ola de refugiados venezolanos que, según sus declaraciones, la mayoría vive en situación de calle.

“Muchos de los habitantes de la calle también son venezolanos y eso nos está ocasionando una problemática, no solo de inseguridad en la ciudad, sino que está afectando al turismo y está generando un problema de salud pública”, afirmó en una rueda de prensa el 1° de febrero.

Venezolanos en Colombia

Colombia representa la primera opción como destino migratorio para los venezolanos. Migración Colombia confirmó en noviembre de 2023 que 2.875.743 de personas que residen en ese país que son originarios de Venezuela.

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Foto: EFE

Bucaramanga, Cúcuta y Medellín

En el caso de Bucaramanga, la sensación de inseguridad incrementó un 9 % desde 2019 hasta 2023, debido a la cantidad de robos callejeros y tráfico de drogas. En este contexto, Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, enfatizó la presunta  conexión de migrantes venezolanos con la criminalidad.

“Esta estrategia buscaba respaldar la idea de que la delincuencia en la ciudad se debe al descontrol migratorio y deficiencias en los procesos de deportación”, sostuvo la plataforma.

Beltrán actualmente trabaja en la instalación de una sede de Migración Colombia en Bucaramanga y llevó a cabo el “plan candado”, donde las autoridades deben realizar un control más detallado respecto a la entrada de personas migrantes a la ciudad. 

En Cúcuta, Edison Contreras, presidente del Concejo de la ciudad de Cúcuta, expuso la necesidad de un muro fronterizo entre Colombia y Venezuela con el propósito de restringir el paso de las personas que no cuenten con permisos de tránsito hacia el vecino país. Esto pese a la reapertura de la frontera colombo venezolana en septiembre de 2022 para el paso de peatones y desde el 11 de enero de 2023 para el transporte de vehículos de carga. Estos caminos fronterizos son utilizados diariamente por miles de personas.

Asimismo, Contreras clasificó a los migrantes en dos categorías: buenos y malos.

“Este tipo de discursos que reducen y dividen a la población migrante en dos grupos aparentemente fáciles de reconocer, fomenta la exclusión generalizada para toda el colectivo, debido a que las capacidades y condiciones de los Estados para llevar a cabo esta clasificación de las personas migrantes, integrando a unos y excluyendo a otros, vulneran los derechos de esta población”, destacó la plataforma.

A juicio del Barómetro de Xenofobia, este tipo de acciones promulga estereotipos y generalidades para implementar acciones de perfilamiento y criminalización.

Por su parte, Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, declaró en febrero de 2024 que castigará fuertemente los crímenes cometidos por ciudadanos venezolanos en esa localidad. Eso avivó levemente la conversación sobre migración a nivel nacional en Colombia. 

“Las declaraciones de Fico Gutiérrez incentivaron algunas menciones de tinte xenófobo”, agregó la plataforma.

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Asociación de la población migrante con la criminalidad

Barómetro de Xenofobia indicó que los líderes políticos y los medios de comunicación tienen una “gran responsabilidad” en la asociación de la criminalidad con la crisis migratoria. 

Esto se debe a que enfatizar sobre los datos de nacionalidad  de una persona involucrada en hechos delictivos refuerza la asociación de la población migrante con la criminalidad justifica la imposición de medidas estatales que vulneran sus derechos y también la justicia por mano propia.

“La instrumentalización política de la criminalización de las personas migrantes refugiadas se manifiesta en la permanencia y la reproducción constante de la construcción de discursos xenófobos que la representan como responsable de la inseguridad. Estos discursos respaldan a nivel local y regional las elecciones que la ciudadanía hizo de sus mandatarios cuando estos se abanderaron en luchas contra la inseguridad”, concluyó la organización.

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