- Los firmantes piden a la ciudadanía no decaer en la búsqueda de la libertad y la democracia
Más de 200 activistas venezolanos de diferentes sectores de la sociedad civil presentaron el 9 de septiembre a la opinión pública la “Proclama de Unión a la Nación Venezolana”, documento en el que exigen la recuperación de la democracia en el país, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los firmantes, a través de este recurso, hicieron un llamado a la “unidad superior de la nación” en relación con el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana.
Elías Pino Iturrieta, historiador y profesor universitario, señaló que la carta es una contribución para la unión de la ciudadanía venezolana en defensa de la democracia en Venezuela. “El documento fortalece la organización que, por fortuna, está en manos de la sociedad venezolana que está dispuesta a recuperar y respetar la soberanía popular”, dijo Pino a los medios de comunicación.
Sairam Rivas, defensora de los derechos humanos, expuso la importancia de construir una fuerza social que permita la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Según Rivas, esta fuerza debe estar sustentada en la unión de distintos sectores sociales e ideológicos, lo que fortalecería la lucha por los derechos y abriría caminos hacia la recuperación de la democracia en el país.
Corina Yoris, filósofa y académica, también suscribió el documento. Yoris indicó que solo a través de la unidad será posible “reconstruir el país y restablecer la República desaparecida”. La profesora destacó que las primarias fueron el punto de partida de este proceso y que, a su juicio, fue un evento que despertó la esperanza de manera única y épica.
“Desde entonces, la unidad ha ido en aumento. Este documento hace un llamado a todas las voluntades para preocuparse por el futuro de la nación y trabajar en conjunto para recuperarla. En estos momentos, la unión es esencial para evitar que la desesperanza prevalezca”, acotó Yoris.
Sobre la “Proclama de Unión a la Nación Venezolana”
La “Proclama de Unión a la Nación Venezolana” es un documento firmado por ciudadanos, representantes de diversas corrientes políticas e ideológicas y sectores de la sociedad civil. Su objetivo es promover la lucha por la democracia en Venezuela, haciendo un llamado a la unidad nacional.
“Manifestamos con profunda convicción humana y política que el miedo no logrará contener ni torcer la conciencia democrática que vive, crece y se expande en el alma de la Nación”, se puede leer en el documento compartido por los activistas en redes sociales.
La carta está dirigida a las instituciones públicas de Venezuela como el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fuerza Armada Nacional (FANB) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismos que, a juicio de los activistas, “no han cumplido con su deber constitucional”.
Los actores de la sociedad civil resaltan la necesidad de una “unidad superior” que trascienda las diferencias políticas y se enfoque en principios comunes para fortalecer la nación. También exhortan a mantener la protesta pacífica y constitucional como medio legítimo para expresar las demandas ciudadanas.
“El camino hacia la democracia exige la más amplia unidad de todos los sectores políticos, sociales y culturales del país. El reconocimiento de la voluntad expresada el 28 de julio podrá abrir puertas a una negociación que permitirá avanzar en la reinstitucionalización del país y hacia la paz que tanto anhelamos”, agrega el texto.
Situación poselectoral en Venezuela
Para el 9 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas electorales que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, como indica la normativa legal. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgó las actas que demostrarían que Edmundo González ganó por amplio margen.
En la página web estarían “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, lo que desató protestas en el país que dejaron, al menos, 1.793 presos políticos y 11 muertos para el 2 de septiembre, de acuerdo con la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal.
El Ministerio Público abrió una investigación y solicitó una orden de captura contra González por los delitos de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”, de acuerdo con las citaciones publicadas por el ente judicial en redes sociales debido a que se le responsabiliza por la “publicación de los resultados”. El 7 de septiembre se conoció que el opositor salió de Venezuela para exiliarse en España.