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- Carlos Trapani enfatizó que los delitos asociados a terrorismo contienen condenas desproporcionada y que no corresponden con la gravedad de los actos cometidos por los menores de edad | Foto principal: EFE
La organización no gubernamental (ONG) Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) expresó el miércoles 21 de agosto su preocupación por la aplicación de cargos de terrorismo contra los adolescentes detenidos en protestas poselectorales en Venezuela.
Carlos Trapani, director de Cecodap, pidió a las autoridades venezolanas no criminalizar a los menores de edad, incluyendo a los casos en los que los adolescentes fueron capturados en flagrancia al quemar propiedad pública y privada.
A su juicio, calificar estos actos de terrorismo conlleva a una condena desproporcionada que no correspondería con la gravedad de los hechos.
“Ese delito se aplica a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en el año 2015, donde se incluyó este delito como susceptible de privación de libertad… Pero la advertencia que hacemos es no criminalizar al adolescente”, afirmó Trapani en una entrevista para Efecto Cocuyo.
El representante de Cecodap explicó que la Lopnna establece que los adolescentes, a partir de los 14 años de edad, tienen la facultad de responder penalmente por sus acciones, con el deber del Estado de integrarlos en sus sistema socioeducativo y solo contempla privación de libertad en casos excepcionales (como homicidio o terrotismo).
“Es fundamental que se realicen investigaciones de calidad para determinar si los actos que cometieron realmente se enmarcan dentro del delito de terrorismo, y no criminalizar a los adolescentes sin una base legal sólida”, agregó Carlos Trapani.
Cecodap insistió en el derecho a la legítima defensa
El director del Cecodap detalló que los adolescentes tienen derecho a ser juzgados por un juez especializado en responsabilidad penal de menores de edad, por lo que calificó de violación del derecho este proceso es interrumpido.
Asimismo, enfatizó en que los detenidos y sus familiares tienen derecho a elegir sus representantes legales, abogados privados o de ONG defensoras de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de los adolescentes detenidos, en el contexto postelectoral, se les impuso la defensa pública. Trapani explicó que esta decisión de las autoridades venezolanas podría interferir en la efectividad de la representación legal.
Trapani también denunció los tratos que reciben los adolescentes detenidos en los centros de reclusión, debido a que presuntamente los mantienen incomunicados de sus madres, padres y abogados, lo que conlleva a otra violación del debido proceso.
Violación a los derechos humanos
El representante de la ONG Cecodap indicó que la falta de separación física en la infraestructura de las cárceles aumenta los riesgos de violación a los derechos humanos de los adolescentes, debido a que están más expuestos a la violencia física y psicológica.
También destacó la carga económica que se le suma a las familias de los detenidos, debido a que deben costear la manutención del menor de edad mientras se encuentre en el centro de reclusión.
Ante esto, los familiares deben asumir la responsabilidad de proveer alimentos y artículos de higiene personal a los adolescentes detenidos.
Casi 130 adolescentes detenidos
La actualización de la ONG Foro Penal registró 129 adolescentes detenidos desde el 29 de julio hasta el 18 de agosto de 2024.
En un informe publicado por la organización defensora de derechos humanos, se conoció que los menores de edad forman parte de los 1.503 detenidos en el contexto poselectoral.
Asimismo, Foro Penal detalló el 19 de agosto a través de X (antes Twitter) que entre los detenidos se registraron 200 mujeres, 18 personas con discapacidad y 14 indígenas.
Las entidades en las que se reportaron mayor número de detenciones fueron: Distrito Capital, con 315; Carabobo, con 196; Anzoátegui, con 113, y Aragua, con 107.
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