Mercedes De Freitas, directora de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, anunció el jueves 13 de marzo que la organización cesó sus operaciones en el país desde diciembre de 2024, por lo que trabajará desde el exilio a partir de este mes.
“Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las organizaciones civiles independientes”, fue parte del discurso que De Freitas compartió desde la secretaría de Transparency International en Berlín (Alemania).
*La persecución no los hará menos corruptos.**
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 13, 2025
Vamos a seguir porque no pueden quedar impunes. Hoy abre Transparencia Venezuela en el exilio. #TransparenciaVenezuela pic.twitter.com/Ecgq7560tZ
La directora de la ONG explicó que Transparency International seguirá con atención lo que ocurra dentro y fuera de Venezuela, especialmente los que estén relacionados con hechos de corrupción y desfalcos a la nación.
Sobre esto, De Freitas añadió que actualmente hay más de 30 países que investigan a los presuntos responsables de la “red de corrupción” transnacional y el desvío del dinero público de Venezuela.
“Mi compromiso sigue intacto. Seguimos porque los responsables de esta gran corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”, acotó.
Por su parte, François Valérian, presidente de Transparency International, compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Transparencia Venezuela en el exilio y reiteró el compromiso que mantienen con los venezolanos.
Detenciones a activistas
Mercedes De Freitas también señaló la amenaza constante por parte del Estado hacia los activistas y defensores de los derechos humanos, específicamente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
La directora de la ONG puso como ejemplo la detención de Rocío San Miguel, presidenta la ONG Control Ciudadano, quien fue encarcelada en febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por estar presuntamente vinculada con una trama de conspiración y formar parte del supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro llamado Brazalete Blanco.
Sumado a esto, la activista mencionó como “arbitrarias” las detenciones de Nélida Sánchez, Jesús Armas y William Dávila y criticó que las autoridades los mantengan incomunicados.
“Vivimos bajo la amenaza constante de una cúpula que instrumentaliza el sistema de justicia para proteger el abuso, la corrupción, las economías ilícitas; para mantenerse en el poder y garantizar su impunidad”, afirmó.
Informes recientes de Transparencia Venezuela
Mercedes De Freitas también habló sobre la corrupción en el país. En este sentido, indicó que la ONG estima que en Venezuela se han sustraído al menos 72,3 millones de dólares.
Calificó la cifra de “conservadora”, debido a que se refiere solo al 60 % de los 173 casos que procesan los sistemas de justicia de 30 países. Según la activista, esa cantidad representa siete veces las reservas internacionales venezolanas calculadas a finales de 2024 por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 10,19 millones de dólares.
De acuerdo con los números de Transparencia Venezuela, hasta finales de 2024 hay más de 3.000 empresas vinculadas a este desfalco, creadas en al menos 73 países. También identificaron 510 casos de corrupción en los que hay 977 personas investigadas, entre ellas, 446 funcionarios y 327 empresarios, además de 33 banqueros. 45 personas están prófugas de la justicia.
A juicio de De Freitas, en Venezuela no hay información oficial sobre las economías ilícitas como narcotráfico, explotación ilegal de minerales ni sobre trata de personas, contrabando o extorsión.
Como ejemplo, citó que las más recientes estimaciones de la organización, muestran que al menos 5,3 millones de dólares se habrían quedado a cargo de presuntas redes de extracción ilícita de oro en 2024.
