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- Entre enero y diciembre, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela documentó 14 detenciones de periodistas, 11 de ellos siguen presos
El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) presentó el 10 de diciembre el Balance Autocensura, huida o cárcel: en 2024 arreció la persecución contra la prensa, para dar a conocer que entre enero y diciembre del presente año se documentaron 380 incidentes que vulneraron el ejercicio del periodismo y la libertad informativa durante el año.
“En Venezuela, los periodistas enfrentan una hostilidad creciente que refleja el deterioro de las libertades fundamentales en el país. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el ejercicio del periodismo ha estado signado por el recrudecimiento de los patrones de agresión contra la prensa independiente”, señaló el informe en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El balance agregó que las violaciones de derechos humanos, entre ellos, la libertad de expresión y el derecho a la información, han sido tan graves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han calificado la situación como “terrorismo de Estado”.
Día Internacional de los Derechos Humanos
Se conmemora cada 10 de diciembre por la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
Este año se conmemora bajo el lema “Nuestros derechos, nuestro futuro ¡Ya!”, con el objetivo de destacar la necesidad de tomar medidas para salvaguardar el derecho a informar y ser informado.
De enero a diciembre, IPYS Venezuela reportó un total de 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas entre los 380 casos documentados que afectaron a 260 trabajadores de medios.
De esta cifra, 155 son hombres y 118 mujeres. Además, IPYS Venezuela identificó como las principales víctimas a 168 trabajadores de la prensa, 16 directivos de medios, 15 camarógrafos, 15 reporteros gráficos y 14 locutores.
Agresiones contra la libertad de expresión
El informe también detalla cómo las agresiones contra la libertad de expresión alcanzaron a 109 medios de comunicación, así como a 14 organizaciones de la sociedad civil y 9 plataformas digitales.
Entre los incidentes graves se registraron deportaciones de corresponsales extranjeros; 11 periodistas fueron deportados al intentar ingresar al país, lo que señalan como evidencia de un intento sistemático por limitar la cobertura periodística independiente durante el proceso electoral.
Entre los otros patrones de agresión destacaron 14 detenciones arbitrarias contra reporteros y desplazamientos forzados de 27 periodistas.
Con respecto a las estrategias para restringir los espacios de información digital, indicaron que 39 casos fue por bloqueos a los sitios web, 20 cierres de estaciones radiales por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Los cierres de emisoras de radio se dieron en los estados Lara (4), Portuguesa (3), Zulia (3), Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Falcón (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1).
También registraron 150 actos de amedrentamiento, seguidos por 96 discursos estigmatizantes contra los comunicadores en el país.
Los victimarios por parte del Estado estuvieron encabezados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con 23, Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 19, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República, cada uno con 18 incidentes.
El IPYS Venezuela señaló que estos órganos del Estado actuaron como agentes frecuentes de intimidación y censura para coartar el acceso a la información.
Detenciones de periodistas
La detención arbitraria de periodistas se convirtió en uno de los mecanismos más preocupantes para el silenciamiento de la prensa en Venezuela durante el año 2024, de acuerdo con el balance de IPYS Venezuela.
Entre enero y el 10 de diciembre de 2024, documentaron el arresto de 14 periodistas, de los cuales 11 permanecen en prisión. La mayoría de estas detenciones (11) se produjeron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los datos del informe revelaron que entre el 29 de julio y el 28 de agosto, funcionarios de seguridad del Estado llevaron a cabo una serie de detenciones arbitrarias en contra de Yousnel Alvarado, reportero gráfico; Paúl León, camarógrafo; Deysi Peña, reportera gráfica; Fernando Chuecos, reportero gráfico; Roland Carreño y José Camero, ambos periodistas y dirigentes políticos; así como las comunicadoras Ana Carolina Guaita y Carmela Longo.
Seis de las detenciones registradas estuvieron directamente relacionadas con la cobertura informativa o difusión de protestas ciudadanas que surgieron tras los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Otro caso que refiere el balance de IPYS Venezuela fue el arresto del editor del estado Bolívar Gilberto Reina, tras publicar en su cuenta de redes sociales un video en el que invitaba a participar en la concentración opositora convocada para el 17 de agosto.
Reina fue excarcelado el 16 de noviembre tras permanecer tres meses recluido en el Penal de Tocuyito.
IPYS Venezuela agregó que se les ha negado a los periodistas detenidos el acceso a la defensa privada. Además, nueve comunicadores fueron presentados ante tribunales con competencia en materia de terrorismo, y les imputaron delitos como incitación al odio.
“Estas acciones generan miedo en las víctimas y sus familias, quienes con frecuencia se abstienen de denunciar por temor a que sus parientes bajo arresto sean objeto de otros agravios, lo que limita la documentación de estas vulneraciones a sus derechos”, se lee en el balance del IPYS Venezuela.
Desplazamientos forzados
IPYS Venezuela documentó 27 desplazamientos forzados durante el año 2024. Los periodistas afectados se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia con el fin de salvaguardar su libertad e integridad personal.
Este fenómeno, que se presenta como un patrón por primera vez en este año, ocurre en un contexto marcado por la criminalización del trabajo periodístico, amenazas constantes y un discurso estigmatizante promovido por altos funcionarios del gobierno, de acuerdo con la organización.
De los 27 periodistas desplazados, 22 lo hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Las razones detrás de estos desplazamientos incluyen ser víctimas de amenazas o ataques físicos y verbales (11), recibir información sobre órdenes de detención en su contra (6) y advertencias sobre posibles detenciones (5).
