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- La cifra de activistas detenidos en el país aumentó durante el año tras el arresto de seis defensores de derechos humanos
La organización no gubernamental (ONG) Provea presentó el 11 de diciembre un informe elaborado por Odevida Venezuela titulado Persecución y criminalización a defensores de derechos humanos y cerco a la sociedad civil. Este documento detalla los casos de violaciones a los derechos humanos registrados desde enero hasta principios de diciembre de 2024.
El informe documentó un total de 122 casos, que incluyen a 110 defensores de derechos humanos como activistas, abogados, periodistas, sindicalistas, líderes indígenas y ambientalistas. Además, se mencionan 12 organizaciones de derechos humanos que han sido objeto de amenazas, hostigamiento y estigmatización.
Entre estas organizaciones se encuentran:
– Amnistía Internacional
– Provea
– Espacio Público
– Acceso a la Justicia
– Foro Penal
– Transparencia Venezuela
– Control Ciudadano
– Fundaredes
– Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)
– Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela)
– Un Mundo Sin Mordaza.
El balance de Odevida además señaló que la situación para las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en Venezuela empeoró desde enero de 2024. De acuerdo con el material recabado por la ONG, el Estado venezolano intensificó su política de criminalización y represión contra estos grupos.
“Para Odevida, la situación en que desarrollan sus actividades las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en Venezuela durante 2024 se ha agravado debido a que el Estado venezolano y sus autoridades han radicalizado la política de criminalización, represión y control social”, se indica en el texto compartido por Provea.
Patrones de represión
El documento de Odevida también detalló las agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias que afectan a sectores disidentes y especialmente a los activistas del movimiento de derechos humanos.
Entre enero y diciembre de 2024, la ONG registró diversos casos de violaciones al derecho a la vida e integridad personal, así como restricciones a la libertad personal y a las libertades de reunión pacífica y asociación.
Esta información fue recopilada a partir de diversas fuentes públicas y privadas, informes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como investigaciones propias, de acuerdo con Provea.
Odevida destacó que seis defensores de derechos humanos permanecen detenidos arbitrariamente bajo procesos judiciales que vulneran el derecho al debido proceso. Estos activistas enfrentan acusaciones por delitos graves como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio.
“Nunca antes en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos; esto es una señal alarmante para la comunidad nacional e internacional”, subrayó el informe.
En cuanto a los patrones de represión identificados en el informe, Odevida reportó los siguientes:
– 22 detenciones arbitrarias
– 67 casos de amenazas u hostigamientos
– Un asesinato
– 20 pasaportes anulados.
En lo que respecta a las 12 organizaciones mencionadas anteriormente, Odevida indicó que todas fueron afectadas por un patrón sistemático de criminalización y estigmatización perpetrado por funcionarios públicos con altos cargos en diferentes organismos estatales.
Detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos
De acuerdo con la ONG, la lista de detenidos se amplió con la inclusión de seis nuevos defensores:
– Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, detenida el 11 de febrero
– Carlos Julio Rojas, periodista y activista comunitario, el 15 de abril
– Edward Ocariz, activista del Comité de Derechos Humanos de Coche, arrestado el 2 de agosto
– Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal-Carabobo, también apresado el 2 de agosto
– Henry Gómez Fernández, abogado y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Amazonas, el 17 de agosto
– Yendri Omar Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, el 3 de agosto.
Odevida acotó que hasta diciembre de 2024, solo Yendri Omar Velásquez recuperó su libertad tras ser liberado al día siguiente de su detención por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Chacao, Caracas.
El informe agregó que los demás defensores continúan privados de libertad sin orden judicial y sin “justificación clara” para sus arrestos.
“Todos han sido presentados ante tribunales con competencia en terrorismo y enfrentan acusaciones graves que incluyen traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir. En particular, Carlos Julio Rojas enfrenta cargos por magnicidio en grado de tentativa”, registró Odevida.
Aumento de las amenazas contra activistas
Odevida reportó un aumento en las amenazas e intimidaciones dirigidas a organizaciones y defensores de derechos humanos. Específicamente durante 2024 registraron 67 casos que, de acuerdo con los datos que manejan, evidencian un patrón sistemático destinado a silenciar a quienes defienden y promueven los derechos fundamentales en el país.
La ONG resaltó que organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han sido objeto recientemente de amenazas e intimidaciones por parte funcionarios del servicio penitenciario en diversas prisiones del país.
Otra táctica utilizada para reprimir el trabajo de los defensores es la anulación arbitraria de pasaportes por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que ha impedido que muchos viajen al exterior para participar en actividades relacionadas con organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este apartado, Odevida documentó 20 casos ocurridos durante 2024 relacionados con esta práctica restrictiva.
Uno de los casos que señalaron es el del coordinador Yendri Omar Velásquez, quien no pudo viajar a Ginebra para participar en el 113º Periodo de Sesiones del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación ante la ONU.
Medidas cautelares de la CIDH
Provea resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en diversas oportunidades el incremento de las amenazas contra activistas en sus informes por lo que ha dictado medidas cautelares en la mayoría de los casos.
La CIDH emitió 22 medidas cautelares durante el año pasado. De estas, tres beneficiaron a 31 defensores de derechos humanos, mientras que las restantes se dirigieron a disidentes políticos vinculados a sectores opositores.
En abril de 2024, la organización aprobó la Resolución No. 26/24 MC 438-15 a favor de Provea y a 16 integrantes destacados como Oscar Murillo y Lissette González.
Asimismo, en noviembre del mismo año, el Foro Penal recibió medidas cautelares para proteger a su organización y a catorce miembros clave. Entre ellos se encuentran Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé.
También se otorgó protección al abogado penalista Joel Antonio García Hernández.
Violación al derecho a la vida de defensores de derechos humanos
De acuerdo con los datos recabados por Odevida, a principios de septiembre el indígena Ye´kwana Joaquín Hernández fue asesinado de manera violenta por grupos armados externos vinculados a la minería ilegal.
Odevida aseguró que Hernández, quien era miembro de la comunidad de Tencua y parte de los guardianes territoriales Ayukuweni en el Alto Ventuari, municipio Manapiare del estado Amazonas, había sido amenazado previamente por mineros mientras se encontraba en la comunidad de Adajameña.
Con respecto a este caso, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) alertó sobre los peligros y amenazas que enfrenta la comunidad debido a la presencia minera. Por lo que las organizaciones indígenas, especialmente los guardianes territoriales Ayukuweni, solicitaron protección al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de Amazonas.
También reseñaron el asesinato de un defensor de derechos humanos en Venezuela en junio de 2022: Virgilio Trujillo Arana, guardián del ambiente y el territorio quien murió en manos de grupos armados no identificados en el estado Amazonas.
De acuerdo con Provea, entre 2011 y 2023 se registraron 68 asesinatos de indígenas pertenecientes a diversos pueblos como Pemón, Warao, Jivi, Yukpa, Yanomami, Piaroa, Wayúu, Ye’kwana, Kurripako, Puinave y Baniva.
La mayoría de estos crímenes han ocurrido en territorios indígenas bajo control militar o disputados por grupos criminales.
Odevida también señaló la preocupación ante la reciente publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Para la ONG, esta legislación atenta contra el principio constitucional que establece el derecho a asociarse para participar en la vida política, civil y comunitaria del país.
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