- A través de un comunicado, el organismo detalló que a los detenidos les raparon el cabello y los uniformaron con franelas y pantalones azules | Foto: EFE
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el sábado 31 de agosto que el gobierno de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, quienes fueron detenidos en las protestas poselectorales, al Centro Penitenciario de Carabobo (Tocuyito) y al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), ubicados en Carabobo y Aragua, respectivamente.
A través de un comunicado, el organismo detalló que el domingo 25 de agosto, según la versión de los familiares, un grupo de detenidos fueron ingresadas al Internado Judicial Capital Yare III (estado Miranda), donde presuntamente les raparon el cabello y los uniformaron con franelas y pantalones azules.
El OVP también documentó que el lunes 27 de agosto se reportaron traslados desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco, en el estado Zulia, y desde el Dirección de Investigaciones Penales de la PNB, en Barinas, hacia las cárceles de Tocorón y Tocuyito. En todos los casos las autoridades les negaron información a los familiares sobre cuál era el nuevo destino de reclusión de los presos.
Otros traslados que contabilizó el OVP fueron desde los estados Nueva Esparta, Táchira y Apure, el viernes 30 de agosto.
OVP denunció falta de chequeos físicos y psicológicos
Tras estos traslados, el OVP denunció que los familiares y abogados privados no han podido comunicarse con los detenidos, quienes tampoco han sido sometidos a ningún tipo de chequeo físico y psicológico para determinar su estado de salud, especialmente aquellos con alguna discapacidad o enfermedades preexistentes.
Asimismo, el Observatorio Venezolano de Prisiones expresó su preocupación porque los traslados se llevaron a cabo con muchas irregularidades, ya que los familiares no fueron debidamente informados y se enteraron cuando le llevaban comida a los detenidos en las comandancias policiales.
Ante esto, el OVP afirmó que se mantiene alerta ante estos hechos que violentan las garantías judiciales y los derechos humanos para informar al sistema internacional e interamericano de protección de los DD HH.