Los mecanismos utilizados para la criminalización y persecución contra la prensa incluyen listas difundidas por simpatizantes del oficialismo que señalaban a periodistas como objetivos potenciales para detenciones. Estas listas iban acompañadas de imágenes y videos donde los reporteros eran etiquetados como “fascistas” bajo la frase “se busca”.
Un caso mencionado en el balance es el del periodista Luis Gonzalo Pérez, quien cubrió la gira electoral de la opositora María Corina Machado. Pérez anunció el 19 de septiembre su decisión de abandonar el país debido a la persecución y amenazas recibidas tras informar sobre manifestaciones el 29 de julio.
Hostigamiento judicial contra la prensa
De enero a diciembre, el IPYS Venezuela también registró un total de 32 agresiones en la categoría de hostigamiento judicial, que incluyen 17 procesos civiles o penales contra profesionales del periodismo y medios, así como 15 amenazas de acciones legales o administrativas.
Entre las acciones señaladas se encuentran las investigaciones y órdenes de captura anunciadas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dirigidas a periodistas acusados de estar involucrados en conspiraciones o actos de extorsión.
Los comunicadores afectados por estas medidas incluyen a Sebastiana Barráez, Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Claudia Macero y Orlando Avendaño.
El IPYS Venezuela asegura que este tipo de hostigamiento judicial no solo afecta a los individuos directamente implicados, sino que también crea un clima generalizado de miedo entre los profesionales del periodismo.
Para la organización, el contexto legislativo en Venezuela con la creación de instrumentos legales que limitan las libertades informativas ha permitido el aumento de casos de agresiones judiciales.
Uno de los ejemplos señalados es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 29 de noviembre.
Esta ley incluye disposiciones imprecisas que pueden acarrear sanciones para medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que difunda mensajes considerados como promoción de sanciones internacionales.
Otro instrumento legal que califican de preocupante es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sin Fines de Lucro, aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de agosto.
La legislación impone requisitos restrictivos sobre el funcionamiento de las organizaciones civiles. Esto podría afectar gravemente la libertad de asociación y limitar las actividades relacionadas con derechos humanos que realizan muchas ONG en el país.
Adicionalmente, mencionaron el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional el 2 de abril.
El proyecto establece penas de prisión hasta de 12 años, inhabilitaciones políticas y disolución de organizaciones sociales. La vaguedad en las definiciones utilizadas para términos como “fascismo” y “neofascismo” plantea interrogantes sobre su posible aplicación arbitraria contra medios y comunicadores, de acuerdo con IPYS Venezuela.
Bloqueos digitales
El IPYS Venezuela resaltó el aumento de bloqueos de sitios web de medios de comunicación durante el año 2024. En ese sentido, especificó que los principales proveedores de Internet en el país restringieron el acceso a 39 portales informativos.
De acuerdo con el reporte de derechos digitales 2023 de IPYS Venezuela, titulado Algoritmos del Silencio, se registraron tres bloqueos a medios de comunicación durante ese año, lo que se suma a un total de 43 sitios web que permanecen con restricciones de acceso en el país.
De los bloqueos reportados entre enero y el 10 de diciembre de 2024, un 86,15 % ocurrió a partir del 4 de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales.
Durante este periodo electoral, que se extendió hasta el 25 de julio, se documentaron 12 restricciones que afectaron a diversos medios de comunicación como TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrun.es.
Además, organizaciones dedicadas a la verificación y difusión de información como EsPaja, IPYS Venezuela, Cazadores de Fake News, Observatorio Venezolano de Fake News, Espacio Público, Medianálisis y Ve sin Filtro también sufrieron bloqueos.
El IPYS Venezuela también refirió el caso de la suspensión de la red social X desde el 8 de agosto, como parte de los objetivos de limitar la información para los venezolanos.
Recomendaciones de IPYS Venezuela
La situación de la prensa en Venezuela preocupa al IPYS Venezuela debido al aumento en los ataques contra los medios de comunicación y periodistas en 2024. No obstante, señalaron que a pesar del contexto y los desafíos se sigue realizando la labor de informar en el país.
Frente a esto, la organización propuso una serie de líneas de acción que pueden ayudar a fortalecer el ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión:
-Defensa irrenunciable de los derechos humanos: mantener las exigencias de respeto y protección a la libertad de expresión y al derecho a la información pública. Ante la represión estatal, recomiendan reforzar las denuncias ante organismos internacionales.
-Acompañamiento social al periodismo: el IPYS Venezuela señala que los medios y periodistas necesitan el apoyo activo de la sociedad civil. Por esto proponen crear uniones con organizaciones dedicadas a promover la libertad de expresión.
-Espacios para el diálogo: los medios deben fomentar espacios reflexivos sobre las mejores prácticas para ejercer el periodismo ético y responsable. En este punto, la organización también señala la necesidad de mantener la rigurosidad en la verificación de datos para legitimar el trabajo periodístico.
-Formación en derechos humanos: las organizaciones civiles, académicas y gremiales deben contribuir a fortalecer la formación permanente en derechos humanos para los trabajadores de prensa.
-Protección de acuerdo a las necesidades: IPYS Venezuela destaca que es necesario identificar los riesgos que contemple variables como género, condición laboral y ubicación geográfica en el ejercicio del periodismo.
-Seguridad integral para periodistas: los periodistas deben aprender a cuidarse mutuamente e identificar vulnerabilidades personales, así como estar atentos a las leyes restrictivas que afectan su labor.
-Estrategias contra la censura: la organización resaltó que el periodismo colaborativo con apoyo internacional ha demostrado ser eficaz frente al cerco informativo. Por eso, plantean fortalecer alianzas entre medios y periodistas para contrarrestar la desinformación.
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