- La organización exhortó al Estado venezolano garantizar el respeto a la voluntad ciudadana de quienes manifiestan su descontento en las calles de forma pacífica
La organización no gubernamental (ONG) Provea emitió un comunicado el 31 de julio para denunciar una escalada de violaciones de derechos humanos, que van desde la falta de protección del derecho al voto hasta la ausencia de garantías para aquellos que ejercieron su derecho en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
La organización precisó que la ausencia de garantías electorales facilitó “el allanamiento del camino hacia el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país”. Provea denunció que, con este panorama, han documentado un incremento de medidas represivas y abusos de autoridad.
La ONG denunció que el uso desproporcionado de la fuerza y la acción de “agrupaciones paramilitares pro-oficialismo” y agentes de diversos cuerpos de seguridad provocaron la muerte de 15 personas en tres días de manifestaciones.
Además, Provea advirtió que el número de detenciones arbitrarias subió a 1.062 casos, de acuerdo con lo que informó Tarek William Saab, fiscal general de la República, en una rueda de prensa ofrecida el 31 de julio. La cifra representaría el 41.59 % del total de detenciones arbitrarias registradas durante cuatro meses del ciclo de protestas del año 2017, según datos de Provea.
En ese sentido, exigieron que todos los actores sociales, religiosos y políticos comprometidos con la democracia y la institucionalidad respondan a las circunstancias actuales. Provea también instó a que se exija de manera firme y pacífica a las autoridades venezolanas el respeto a la voluntad ciudadana, la garantía de una verificación transparente de los resultados electorales y el cese de la represión contra quienes manifiestan su legítimo descontento en las calles.
Asimismo, la ONG considera “de primer orden” que el esfuerzo de los venezolanos esté acompañado por el respaldo de la comunidad internacional y los diversos mecanismos de protección de derechos humanos para impedir una escalada aún mayor de abusos autoritarios.
Casos de detenciones y abusos de autoridad
El 29 de julio, Provea denunció la desaparición de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) luego de que denunciaran al director de la institución por intentar obligarlos a votar por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El 31 de julio, la ONG confirmó que 4 de los 25 jóvenes fueron trasladados y encarcelados en la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas.
La organización no gubernamental (ONG) informó que los familiares aún desconocen el paradero de los otros 21 estudiantes. Las familias denunciaron que estos jóvenes estarían desaparecidos desde el 28 de julio.
Los parientes de los estudiantes perdieron contacto con ellos luego de que protestaron dentro de la sede de la UNES, en Catia (Caracas).
Provea calificó el hecho como desapariciones forzadas y señaló que las mismas son consideradas crímenes de lesa humanidad.
Otras desapariciones denunciadas
Varias organizaciones por los derechos humanos en Venezuela han denunciado un patrón de desapariciones forzadas a quienes protestan en el país.
Provea denunció el 30 de julio la desaparición de la manifestante Victoria Palacios en Caracas. Los familiares indicaron a la ONG que la joven estaba protestando pacíficamente en Altamira, pero fue detenida y, luego de varias horas sin saber sobre su paradero, se conoció que fue llevada a la sede policial en Maripérez. Lo mismo sucedió con Iván Alfredo Ortega Machado, quien fue detenido en las manifestaciones del 30 de julio y sus parientes desconocían su lugar de reclusión.
La organización Redes Ayuda denunció el 31 de julio que a los detenidos no se les permite acceso a abogados privados y los están obligando a aceptar la defensa pública.
