- Familiares aseguraron que profesores han mostrado su disposición de trasladarse hasta las cárceles para poder dar clases a los jóvenes | Foto: EFE
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los familiares de los adolescentes detenidos en el contexto postelectoral no han recibido autorización para que los jóvenes puedan recibir clases dentro de los centros de reclusión, pese a las diligencias que han realizado para que estos no se atrasen en sus estudios.
El OVP mencionó que los representantes de los adolescentes contaron que los menores de edad han expresado su preocupación por no poder asistir a clases. La organización precisó, en una nota de prensa publicada el 6 de noviembre, que muchos ya estaban inscritos en colegios.
“Los profesores nos dicen que nos van a apoyar, pero es una de sus preocupaciones. Me dice: ‘Mamá, estoy perdiendo muchas clases. Me voy a atrasar’. Yo siempre le he dicho que estudie porque es lo que pobremente uno le puede dejar, pero que estudie y aprenda bien”, relató una de las madres de uno de los adolescentes detenidos en Caracas.
El OVP destacó que varios familiares de los jóvenes detenidos han revelado que algunos profesores han manifestado su voluntad de apoyar con la educación de los adolescentes cuando se concreten las autorizaciones por parte de las autoridades.
“Los profesores me dijeron que contamos con ellos, que cuando los autoricen le envían las guías a mi hijo; o si es necesario se trasladan hasta donde está preso para ayudarlo y darle clases. Esperamos por la autorización del sitio donde está privado de su libertad”, contó otra madre en Caracas.
Una situación que traspasó regiones
La falta de acceso a la educación en los adolescentes detenidos en las protestas poselectorales también se presenta en otros estados del país. En Lara los familiares han realizado diversos trámites para que sus hijos puedan recibir clases en prisión.
El OVP reseñó el caso de dos jóvenes que habían sido asignados para una escuela de Ingeniería Civil y Fisioterapia, pero que no han podido iniciar por estar en prisión.
Frente a estas situaciones, la organización exigió al gobierno la libertad sin restricciones de los adolescentes y demás personas detenidas de forma arbitraria, además de respetar el derecho a la educación para que los jóvenes puedan seguir estudiando.
“Eso hace un Estado respetuoso, pero aquí se aplica más la sanción como un castigo”, expresó Humberto Prado, director del OVP, en el comunicado.
Qué dice la ley
De acuerdo con Prado, los niños, niñas y adolescentes privados de libertad tienen derecho a la educación, por lo que es “obligación del Estado” hacer los esfuerzos para que los detenidos puedan recibir esta atención plenamente.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece en su artículo 53 que: todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia. Aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.
“El deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal”, resaltó Prado.
Por su parte, la Constitución Internacional sobre los Derechos del Niño destaca en su artículo 40 la importancia de que los menores de edad privados de libertad cuenten con programas de enseñanza y formación profesional.
