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  • La norma se aprobó en segunda discusión y por unanimidad del Parlamento | Foto principal: Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó el jueves 15 de agosto la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.

Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado oficialista Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al “terrorismo” porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan “guarimbas” (protestas violentas).

“Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad”, dijo Diosdado Cabello.

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Foto: EFE

Sobre la ley que regula las ONG

Las ONG, de acuerdo con la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.

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Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.

El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la disolución de una organización social sin fines de lucro, a la que deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso.

Las ONG deberán informar sobre las donaciones

Las ONG deberán, por ley, notificar el financiamiento o donaciones que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.

Sumado a esto, el texto señala que le corresponde al Ejecutivo el seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.

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La Asamblea Nacional retomó la discusión de esta ley tres meses después de su último debate al respecto, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas ONG, que alertan de una “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”.

El martes 13 de agosto, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Venezuela que rechace este texto legislativo, así como el de un proyecto de ley para regular las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.

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Foto: ONU

El oficialismo rechazó las declaraciones de Volker Türk

El gobierno de Venezuela rechazó el miércoles 14 de agosto las declaraciones de Volker Türk.

A través de un comunicado, Venezuela dijo que Türk “se quita la máscara” y “asume el papel para el cual fue colocado” por parte de “poderes imperiales”, asumiéndose como “acusador” contra el gobierno.

Asimismo, manifestó que el alto comisionado de la ONU “omite la condena” de hechos violentos durante las protestas poselectorales, que surgieron en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales, que ratificó a Nicolás Maduro como ganador, una victoria cuestionada por la mayor coalición opositora, así como por gobiernos extranjeros y veedores internacionales.

El gobierno (de Venezuela) tiene la certeza (de) que no es la ignorancia de Türk la que lo empuja a desconocer que la gran mayoría de los países del mundo, en todos los continentes, han desarrollado leyes para proteger al pueblo de los males del fascismo y el nazismo”, se lee en la carta.

Sin embargo, varias ONG han advertido que la regulación de las organizaciones supone una “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”, mientras que la ley contra el fascismo busca -según Provea- “silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano”.

Con información de EFE

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