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- La organización documentó los casos de detenciones arbitrarias y selectivas en el país, así como las muertes de manifestantes tras las elecciones presidenciales
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el 17 de septiembre su último informe sobre el país, en el que precisó que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Estado intensificó el sistema de acoso y represión violenta contra personas opositores o percibidas como tales.
En el documento, la misión detalló los casos en los que se reportaron muertes durante las protestas poselectorales, detenciones arbitrarias, violaciones graves del debido proceso, desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y basada en género.
“La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”, se lee en el informe.
Sobre las muertes, la organización constató que de las 25 reportadas, 24 fueron causadas por armas de fuego y una por golpes, mientras que en torno a las detenciones arbitrarias, mencionó que aumentaron en el contexto de la campaña electoral y días posteriores al 28 de julio.
“El número de detenciones arbitrarias identificadas por la misión durante el periodo que cubre el informe fue significativamente superior al de años anteriores, siendo el mayor número registrado desde la crisis de 2019”, dice.
Detenciones selectivas
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también detalló en su investigación que tras las elecciones presidenciales, las autoridades realizaron varias detenciones selectivas contra dirigentes opositores y la sociedad civil, acciones “comparables” con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Asimismo, el organismo mencionó la detención de 158 adolescentes en el contexto de las manifestaciones postelectorales, todos acusados de delitos como terrorismo.
“En algunos de los casos registrados, las víctimas fueron niños y niñas detenidas con discapacidad. Aunque los detenidos fueron conducidos por lo general a centros de reinserción de adolescentes infractores, en algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. Esta falta de división en los centros de detención puso a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad. De acuerdo con información recibida por la misión, esta situación afectó sobre todo a las niñas que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”, denunció la misión en su documento.
La organización también documentó casos de personas que fueron detenidas sin haber participado en protestas, mientras que otras fueron capturados bajo la operación “Tun Tun”.
“Estas detenciones afectaron sobre todo a personas no necesariamente destacadas políticamente, pero que se decidieron a protestar en las calles o expresar su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, particularmente en las redes sociales. Asimismo, señalaron que la mayoría de las personas detenidas “provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno”, destacó la ONU.
En el caso de las detenciones selectivas previas a las elecciones presidenciales (entre diciembre de 2023 y marzo 2024), la misión de la ONU mencionó los casos relacionados a supuestas conspiraciones, denunciados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre ellos destacó el caso de la activista Rocío San Miguel, el exteniente Ronald Ojeda (asesinado en Chile) y los dirigentes del partido Vente Venezuela que se refugiaron en la Embajada de Argentina. Todos ellos fueron acusados de pertenecer a la operación denominada brazalete blanco.
Otros hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
La misión de la ONU documentó otros hallazgos en torno a la crisis política y sociales en Venezuela, como las violaciones “graves” al debido proceso, principalmente después de las elecciones, ya que, a juicio de la organización, “los procesos penales iniciados contra los centenares de personas detenidas incumplieron sistemáticamente garantías mínimas del debido proceso”.
Sumado a ello, denunciaron las desapariciones forzadas de corta duración, las condiciones de detención en las que se encontraban los presos políticos, así como actos considerados de violación sexual en los que se incluyen tocamientos en partes íntimas, principalmente de mujeres.
Recomendaciones de la misión
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recomendó a las autoridades de Venezuela investigar el uso “abusivo” de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estados, así como la participación de civiles armados actuando con la connivencia.
Asimismo, exigió que se acabe con las prácticas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, así como establecer condiciones de detención adecuadas, “teniendo en cuenta las necesidades y la situación concreta de cada persona privada de libertad”.
Por otro lado, instan al Estado adoptar medidas para garantizar que todas las personas, sin importar su identidad de género, “estén protegidas contra la violencia sexual y de género” durante una detención.
“(Se debe) asegurar que cualquier acto de violencia de este tipo, incluidas las requisas invasivas y la desnudez forzada, sea investigado y sancionado conforme a la ley”, recalcó.
En cuanto a la comunidad internacional, la misión recomienda mantener el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela e insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas.
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