- Las organizaciones de la sociedad civil exigen que se “garantice la vida, defensa y seguridad” ante “la escalada de violencia y amenazas” contra defensores de DD HH en el país
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó el 13 de agosto un comunicado firmado por más 25 organizaciones no gubernamentales (ONG) para expresar preocupación sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La ONG denunció un patrón de agresiones contra personas que han ejercido su derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con cifras de Foro Penal, en Venezuela han sido detenidas más de 1.393 personas sin ningún tipo de garantía procesal.
Provea expresó particular preocupación por la situación de estas aprehensiones en Carabobo, Anzoátegui y Distrito Capital, en donde hay un mayor número de personas detenidas.
Además, la ONG indicó que el gobierno venezolano detuvo a personas defensoras de derechos humanos, activistas y abogados. A su juicio, impidió que la gran mayoría de los casos “no tuviera representación jurídica independiente por parte de defensores privados y organizaciones de la sociedad civil”.
Provea también alertó sobre la desaparición y anulación o cancelación de pasaportes a personas defensoras de DD HH, periodistas y activistas, tanto dentro como fuera de Venezuela en un contexto en el que existe “una escalada de amenazas y amedrentamientos contra la sociedad civil”.
Las ONG también condenaron hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión dirigidos contra usuarios de redes sociales y la prensa independiente, así como a plataformas o sistemas de mensajería digital como Signal o el anuncio de bloqueo de la red social X durante 10 días.
En el comunicado, las ONG exhortaron al gobierno venezolano a garantizar “la vida, seguridad, defensa y libertad de activistas, periodistas, abogados, y personas que defienden los derechos humanos en Venezuela y el de sus familias”.
También pidieron a los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que se sumen a los llamados de la sociedad civil al gobierno venezolano para que respete y garantice sus derechos humanos.
ONG firmantes
-Civil Rights Defenders
-Wola
-Defiende Venezuela
-Provea
-Foro Penal
-Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)
-4Métrica
-ConEnfoque
-El Derecho a No Obedecer – Corporación Otraparte
-CIVILIS
-Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua (Nicaragua Nunca Más)
-Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
-Un mundo sin mordaza
-Cubalex
-Justicia 11J
-Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
-Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C.
-Fundación Paz y Reconciliación
-Aula Abierta
-People In Need
-Acceso a la Justicia
-Mulier
-Laboratorio de Paz
-Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).
-Espacio Público
Situación de detenciones en Venezuela
La organización Foro Penal informó que logró verificar que 1.393 personas fueron detenidas en Venezuela desde el 29 de julio hasta el 13 de agosto, cuando comenzaron las protestas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De la cifra total, hay 117 adolescentes (entre 14 y 17 años de edad), además se comprobó la aprehensión de 17 personas con discapacidad, 14 indígenas y 182 mujeres.
Ante este panorama, varias organizaciones internacionales han denunciado un patrón de “mayor criminalización y persecución contra quienes emitan una opinión contraria al gobierno”.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Naciones Unidas emitió un comunicado el lunes 12 de agosto para exigir al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país”.
El organismo describió que “las protestas en la calle y en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado”.
En el texto, la Misión señaló que estas acciones ordenadas “desde sus más altas autoridades” han “creado un clima de temor generalizado”.
El 31 de julio, la Misión emitió otro comunicado para advertir sobre el registro de patrones de violencia contra “miles de personas salieron a las calles y para expresar su desacuerdo por los resultados”, por lo que recibieron “información creíble” sobre “detenciones, personas heridas y fallecidas, así como violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno (conocidos como colectivos)” en las protestas.