- La organización rechazó la citación que envió el CICPC al coordinador general de la ONG, Óscar Murillo | Foto: www.amnesty.org
Amnistía Internacional exigió al presidente Nicolás Maduro “frenar el acoso” contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), luego de que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a Óscar Murillo, actual coordinador general de la organización.
“Su contribución histórica a los derechos humanos en el país no puede ser castigada ni silenciada”, escribió la organización en su cuenta de X.
En la publicación, Amnistía Internacional compartió un documento en el que hizo un llamado para que “cesen de inmediato” las represalias y amenazas contra Provea, sus miembros y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela.
¿Qué se sabe de la solicitud del CICPC?
Provea alertó el 19 de noviembre que el CICPC citó a Murillo para el 20 de noviembre para declarar, por una investigación por un presunto delito que figura en la Ley Contra el Odio.
En una publicación en su cuenta de X, la organización precisó que la citación no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación que realiza el cuerpo policial, ni la cualidad procesal bajo la que deberá comparecer su coordinador.
“Esta situación se produce en medio de una escala de abusos registrada tras las elecciones del 28 de julio y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista social Edwin Santos”, escribió Provea.
En el comunicado, la organización citó las advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los ataques de “altas autoridades” que enfrenta Provea, por lo que, en abril de 2024, se le ha extendió medidas cautelares de protección a todo el equipo, debido a la “continuidad e intensificación del riesgo para la ONG frente a la persecución en Venezuela”.
“Reafirmamos nuestro mandato de acompañar a las víctimas (de violación de DD HH) y documentar abusos. Defender los derechos humanos no es un delito. Pese a las amenazas, continuaremos exigiendo justicia y preservando la memoria histórica de las víctimas de violaciones en el país”, agregó Provea en la publicación.
El caso de Edwin Santos
El 24 de octubre, Provea denunció la desaparición de Santos, quien habría sido detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la tarde del 23 de octubre, de acuerdo con testigos. Según la denuncia, el colaborador del vicariato fue trasladado en una camioneta.
Posteriormente, el 25 de octubre, el partido Voluntad Popular confirmó la muerte de Edwin Santos, dirigente social de El Nula y miembro de esa tolda, e informó que su cuerpo fue encontrado en el puente que comunica a Táchira y Apure.
El exgobernador del estado Táchira César Pérez Vivas y varios dirigentes de Voluntad Popular informaron sobre la muerte de Santos, quien era colaborador del vicariato parroquial de San Camilo, municipio Páez del estado Apure.
Tras estos hechos, Provea exigió a las autoridades venezolanas que realizaran una investigación en torno a los ocurrido. Sin embargo, el director del CICPC, Douglas Rico, emitió un comunicado el 25 de octubre, en el que aseguró que Santos murió producto de un accidente de tránsito. El funcionario detalló que el siniestro ocurrió mientras el dirigente se desplazaba en una moto.