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  • El abogado en derecho internacional Simón Gómez explicó que debe existir una captura en un país que forme parte del Estatuto de Roma de la CPI

Las órdenes de detención contra los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Venezuela, Nicolás Maduro, que la Justicia de sus respectivos países ha emitido de manera mutua tienen pocas posibilidades de prosperar a corto plazo. Sin embargo, de acuerdo con expertos, la medida contra el mandatario venezolano puede servir de “anticipación” al fundamentarse en presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Para que prosperen, deberá la persona ser puesta a disposición de los tribunales argentinos. Para eso tiene que haber una captura, entonces, es una anticipación a situaciones que son futuras y desconocidas”, explicó a la agencia de noticias EFE el abogado en Derecho Internacional Simón Gómez.

Precisó que una eventual detención contra Maduro en este momento “no es viable”, a menos que el mandatario viajara a un tercer país que forme parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), por el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía del alto tribunal y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en diciembre de 2004.

Nicolás Maduro
Foto: EFE/ Henry Chirinos

“La extradición que ha solicitado a las autoridades venezolanas parte de una orden de detención originaria de un Juzgado Federal argentino, que ha sido comunicada a Interpol. De modo que un tercer Estado en el que se encontrara (parte del Estatuto de Roma), estaría obligado a entregar a esa persona a la jurisdicción”, señaló el experto.

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La acusación contra Maduro

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a principio de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Esta acusación está basada en el principio de justicia universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de donde se hayan cometido.

En 2020, Estados Unidos presentó cargos por “narcoterrorismo” contra Maduro y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura. Posteriormente, funcionarios estadounidenses visitaron Venezuela para dialogar con el mandatario sobre diversos asuntos políticos de interés mutuo.

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Nicolás Maduro
Foto: EFE

El presidente del FADD, Waldo Wolff, dijo en conferencia de prensa que las detenciones de funcionarios venezolanos “no” se harán “inmediatamente y las posibilidades hoy son remotas, pero comienza a trazarse un camino”.

Mientras tanto, el abogado Simón Gómez señaló que la decisión del juzgado de Argentina guarda “completa relación” con la investigación de la Fiscalía de la CPI a Venezuela, pese a que el organismo internacional no investiga, de momento, a ningún funcionario venezolano, sino que sus pesquisas se centran en averiguar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.

La orden de detención contra Milei

La orden de detención contra el presidente Milei -explicó el abogado- no resulta posible que prospere debido a que en este caso no se trata de crímenes que eximen la inmunidad de un jefe de Estado.

“Venezuela puede solicitar la extradición en contravención, evidentemente, del derecho internacional, pero esa orden será desatendida tanto por los tribunales argentinos como por la Interpol”, añadió.

Javier Milei: Venezuela es un cementerio humano
Foto: TN Argentina

La Fiscalía de Venezuela solicitó a la Interpol una “alerta roja” contra Milei por robo agravado y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y que fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2024.

“Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, con base en un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada”, expresó el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, el 24 de septiembre.

El abogado Simón Gómez sostuvo que lo principal en este caso es “lo infundado de la acusación”, porque la situación con el avión venezolano-iraní no es atribuible al poder Ejecutivo, sino al Judicial.

Con información de EFE.

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